- La Ley General Penitenciaria orienta el sistema de prisiones a la reeducación y reinserción, garantizando derechos fundamentales de los internos.
- Regula tipos de establecimientos, régimen de vida, trabajo, asistencia sanitaria, disciplina, permisos y comunicaciones en prisión.
- Establece un tratamiento individualizado con clasificación por grados, controlado por equipos técnicos y supervisado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
- Prevé asistencia pospenitenciaria y límites claros al uso de sanciones y medios coercitivos, reforzando el control judicial y las garantías.
La Ley Orgánica General Penitenciaria es, dicho claro y rápido, la columna vertebral del sistema de prisiones en España. A partir de ella se organiza todo: qué tipos de centros existen, cómo debe ser el trato a las personas internas, qué papel tiene el trabajo en prisión, cómo se controla la disciplina, quién vigila a la propia Administración penitenciaria y qué pasa cuando alguien sale de la cárcel.
Esta norma se aprobó en 1979, en pleno proceso de cambio político, y supuso un giro enorme: se pasó de entender la prisión casi solo como castigo a verla como un instrumento para la reeducación y la reinserción social de los penados. A partir de ese enfoque se despliega todo un sistema de derechos, deberes, tratamientos, clasificación por grados y garantías judiciales que siguen siendo hoy la base del derecho penitenciario español.
Finalidad de la Ley General Penitenciaria y principios básicos
La ley arranca dejando claro que las instituciones penitenciarias tienen dos grandes cometidos: por un lado, la reeducación y reinserción de quienes cumplen penas privativas de libertad; por otro, la retención y custodia de detenidos, presos y penados, junto con una función de asistencia y ayuda tanto para internos como para liberados.
Todo el que está en prisión, ya sea en prisión preventiva o cumpliendo condena, queda sometido a una actividad penitenciaria que debe desarrollarse siempre dentro de los límites marcados por la Ley, los reglamentos y las sentencias. Es decir, la Administración no puede improvisar: está encorsetada por normas y controlada judicialmente.
Uno de los pilares esenciales es el respeto escrupuloso a la dignidad y a los derechos no afectados por la condena. No se pueden introducir diferencias de trato por motivos de raza, ideología, religión, origen social u otras circunstancias análogas. A partir de ahí, la ley concreta varias consecuencias prácticas: el interno conserva sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales —incluido el derecho de voto— siempre que no choquen con la finalidad de la medida; se protege la continuidad de las prestaciones de la Seguridad Social; se asegura que puedan seguir sus procedimientos judiciales; se tutela su vida, integridad y salud; y se reconoce a cada interno el derecho a ser designado por su propio nombre.
Eso sí, junto a los derechos también hay deberes. Los internos deben permanecer a disposición de la autoridad judicial hasta su excarcelación, respetar las normas internas del centro, cumplir las sanciones disciplinarias que se les impongan con las garantías legales y guardar un trato correcto tanto hacia el personal penitenciario como hacia otros internos. Además, se fomenta que participen activamente en su propio tratamiento, usando técnicas y métodos adaptados a cada persona.
En el caso de la prisión preventiva, la ley subraya que su único objetivo es asegurar la presencia del interno a disposición del juez, y que el régimen debe estar presidido en todo momento por el principio de presunción de inocencia. Y se fija una línea roja absoluta: ningún interno puede ser sometido a malos tratos, ni físicos ni verbales, por parte del personal.
Clases de establecimientos penitenciarios y medios materiales
La Ley General Penitenciaria distingue tres grandes bloques de centros: establecimientos de preventivos, de cumplimiento y especiales. Cada uno tiene su función específica y su propio encaje dentro del sistema.
Los establecimientos de preventivos están pensados para detenidos y presos en situación provisional, aunque también se permite allí el cumplimiento de penas o medidas privativas de libertad cuando el tiempo pendiente no supere los seis meses. Puede haber más de un centro de este tipo por provincia y, cuando no existan centros separados para mujeres y jóvenes, se prevén departamentos independientes, completamente separados de los de hombres y con organización y régimen propios.
Los establecimientos de cumplimiento se destinan a la ejecución de las penas privativas de libertad de larga duración. Se organizan por sexos y se dividen en dos grandes tipos: régimen ordinario y régimen abierto. Los jóvenes —hasta 21 años, con posibilidad de permanencia hasta los 25 en casos justificados— deben cumplir separados de los adultos, ya sea en centros específicos o en módulos claramente diferenciados, con programas adaptados a su edad y necesidades.
Además, la ley prevé la existencia de establecimientos de régimen cerrado o departamentos especiales para penados considerados de peligrosidad extrema o que no se adaptan al régimen ordinario y abierto. Se exige siempre una resolución motivada basada en causas objetivas. En casos muy excepcionales, también se puede enviar a estos departamentos a internos preventivos, pero manteniéndolos totalmente separados de los penados. El rasgo característico de estos centros es la fuerte limitación de las actividades en común y un control y vigilancia reforzados, manteniendo la estancia solo mientras persistan las causas que justifican el ingreso.
Los establecimientos especiales son aquellos donde prima el componente asistencial. Aquí se incluyen los centros hospitalarios, los psiquiátricos y los de rehabilitación social para ejecutar determinadas medidas penales, todo ello conforme a la legislación específica en la materia. Su misión es ante todo sanitaria o rehabilitadora, más que puramente regimental.
En cuanto a la ubicación, la Administración penitenciaria debe procurar que cada área territorial disponga de un número suficiente de centros para cubrir las necesidades del servicio y evitar el desarraigo social de los penados. Incluso se recomienda no superar los 350 internos por unidad, buscando centros de tamaño medio que faciliten una vida organizada y una clasificación adecuada.
Los establecimientos, según la ley, tienen que contar con dormitorios individuales, enfermería, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas, talleres, patios, peluquería, cocina, comedor, locutorios, salas de visitas familiares y otros espacios que permitan desarrollar una vida colectiva ordenada y compatible con los fines de tratamiento. Además, la Administración debe dotarlos de medios materiales y personales suficientes para asegurar el mantenimiento y el buen funcionamiento de todos estos servicios.
Régimen penitenciario: ingresos, vida diaria, trabajo y salud
Cuando una persona entra en un centro penitenciario, el ingreso debe realizarse solo mediante mandamiento u orden de la autoridad competente, salvo el caso de presentación voluntaria, que se comunica de inmediato al juez para que decida lo procedente. En situaciones de estados de alarma, excepción o sitio, rigen las leyes especiales. Desde el primer momento se abre un expediente personal sobre la situación procesal y penitenciaria, y, en el caso de penados, se elabora un protocolo de personalidad.
Al admitirse a un interno, se verifica su identidad mediante reseña alfabética, huellas dactilares y fotografía, se registra el ingreso en el libro correspondiente y se abre el expediente personal, respecto del cual se reconoce un derecho de acceso con posibles limitaciones puntuales por seguridad o tratamiento. Se realiza un cacheo del interno y un registro de sus pertenencias, retirando los objetos no autorizados. También se adoptan medidas de higiene personal y se le entregan prendas de vestir adecuadas si las necesita.
El tratamiento de datos personales en el ámbito penitenciario se ajusta a la normativa específica de protección de datos en materia penal. Los datos especialmente sensibles solo pueden tratarse con el consentimiento del interesado o, en su defecto, cuando sea estrictamente necesario y con garantías suficientes. La finalidad última es la ejecución de la pena dentro del respeto al derecho fundamental a la protección de datos.
Una vez dentro, se aplica una estricta separación de internos atendiendo a sexo, edad, antecedentes, estado físico y mental, y, tratándose de penados, a las exigencias del tratamiento. Hombres y mujeres deben estar separados, salvo supuestos excepcionales reglados; detenidos y presos se separan de los condenados y también se diferencia entre primarios y reincidentes; jóvenes y adultos no conviven; las personas con enfermedades o discapacidades relevantes se apartan del régimen ordinario; y quienes están por delitos dolosos se separan de los inculpados por imprudencia.
La libertad de detenidos, presos o penados solo puede acordarla la autoridad competente. Si pasan 72 horas desde el ingreso de un detenido sin que llegue mandamiento u orden de prisión, el director del centro debe dejarlo en libertad. Para excarcelar a condenados se requiere la aprobación de la libertad definitiva por el tribunal sentenciador o la libertad condicional por el juez de vigilancia. Al salir, se entrega al liberado el saldo de su peculio, sus valores y efectos, un certificado del tiempo de privación de libertad y de la formación profesional adquirida, y, si no tiene medios, se le facilitan recursos básicos para llegar a su lugar de residencia y afrontar los primeros gastos.
En cuanto al alojamiento, la regla es que todos los internos dispongan de celda individual. Solo se puede recurrir a dependencias colectivascuando haya falta temporal de espacio o lo indique el médico o los equipos de observación y tratamiento, seleccionando cuidadosamente a quienes conviven juntos. Tanto los espacios de descanso como los de vida en común deben responder a exigencias de higiene, volumen de espacio, ventilación, agua, luz y calefacción, adaptadas al clima de la zona.
La Administración exige un mantenimiento riguroso de la higiene personal, facilitando gratuitamente los artículos y servicios de aseo diario. El interno tiene derecho a vestir su propia ropa si es adecuada, u optar por la del centro, que debe ser correcta, digna y adaptada al clima. Para salidas al exterior, el vestuario no debe delatar su condición de recluso, y si no dispone de ropa apropiada, el establecimiento se la proporciona.
Todo interno debe disponer de ropa de cama suficiente y de un mueble para sus pertenencias. La alimentación ha de estar controlada por el médico, bien preparada y ajustada a criterios dietéticos e higiénicos, teniendo en cuenta el estado de salud, el tipo de trabajo y, en la medida de lo posible, las convicciones filosóficas y religiosas. En condiciones normales, el acceso a agua potable debe ser constante.
Cuando el reglamento no permita que el interno conserve dinero, ropa u objetos de valor, estos se guardan en lugar seguro con el correspondiente resguardo o se envían a la persona designada por él. El director, a propuesta del médico, puede ordenar la destrucción por motivos de higiene de prendas o efectos contaminados, y también decide, junto con el médico y, en su caso, el propio interno, qué medicamentos puede tener consigo y cuáles deben quedar en la enfermería. Si se intervienen estupefacientes, se actúa según la legislación aplicable.
Los registros personales, cacheos, recuentos y requisas de instalaciones se realizan con las garantías, causas y periodicidad fijadas reglamentariamente, respetando siempre la dignidad de las personas. Se promueve la participación de los internos en actividades educativas, recreativas, religiosas, laborales, culturales y deportivas, incluso en servicios de alimentación, donde también se fomenta su implicación.
La ley permite que los internos compren por su cuenta ciertos productos de alimentación y consumo dentro de límites reglamentarios. Esta venta se gestiona directamente por la Administración o por empresas concesionarias, con un control de precios que impide que sean superiores a los de la localidad. Los propios internos participan en el control de la calidad y del precio de estos productos, reforzando así la transparencia y la responsabilidad compartida.
En todos los centros rige un horario que debe cumplirse con puntualidad. La distribución del tiempo ha de garantizar ocho horas de descanso nocturno y cubrir las necesidades físicas y espirituales, las sesiones de tratamiento y las actividades formativas, laborales y culturales. Se trata de estructurar el día a día de forma ordenada y compatible con el objetivo resocializador.
El trabajo ocupa un lugar central. Se concibe al mismo tiempo como derecho y deber del interno, y como pieza clave del tratamiento. No puede usarse como castigo, no puede atentar contra la dignidad y debe tener carácter formativo, creador o terapéutico, ayudando a adquirir o mantener hábitos laborales que sirvan para el trabajo en libertad. La Administración debe organizarlo atendiendo a las aptitudes y cualificación profesional de cada persona, sin perseguir fines meramente económicos y garantizando la protección propia de la Seguridad Social.
La ley enumera diversas modalidades de trabajo: formación profesional, estudio y formación académica, producción en régimen laboral o cooperativo, ocupaciones terapéuticas, servicios auxiliares internos y trabajos artesanales, intelectuales o artísticos. Todo trabajo directamente productivo será remunerado y debe desarrollarse con las mismas garantías de seguridad e higiene que en el mercado laboral libre.
Todos los penados están obligados a trabajar según sus capacidades físicas y mentales, con excepciones bien delimitadas: quienes estén en tratamiento médico por accidente o enfermedad, quienes sufran incapacidad permanente para cualquier trabajo, mayores de 65 años, personas que perciben prestaciones de jubilación, mujeres embarazadas durante un periodo protegido (con ampliaciones en caso de parto múltiple según la redacción actualizada de la norma) y quienes no puedan trabajar por fuerza mayor. Los internos preventivos pueden trabajar si lo desean, y la Administración debe facilitarles ocupación compatible con la seguridad y con sus garantías procesales.
La organización del trabajo productivo debe asegurar ocupación en días laborables con descanso semanal, jornada que no supere la máxima legal y horarios compatibles con el tratamiento. La retribución se ajusta al rendimiento, categoría profesional y tipo de actividad, y se estructura para que el interno pueda contribuir al sostenimiento de sus cargas familiares y demás obligaciones, disponiendo del sobrante en las condiciones reglamentarias. La remuneración solo puede embargarse en los mismos términos que el salario de cualquier trabajador en libertad.
Los internos, como trabajadores por cuenta ajena o socios de cooperativas, son titulares de sus derechos laborales o cooperativos y pueden defenderlos ante los órganos y tribunales competentes, tras los trámites administrativos o de conciliación que procedan. Los bienes, productos o servicios procedentes del trabajo de internos tienen prioridad en adjudicaciones públicas en igualdad de condiciones, y los liberados inscritos en la oficina de empleo en los 15 días siguientes a su excarcelación, que no reciban una oferta de trabajo adecuada, tienen derecho a la prestación por desempleo en los términos reglados.
En el plano sanitario, cada centro debe contar al menos con un médico general con conocimientos psiquiátricos, un ATS o personal de enfermería, servicios de odontología y el personal auxiliar preciso. Además de la atención interna, los internos pueden ser asistidos en centros hospitalarios penitenciarios o, en casos de urgencia o necesidad, en hospitales ajenos al sistema penitenciario. También se les permite, a su costa, recurrir a médicos externos, salvo que razones de seguridad aconsejen limitar este derecho.
Todos los establecimientos deben disponer de una enfermería con número suficiente de camas y material clínico, un espacio para observación psiquiátrica y atención a toxicómanos, y una unidad para enfermos contagiosos. En los centros o departamentos de mujeres debe existir una dependencia de obstetricia para atender embarazos y partos que no puedan derivarse a un hospital civil por urgencia, así como la atención postparto.
La ley reconoce a las internas la posibilidad de tener consigo a sus hijos pequeños hasta cierta edad (históricamente tres años, con matices introducidos por reformas posteriores) y ordena que existan locales de guardería y educación infantil, reforzando la relación materno-filial y el desarrollo del menor a pesar del contexto de privación de libertad. Además, se prevé un régimen de visitas específico para menores de hasta diez años que no conviven con la madre, sin restricciones en frecuencia ni intimidad, adaptando la duración y el horario a la organización del centro. A las mujeres se les deben proporcionar también los artículos de higiene íntima necesarios.
Los diagnósticos psiquiátricos que afectan a la situación penitenciaria de un interno deben emitirse por un equipo técnico formado por psiquiatra, médico forense y médico del establecimiento, con informe complementario del equipo de observación o tratamiento. La asistencia médica y sanitaria se garantiza mediante un reconocimiento inicial y las revisiones periódicas que marque la normativa.
Disciplina, recompensas, permisos y comunicaciones
El régimen disciplinario persigue dos metas básicas: garantizar la seguridad y asegurar una convivencia ordenada. Ningún interno puede desempeñar funciones que impliquen el ejercicio de potestad disciplinaria. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, y solo pueden sancionarse con las medidas expresamente previstas por la ley.
Las sanciones permitidas son: aislamiento en celda hasta 14 días, aislamiento de hasta siete fines de semana, privación de permisos de salida (máximo dos meses), limitación de comunicaciones orales al mínimo reglamentario durante un mes, privación de paseos y actos recreativos comunes (hasta un mes, siempre que no perjudique la salud) y amonestación. En caso de reincidencia la sanción puede incrementarse hasta la mitad de su máximo legal.
La sanción de aislamiento en celda solo cabe cuando el interno muestre una agresividad o violencia evidente, o altere reiterada y gravemente la convivencia. La celda de aislamiento debe tener características análogas al resto. Cuando se imponen varias sanciones a la vez, se procura que se cumplan simultáneamente; si no es posible, se ejecutan siguiendo el orden de gravedad, con un tope: en aislamiento en celda, nunca más de 42 días consecutivos ni más del triple de la duración de la sanción más grave.
El médico del establecimiento debe controlar diariamente el estado de los internos en aislamiento, informando al director y proponiendo la suspensión o modificación de la sanción si la salud física o mental lo exigen. La ley prohíbe aplicar esta sanción a mujeres embarazadas, durante los seis meses posteriores al parto, a madres lactantes y a quienes tengan hijos consigo en el centro. Además, la sanción se cumple, en principio, en la propia celda habitual; solo si la comparte con otros o por razones de seguridad y buen orden se le traslada a otra individual.
Las sanciones disciplinarias las impone un órgano colegiado cuya composición concreta fija el reglamento. Nadie puede ser sancionado sin ser informado de la infracción que se le atribuye y sin haber tenido oportunidad de defenderse, por escrito u oralmente. Si el interno recurre la sanción, la interposición del recurso suspende su ejecución, salvo en casos de indisciplina grave que no admitan demora. Los recursos contra el aislamiento en celda tienen tramitación urgente y preferente.
Además de las sanciones, la ley regula los medios coercitivos (por ejemplo, esposas u otros instrumentos de contención), que solo pueden utilizarse con autorización del director y en supuestos muy concretos: evitar evasiones o actos de violencia, impedir daños a personas o bienes o vencer la resistencia activa o pasiva a las órdenes del personal. Si por urgencia se emplean sin autorización previa, debe avisarse inmediatamente al director para que lo comunique al juez de vigilancia. El uso de estos medios se limita estrictamente al tiempo imprescindible para restablecer la normalidad, y se prohíbe a los funcionarios utilizar armas de fuego en sus funciones de vigilancia interior.
Frente al enfoque sancionador, la ley también contempla un sistema de recompensas para estimular la buena conducta, el espíritu de trabajo y la responsabilidad, tanto en el comportamiento personal como en las actividades del centro. El detalle de estas recompensas (por ejemplo, mejoras de régimen, reconocimiento, etc.) se deja al reglamento, pero la idea de fondo es premiar las actitudes positivas.
Los permisos de salida son otro eje clave del régimen. Se distinguen permisos extraordinarios y ordinarios. Los extraordinarios se conceden, con las medidas de seguridad adecuadas, en caso de fallecimiento o enfermedad grave de padres, cónyuge, hijos, hermanos u otras personas muy cercanas, en caso de parto de la esposa o por otros motivos importantes y justificados, salvo concurrencia de circunstancias excepcionales que lo impidan.
Los permisos ordinarios, de hasta siete días, pueden concederse como preparación para la vida en libertad a condenados clasificados en segundo o tercer grado, con un máximo anual de 36 días para los de segundo y 48 para los de tercero, siempre que hayan cumplido al menos una cuarta parte de la condena y mantengan buena conducta. Estos permisos exigen informe previo del equipo técnico del centro. En el caso de internos preventivos, también pueden autorizarse permisos, pero siempre con la aprobación expresa de la autoridad judicial competente.
En el terreno de la información y las quejas, la ley obliga a proporcionar a cada interno, en el momento de su ingreso, un documento escrito que explique el régimen del establecimiento, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los cauces para presentar peticiones, quejas y recursos. Si la persona no puede entender esa información por escrito, se le facilitará por otro medio adecuado, por ejemplo, verbalmente o con traducción.
Los internos pueden dirigir peticiones y quejas sobre tratamiento o régimen al director o su representante, para que adopte medidas o las remita a las autoridades competentes. Si lo hacen por escrito, pueden presentarlas en sobre cerrado, con recibo de presentación. Cuando interpongan recursos previstos en la ley, también han de presentarlos ante el director, que tiene la obligación de remitirlos a la autoridad judicial correspondiente y entregar al interno una copia sellada.
En cuanto a comunicaciones y visitas, la ley reconoce el derecho de los internos a comunicarse periódicamente, oralmente y por escrito, en su propia lengua, con familiares, amigos y representantes acreditados de organismos de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial. Se exige que estas comunicaciones respeten al máximo la intimidad y solo pueden restringirse por razones de seguridad, interés del tratamiento o buen orden del centro.
Las comunicaciones con el abogado defensor o con el llamado expresamente en relación con asuntos penales, así como con procuradores, se realizan en dependencias adecuadas y no pueden ser suspendidas ni intervenidas salvo por orden judicial y solo en supuestos de terrorismo. En esos mismos espacios se puede autorizar la comunicación con profesionales relacionados con la actividad del interno, trabajadores sociales o ministros de culto de su religión, cuyas conversaciones sí pueden intervenirse en los términos reglamentarios.
La normativa también permite comunicaciones telefónicas en los casos y con las garantías que establezca el reglamento. Tanto las comunicaciones orales como las escritas previstas en la ley pueden ser suspendidas o intervenidas de forma motivada por el director del centro, que debe dar cuenta de ello a la autoridad judicial competente.
La Administración tiene la obligación de informar, en caso de fallecimiento, enfermedad o accidente grave del interno, al familiar más próximo o a la persona designada por él. Del mismo modo, el interno debe recibir noticia del fallecimiento o enfermedad grave de un familiar cercano o persona íntimamente vinculada. Todo interno tiene derecho a comunicar de inmediato a su familia y a su abogado su detención y cualquier traslado a otro establecimiento en el momento en que este se produzca. Además, los centros deben disponer de salas específicas para visitas familiares o de allegados íntimos para internos que no puedan obtener permisos de salida, ajustándose a las restricciones y condiciones establecidas para el resto de comunicaciones.
En materia religiosa, la Administración penitenciaria debe garantizar la libertad religiosa de los internos y facilitar los medios para que puedan ejercerla: asistencia espiritual, acceso a ministros de culto de su confesión, espacios para celebraciones, etc.
En el ámbito educativo, cada establecimiento debe tener una escuela donde se desarrolle la instrucción básica de los internos, prestando especial atención a personas analfabetas y jóvenes. Las enseñanzas han de seguir, en lo posible, la legislación vigente en educación y formación profesional, y la Administración fomentará el interés por el estudio, facilitando que quienes no puedan acudir a centros externos lo hagan mediante cursos por correspondencia, radio o televisión.
La ley actualizada refuerza la conexión con el sistema universitario, permitiendo el acceso a la educación superior mediante convenios con universidades públicas, en especial con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dadas las particularidades del medio penitenciario. Estos convenios deben garantizar rigor académico, calidad de la enseñanza y adaptación metodológica a la situación de privación de libertad, así como regular cualquier modificación o prórroga.
Asimismo, cada centro ha de contar con una biblioteca bien surtida con libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de los internos. Estos pueden también utilizar los fondos de servicios de bibliotecas ambulantes organizados por la Administración o por entidades privadas. Se reconoce el derecho a disponer de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con limitaciones concretas y motivadas solo cuando lo aconsejen las necesidades de tratamiento individualizado, por decisión del equipo de observación y tratamiento. Los internos deben poder mantenerse informados mediante radio, televisión y medios análogos.
Tratamiento, grados de clasificación y asistencia pospenitenciaria
El tratamiento penitenciario se define como el conjunto de actividades dirigidas a la reeducación y reinserción social de los penados. Su finalidad es ayudar a que la persona adquiera la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal y pueda hacerse cargo de sus necesidades. Para ello se busca que desarrolle el respeto hacia sí misma y un sentido de responsabilidad individual y social hacia su familia, su entorno y la sociedad.
Los servicios de tratamiento han de conocer a fondo las peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan dificultar esa reinserción. Se emplean, en la medida de lo posible, todo tipo de métodos y recursos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, siempre respetando los derechos constitucionales no afectados por la condena.
Se pretende que el interno participe de forma activa en la planificación y ejecución de su propio tratamiento y colabore con vistas a llevar una vida sin delitos una vez en libertad. Se estimula su interés y cooperación, teniendo en cuenta sus motivaciones personales siempre que no contradigan las finalidades del tratamiento. Para ello, el tratamiento se apoya en varios principios: debe basarse en un estudio científico detallado de la persona (constitución, carácter, aptitudes, motivaciones, evolución), debe estar ligado a un diagnóstico de personalidad criminal y un pronóstico inicial, ha de ser individualizado, complejo (integrando varios métodos), programado (con un plan general, intensidad de cada método y distribución de tareas entre profesionales) y continuo y dinámico, adaptándose a la evolución del interno.
La individualización del tratamiento se materializa en la clasificación de los penados tras un periodo de observación. Cada persona se destina al tipo de establecimiento y al módulo o sección que mejor se ajuste al tratamiento previsto. Para clasificar no solo se atiende a la personalidad y al historial individual, familiar, social y delictivo, sino también a la duración de las penas o medidas, al medio al que previsiblemente regresará en libertad y a los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso.
En el caso de preventivos, la observación se limita a recabar información mediante documentos, entrevistas y observación directa de la conducta, estableciendo la separación o clasificación interna que marca el artículo 16, pero siempre respetando plenamente la presunción de inocencia. Una vez haya sentencia condenatoria, se completa el estudio con un análisis científico de la personalidad, se define el tipo criminológico, se emite un diagnóstico de capacidad criminal y adaptabilidad social, y se formula una propuesta razonada de grado de tratamiento y destino a determinado tipo de establecimiento.
La evolución en el tratamiento puede implicar cambios de clasificación: progresión a un grado más flexible o regresión a uno más restrictivo. La progresión se basa en la modificación favorable de los rasgos de personalidad vinculados con la conducta delictiva, observable en la conducta global del interno y reflejada en un aumento gradual de la confianza y de las responsabilidades. La regresión se produce cuando la evolución es claramente negativa.
Al menos cada seis meses debe revisarse la clasificación de cada interno, comunicándole el resultado. Si un equipo reitera por segunda vez la clasificación en primer grado, el interno puede solicitar que su siguiente propuesta se formule desde la central de observación penitenciaria. Lo mismo ocurre si se encuentra en segundo grado, se repite dos veces esa clasificación y ha cumplido la mitad de la condena.
Para determinados grupos de internos se pueden organizar programas basados en el modelo de comunidad terapéutica, así como sesiones de asesoramiento psicopedagógico, psicoterapia de grupo, terapia de conducta y otras técnicas orientadas a modificar sistemas de actitudes consideradas desfavorables, siempre con respeto total a la personalidad. Dentro del programa de tratamiento se integra también la formación y el perfeccionamiento profesional, con asesoramiento psicológico y orientación personal.
Cuando el tratamiento concluye o se acerca la libertad, se emite un informe pronóstico final que recoge los resultados del tratamiento y valora la probabilidad de comportamiento en libertad, informe que resultará relevante para la concesión de la libertad condicional. En centros especiales, el tratamiento se armoniza con la finalidad específica de cada institución, y en centros para jóvenes se intenta evaluar sus resultados también con datos de los servicios centrales.
Las tareas de observación, clasificación y tratamiento corresponden a equipos técnicos de especialistas (psicólogos, juristas, trabajadores sociales, educadores, médicos, etc.) cuya composición y funciones concreta el Estatuto Orgánico de Funcionarios. Estos equipos cuentan con educadores en número suficiente en función de las características de los grupos tratados. Además, se prevé la colaboración de ciudadanos y entidades públicas o privadas dedicadas a la resocialización, para reforzar la labor en regímenes ordinario y abierto.
Para asesorar de manera centralizada en materia de observación, clasificación y tratamiento existe una Central Penitenciaria de Observación, con un equipo técnico encargado de completar la labor de los equipos de los centros, resolver dudas técnicas del centro directivo, realizar investigación criminológica y participar en la docencia de la Escuela de Estudios Penitenciarios.
El régimen de los establecimientos de cumplimiento se concibe como un instrumento al servicio del tratamiento. Así, las funciones regimentales son medios, no fines en sí mismos. Las actividades de régimen y de tratamiento deben coordinarse, y la dirección del centro ha de organizar los servicios de forma que todo el personal entienda sus funciones y responsabilidades, propiciando esa coordinación.
En cuanto a la ejecución de las penas, la ley consagra el sistema de individualización científica separado en grados, siendo el último la libertad condicional. El segundo grado se cumple en establecimientos de régimen ordinario, el tercero en régimen abierto y el primero en establecimientos de régimen cerrado. Siempre que la observación y clasificación lo permitan, un interno puede ser inicialmente situado en un grado superior (salvo la libertad condicional) sin pasar por los anteriores, y nunca se le puede mantener en un grado más restrictivo cuando, por su evolución, merezca progresar.
Una vez el penado cumple la condena o extingue su responsabilidad penal por cualquier otra causa, debe ser reintegrado plenamente en el ejercicio de sus derechos como ciudadano. La ley recalca que los antecedentes penales no pueden servir como motivo de discriminación social o jurídica. Para facilitar esta fase, el Ministerio de Justicia, a través de la Comisión de Asistencia Social dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, presta asistencia social a internos, liberados condicionales o definitivos y sus familias.
El personal de esta Comisión está formado por funcionarios dedicados en exclusiva a tareas asistenciales. La Comisión colabora de manera permanente con entidades especializadas en la asistencia a internos y en el tratamiento de excarcelados, coordinando recursos de alojamiento, empleo, apoyo psicológico, formación y otros elementos clave para evitar la marginación y favorecer la reinserción.
Papel del Juez de Vigilancia y régimen jurídico interno
El Juez de Vigilancia Penitenciaria es la autoridad judicial encargada de controlar la ejecución de las penas privativas de libertad, proteger los derechos de los internos y corregir posibles abusos o desviaciones en el cumplimiento del régimen. Asume funciones que de otro modo corresponderían a jueces y tribunales sentenciadores, actuando como garante independiente dentro del sistema penitenciario.
Entre sus atribuciones destacan: adoptar todas las decisiones necesarias para que los pronunciamientos sobre penas privativas de libertad se cumplan; resolver sobre propuestas de libertad condicional y acordar su revocación; aprobar propuestas de beneficios penitenciarios que supongan acortar la condena; autorizar sanciones de aislamiento en celda de más de 14 días; resolver los recursos de los internos contra sanciones disciplinarias; decidir, en base a los estudios de los equipos técnicos y de la central de observación, los recursos sobre clasificación inicial y sobre progresiones o regresiones de grado.
El Juez de Vigilancia también debe pronunciarse sobre quejas o peticiones de los internos relacionadas con el régimen y el tratamiento en la medida en que afecten a derechos fundamentales o a derechos y beneficios penitenciarios. Además, realiza las visitas a los establecimientos previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, autoriza permisos de salida de más de dos días (salvo para los clasificados en tercer grado) y conoce las propuestas de traslado de internos a establecimientos de régimen cerrado.
Estos jueces pueden dirigirse a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con propuestas sobre organización y desarrollo de los servicios de vigilancia, convivencia interior, talleres, escuela, asistencia médica y religiosa, y, en general, sobre todas las actividades regimentales, económico-administrativas y de tratamiento. Desde el punto de vista orgánico y procesal, su actuación se rige por la legislación específica, y deben residir en el territorio donde se ubican los centros sometidos a su jurisdicción.
La Ley General Penitenciaria también regula el papel de los funcionarios. Corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, salvo en comunidades autónomas con competencias asumidas, dirigir, organizar e inspeccionar las instituciones reguladas por la ley. Para desempeñar estas funciones la Administración debe contar con personal suficiente y cualificado, con la condición de funcionario público, sujeto a los derechos, deberes e incompatibilidades de la legislación general de función pública.
En su actuación, los funcionarios penitenciarios están obligados a la imparcialidad política, conforme a la Constitución. La selección y promoción se ajustan a los procedimientos de la función pública, y antes de incorporarse a su puesto deben recibir formación específica, teórica y práctica, en un centro oficial habilitado al efecto.
La ley prevé, además, supuestos excepcionales en los que determinados derechos reconocidos a los internos pueden ser suspendidos parcial y temporalmente por acuerdo conjunto de los Ministerios de Justicia e Interior, cuando se produzcan graves alteraciones del orden en un centro que requieran la intervención de los cuerpos de seguridad. En estos casos, la custodia, vigilancia y restablecimiento del orden pasan a manos del jefe de las fuerzas actuantes, mientras que la autoridad penitenciaria mantiene la dirección de las actividades de tratamiento, los procedimientos administrativos con los órganos judiciales, el régimen económico-administrativo y las funciones asistenciales.
Asimismo, por razones de seguridad pública, puede acordarse que la custodia y vigilancia interior de un establecimiento cerrado o departamento especial recaiga en los cuerpos de seguridad del Estado. En cualquiera de estos escenarios excepcionales, el acuerdo ministerial debe comunicarse de inmediato a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para que adopte la resolución que proceda según la normativa.
En paralelo al marco legal, en la práctica penitenciaria cobran importancia las Instrucciones, Circulares y Órdenes de Servicio emitidas por los órganos directivos de la Administración. Estas figuras, reguladas con carácter general en el artículo 6 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y mencionadas en el artículo 3.5 del Reglamento Penitenciario, sirven para dirigir la actuación de los órganos dependientes, unificar criterios, especificar la aplicación de normas o fijar objetivos.
No son, sin embargo, verdaderos reglamentos ni normas jurídicas generales: su eficacia es, en principio, interna (ad intra), dirigida al funcionamiento de la propia organización. El Tribunal Supremo ha remarcado que no pueden utilizarse para regular derechos y deberes de los internos, justamente por carecer de las garantías de las disposiciones generales. Pese a ello, en la práctica condicionan muchas actuaciones cotidianas en los centros: tratamiento y clasificación, permisos, comunicaciones, prevención de suicidios, régimen cerrado, etc., siempre subordinadas a la Ley y al Reglamento.
En conjunto, la Ley Orgánica General Penitenciaria configura un sistema complejo en el que la privación de libertad no se agota en el simple encierro, sino que se articula alrededor de un entramado de derechos, deberes, programas de tratamiento, clasificación por grados, control judicial y asistencia social, todo ello orientado a que la prisión no sea un punto final sino una etapa, lo más corta y constructiva posible, en el camino de regreso a la vida en sociedad.
