- Los consejos sociales son el órgano de conexión entre universidad y sociedad, con funciones clave en la supervisión económica y académica.
- Las cámaras de cuentas autonómicas colaboran con los consejos sociales para reforzar la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia universitaria.
- La Comunitat Valenciana ha reformado en profundidad la regulación de sus consejos sociales para alinearlos con la Ley Orgánica del Sistema Universitario.
- Experiencias como las de Andalucía y Castilla y León muestran una tendencia clara a fortalecer el control interno bajo la órbita de los consejos sociales.
La relación entre la Cámara de Cuentas y los consejos sociales universitarios se ha convertido en una pieza clave para entender cómo se controla el uso del dinero público en las universidades españolas y cómo se garantiza que estas instituciones rindan cuentas a la sociedad. Cada vez es más evidente que no basta con que la universidad funcione bien hacia dentro: la ciudadanía exige transparencia, control económico y supervisión externa rigurosa.
En este contexto, las cámaras de cuentas autonómicas, el Tribunal de Cuentas y los consejos sociales de las universidades, tanto públicas como privadas, están reforzando su colaboración. A través de jornadas técnicas, reformas legales y nuevas vías de coordinación, se están redefiniendo los mecanismos de fiscalización, la rendición de cuentas y el papel de la sociedad en el gobierno universitario. Lo que sigue es una explicación detallada, pero con un lenguaje cercano, de todo este entramado institucional y normativo.
Qué son los consejos sociales universitarios y qué papel juegan
En el sistema universitario español, los consejos sociales son los órganos que representan a la sociedad en la universidad. No son un mero adorno institucional: la legislación estatal y autonómica les otorga funciones de supervisión económica, evaluación del rendimiento académico y conexión estable con el entorno social, productivo y cultural.
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas es una asociación que agrupa a los consejos sociales de las universidades públicas, así como a los consejos y patronatos de las universidades privadas. En la práctica, esta conferencia actúa como foro común para compartir experiencias, impulsar propuestas normativas y mejorar las prácticas de gobernanza universitaria.
En la actualidad, forman parte de esta Conferencia 48 universidades públicas y 9 universidades privadas. Esta amplitud da una idea de la importancia estratégica de los consejos sociales: prácticamente todo el sistema universitario español está representado a través de ellos en este órgano de coordinación.
Los consejos sociales se conciben como el punto de encuentro entre la universidad y la sociedad. En ellos se sientan representantes del mundo económico, social, cultural y profesional, junto con miembros de la propia universidad. Su misión central es garantizar que la institución universitaria atienda el interés general, sea eficiente en el uso de recursos públicos y mantenga una relación fluida con el tejido productivo y social.
Entre sus funciones básicas destacan la supervisión y aprobación de los presupuestos universitarios y la participación en la validación de la oferta académica, además de impulsar la captación de recursos, la inserción laboral de los titulados, las relaciones con antiguos alumnos y la promoción de la calidad docente e investigadora.
La Cámara de Cuentas de Andalucía y la fiscalización de las universidades públicas andaluzas
En Andalucía, la Cámara de Cuentas autonómica ha intensificado su trabajo de fiscalización sobre las universidades públicas, en estrecha relación con los consejos sociales. Esta colaboración se ha articulado, entre otros instrumentos, a través de jornadas técnicas de trabajo específicamente orientadas al control económico-financiero del sistema universitario.
En una jornada celebrada en la sede de la Cámara de Cuentas de Andalucía, técnicos de esta institución y representantes de los Consejos Sociales de las universidades públicas andaluzas se reunieron con un objetivo muy concreto: analizar los mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas en las universidades de la comunidad y poner en común los resultados y recomendaciones de los trabajos de auditoría realizados en el ámbito universitario.
El encuentro fue inaugurado por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete Flores, la presidenta del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, María Teresa Pagés Jiménez, y el secretario general de Universidades, Antonio Miguel Posadas Chinchilla. Esta presencia institucional refleja hasta qué punto se considera estratégico perfeccionar la supervisión sobre las universidades.
Durante su intervención, Cardenete insistió en que la fiscalización pública debe aportar información rigurosa, objetiva e independiente, con la finalidad de mejorar la gestión, reforzar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Es decir, no se trata solo de detectar errores, sino de proporcionar herramientas para que las universidades puedan gestionar mejor.
El presidente de la Cámara de Cuentas subrayó además que los informes y recomendaciones del órgano de control externo persiguen ser instrumentos útiles para perfeccionar los procedimientos y reforzar los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas. En el caso de las universidades, esto implica revisar desde la ejecución presupuestaria hasta la contratación y la gestión del patrimonio.
En paralelo, se puso de relieve el papel de los consejos sociales como enlace entre universidad y sociedad. Al supervisar la actividad económica y las grandes decisiones estratégicas, estos órganos garantizan que la universidad actúe con criterios de responsabilidad, eficiencia y rendición de cuentas, alineando su actuación con el interés público.
La presidenta del Foro de Consejos Sociales andaluces recalcó la relevancia de esta iniciativa conjunta con la Cámara de Cuentas. Desde su perspectiva, esta colaboración refuerza la competencia de supervisión de la actividad económica universitaria que corresponde a los consejos sociales, siempre bajo los principios de transparencia, eficacia y sostenibilidad de los recursos públicos que la sociedad pone en manos de las universidades.
El secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía alabó igualmente la iniciativa impulsada por el Foro y la Cámara de Cuentas, ofreciendo la plena disponibilidad de la Consejería para avanzar en la coordinación de la actividad financiera y presupuestaria de las universidades. Además, reconoció el peso específico de los consejos sociales en la supervisión económica y la mejora de la gestión universitaria.
A lo largo de la jornada se impartieron diversas ponencias técnicas centradas en el control económico-financiero de las universidades públicas andaluzas. Se abordaron cuestiones como la plataforma de rendición de cuentas de las universidades, la fiscalización de las cuentas anuales y el análisis de la información relativa a contratos y convenios.
Estas intervenciones corrieron a cargo de personal técnico de la Cámara de Cuentas de Andalucía: Nuria Guerrero Lebrón, coordinadora del Departamento de Coordinación; María Ángeles de la Torre Parra, auditora; y las técnicas de auditoría Soledad Martín Castellano y Marta Seguí Azpilcueta. Su labor consistió en explicar de forma detallada cómo se estructura el control financiero, qué deficiencias se han identificado y qué mejoras se recomiendan.
La jornada culminó con una mesa redonda en la que participaron Ana María Moreno, Olga de la Pascua y Antonio Romero, representantes del ámbito de los consejos sociales, que aportaron su visión sobre los retos actuales en supervisión, transparencia y mejora de la gestión. Se contó además con la asistencia de presidentes de los consejos sociales de las universidades de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Pablo de Olavide, así como representantes de las comisiones económicas de todos los consejos sociales andaluces, gerentes universitarios y personal técnico de la Consejería y de la Cámara de Cuentas.
En conjunto, esta experiencia evidencia una apuesta clara por fortalecer la rendición de cuentas en el sistema universitario andaluz, apoyándose tanto en el órgano externo de control como en los consejos sociales como pieza interna de gobernanza y supervisión económica.
Jornadas formativas y estrategia de rendición de cuentas en Andalucía
La Cámara de Cuentas de Andalucía no se ha limitado a la fiscalización clásica ex post, sino que ha impulsado también jornadas formativas centradas en la fiscalización de las universidades públicas andaluzas, con una orientación muy práctica hacia el control, la transparencia y la mejora de la rendición de cuentas.
En una de estas jornadas, celebrada igualmente en la sede de la institución, se congregaron técnicos de la Cámara de Cuentas y representantes de los consejos sociales de las universidades públicas andaluzas para revisar los principales resultados y recomendaciones formulados en las auditorías universitarias. La idea de fondo es que los agentes internos de la universidad aprendan de los informes de fiscalización y sean capaces de anticipar y corregir problemas.
El acto fue inaugurado por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, M. Alejandro Cardenete Flores, acompañado por la presidenta del Foro de Consejos Sociales andaluces, María Teresa Pagés Jiménez. Esta combinación de órgano externo de control y órgano de representación social refuerza el mensaje de que la fiscalización no es un trámite puramente burocrático, sino una herramienta de mejora institucional.
Durante la sesión, se presentaron varias ponencias técnicas sobre las claves del control económico-financiero en las universidades públicas de la comunidad. Se trataron temas como la plataforma de rendición de cuentas, que centraliza y da forma a la información financiera de las universidades, la revisión de las cuentas anuales y el seguimiento de la remisión de información sobre contratos y convenios.
Las presentaciones corrieron a cargo de personal técnico de la Cámara de Cuentas: Nuria Guerrero Lebrón (Departamento de Coordinación), María Ángeles de la Torre Parra (auditoría) y las técnicas Soledad Martín Castellano y Marta Seguí Azpilcueta. Se detallaron procedimientos, se expusieron buenas prácticas y se señalaron ámbitos en los que las universidades pueden reforzar su control interno.
Como cierre, tuvo lugar una mesa redonda con representantes de los Consejos Sociales de las universidades de Almería, Cádiz y Granada, junto con técnicos de la Cámara de Cuentas, en la que se abordaron los retos inmediatos en materia de supervisión, transparencia y mejora de la gestión universitaria. Se habló de la importancia de una cultura de datos, de la necesidad de que el control interno sea independiente y del valor de contar con indicadores claros de rendimiento económico y académico.
Esta jornada se integra dentro de una estrategia más amplia de revisión de los mecanismos de rendición de cuentas y de fortalecimiento de la colaboración institucional con los consejos sociales. La meta es clara: que la información financiera y económica de las universidades sea más accesible, verificable y útil para la toma de decisiones, tanto internas como externas.
Reforma profunda de los consejos sociales en la Comunitat Valenciana
En la Comunitat Valenciana se ha producido una importante actualización del marco legal de los consejos sociales de las universidades públicas, con la aprobación de la Ley 7/2024, de 30 de diciembre, que modifica la Ley 2/2003 de consejos sociales para adaptarla a la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario.
El preámbulo de esta reforma recuerda que las universidades son espacios privilegiados de formación y de generación de conocimiento, pero también lugares críticos desde los que se pueden abordar los grandes retos sociales, experimentar soluciones y construir redes de colaboración con el entorno y con otros centros de investigación internacionales. En este escenario, el consejo social se define como un espacio imprescindible de rendición de cuentas y de participación de la sociedad en el gobierno universitario.
La Ley Orgánica 2/2023 configura el Consejo Social como órgano de participación y representación social ante la universidad, articulándolo como un espacio en el que interactúan instituciones, organizaciones sociales y tejido productivo. El artículo 47 de dicha ley especifica de forma detallada sus funciones y encomienda a las comunidades autónomas el diseño de un nuevo procedimiento de designación de sus miembros, garantizando la ausencia de conflictos de interés y la presencia de personas conocedoras del funcionamiento universitario.
La reforma de 2024 ha sido ampliamente debatida y consensuada con representantes de los consejos sociales y con los equipos directivos de las cinco universidades públicas valencianas. Se mantiene la filosofía original de la norma de 2003, pero se introducen cambios importantes tanto en las atribuciones como en el procedimiento de designación de los miembros del consejo social.
Entre las reformas de contenido, se modifican los artículos 3 y 4 para reforzar las competencias económicas y de rendimiento académico, incorporando funciones nuevas en materias como la elaboración del plan estratégico universitario, el control del gasto, la adecuación de la oferta de títulos a la demanda laboral y la intensificación de las relaciones con la sociedad.
En cuanto a la composición y el sistema de nombramiento, se reescriben los artículos 5 y 6, trasladando la competencia de elección de los vocales sociales a Les Corts Valencianes, a partir de propuestas motivadas de los sectores representativos de la vida económica, social y cultural. Esto pretende asegurar la idoneidad de las personas designadas y la transparencia del proceso, evitando conflictos de interés con la universidad correspondiente.
También se introducen ajustes formales, como la actualización de la denominación oficial de la Comunitat Valenciana y la corrección de problemas prácticos detectados en el marco anterior, por ejemplo, en relación con la duración del mandato de los vocales o el régimen jurídico y retributivo de los secretarios-directores de los consejos sociales.
El Consejo Social, según la nueva redacción, se define como el órgano colegiado universitario de participación de la sociedad valenciana en la universidad y como un espacio de colaboración y rendición de cuentas en el que se conectan institución universitaria, organizaciones sociales y tejido productivo. Cada universidad pública valenciana contará con un consejo social con la composición y funciones fijadas por la Ley 2/2003, en su versión modificada por la Ley 7/2024.
Competencias económicas del Consejo Social valenciano
La reforma detalla minuciosamente las competencias y funciones de índole económica del Consejo Social valenciano en el nuevo artículo 3. Su papel en la planificación y supervisión financiera de la universidad se refuerza de manera notable.
En primer lugar, el Consejo Social debe conocer los criterios básicos de elaboración del presupuesto universitario antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno y puede formular propuestas sobre ellos. Además, le corresponde aprobar el presupuesto anual de la universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno y en coherencia con el plan trienal de actuaciones, recibiendo información periódica sobre su ejecución.
También debe conocer, con carácter previo a su aprobación por los órganos competentes, el presupuesto de las entidades dependientes de la universidad o en las que la universidad tenga participación mayoritaria, pudiendo formular propuestas, sin perjuicio de la legislación mercantil aplicable según su forma jurídica.
El Consejo Social aprueba, igualmente a propuesta del Consejo de Gobierno, el plan plurianual de financiación de la universidad y realiza su seguimiento, siendo informado durante la elaboración de las líneas de planificación estratégica para poder introducir sugerencias. Antes del trámite de rendición de cuentas ante la Intervención General de la Generalitat Valenciana o la Sindicatura de Cuentas, le corresponde aprobar las cuentas anuales de la universidad.
Además, el órgano social universitario aprueba las cuentas anuales de las entidades dependientes o participadas mayoritariamente por la universidad, es informado sobre la plantilla de personal docente e investigador y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y tiene la responsabilidad de supervisar las funciones ordinarias de control interno de las cuentas de la institución.
En este sentido, la intervención de la universidad o el órgano equivalente que controle el gasto debe informar anualmente al Consejo Social de sus actuaciones y del plan anual de trabajo. El Consejo Social puede requerir la realización de auditorías de las cuentas de la universidad y de las entidades que de ella dependan o en las que tenga participación mayoritaria. El responsable del órgano de intervención será nombrado por el rector o rectora, a propuesta del Consejo de Gobierno y oído el Consejo Social, y ejercerá con autonomía respecto de los órganos controlados.
Entre otras funciones, el Consejo Social puede acordar, dentro de los límites reglamentarios fijados por el Consell de la Generalitat, la asignación individual de retribuciones adicionales al profesorado; fijar tasas académicas y precios públicos por servicios no académicos o uso de instalaciones, así como el régimen retributivo del profesorado que imparta enseñanzas no conducentes a títulos oficiales.
También debe ser informado periódicamente de los contratos suscritos al amparo del artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, informar con carácter previo los convenios con repercusión económica por encima de ciertos límites, proponer operaciones de endeudamiento de la universidad o sus entidades dependientes y fijar las directrices generales de la política de becas, ayudas, exenciones y créditos al estudio o la investigación.
El Consejo Social coordina y supervisa la concesión de ayudas sociales financiadas con recursos ordinarios para el personal universitario, aprueba créditos extraordinarios o suplementos de crédito cuando sean necesarios gastos inaplazables sin cobertura presupuestaria suficiente, autoriza transferencias desde gastos de capital a otros capítulos y autoriza importantes operaciones patrimoniales, como la adquisición o enajenación de bienes inmuebles y bienes muebles de extraordinario valor.
Igualmente, aprueba los reglamentos internos de gestión contractual y patrimonial de la universidad, supervisa de forma general las actividades económicas y evalúa el rendimiento de los servicios, pudiendo recabar cuanta información precise de órganos, centros, servicios y departamentos. También informa los convenios colectivos del personal laboral antes de su formalización.
Competencias sobre rendimiento académico y servicios universitarios
Junto a la dimensión económica, el Consejo Social valenciano asume un rol significativo en el seguimiento del rendimiento de los servicios universitarios y de la actividad académica, de acuerdo con el renovado artículo 4.
Entre sus cometidos está emitir informe sobre la creación, modificación o supresión de centros propios y centros en el extranjero, así como ser informado de las propuestas de adscripción de centros docentes a la universidad. Además, informa con carácter previo a su aprobación la oferta de titulaciones oficiales y de formación permanente, analizando su adecuación a la programación presupuestaria, a los recursos disponibles y a las necesidades sociales del entorno.
El Consejo Social informa las normas de progreso y permanencia del estudiantado y recibe periódicamente datos sobre el progreso y permanencia de los estudiantes como indicador básico del rendimiento académico, cuya supervisión le corresponde. Asimismo, promueve la participación de profesionales y sectores sociales en la elaboración y reforma de los planes de estudio, buscando ajustar la oferta formativa a las demandas reales.
También fomenta la formalización de convenios con entidades públicas y privadas que sirvan para completar la formación de los estudiantes y facilitar su empleabilidad. Paralelamente, impulsa y, en su caso, coordina con asociaciones de antiguos alumnos las actividades que mantengan vivos los vínculos con la universidad y potencien el mecenazgo en favor de la institución académica.
Otra función relevante es la de tramitar reclamaciones sobre el funcionamiento de servicios universitarios sujetos a su supervisión, pudiendo pedir al rector o rectora, o a la administración competente, las actuaciones que considere necesarias. También autoriza el uso del procedimiento negociado sin publicidad para adquirir determinados bienes de equipo vinculados a la investigación.
El Consejo Social formula sugerencias y propuestas al Consejo de Gobierno para mejorar el funcionamiento general de la universidad, con especial atención a la calidad de la docencia y la investigación. Para ello puede impulsar auditorías o solicitar informes e inspecciones de órganos externos que evalúen la calidad y el rendimiento de los servicios universitarios, incluida la actividad docente.
En el terreno de la organización interna, acuerda con el rector o rectora el nombramiento y la revocación del gerente de la universidad, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia en gestión; informa los proyectos de concierto de colaboración con instituciones sanitarias antes de su remisión al Consell; autoriza la creación o participación de la universidad en sociedades, fundaciones, consorcios y otras entidades con personalidad jurídica propia; y conoce los acuerdos del claustro, del Consejo de Gobierno y del rectorado que impliquen obligaciones económicas.
El Consejo Social debe conocer las actuaciones del defensor universitario o figura equivalente, recibiendo un informe anual; toma conocimiento de los informes de evaluación de la calidad emitidos por la ANECA y la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva; designa y cesa a tres de sus miembros como integrantes del Consejo de Gobierno; y promueve comisiones conjuntas con el Consejo de Gobierno para reforzar la cooperación universidad-sociedad.
Dentro de esta lógica se incluye la elaboración, aprobación y evaluación de un plan trienal de actuaciones dirigido a intensificar las relaciones entre la universidad, su antiguo alumnado y su entorno cultural, profesional, científico, empresarial, social y territorial. Cada año se celebra una sesión conjunta del Consejo Social y el Consejo de Gobierno para hacer el seguimiento de dicho plan.
Por último, el Consejo Social impulsa programas para la inserción profesional de titulados universitarios, realiza estudios sobre adecuación de la oferta de titulaciones a las necesidades sociales, fomenta convenios que especialicen la formación y faciliten la incorporación al mercado laboral, promueve el emprendimiento y la actividad investigadora ligada a los sectores productivos, concede ayudas, premios y distinciones, y vela por el cumplimiento de los principios éticos, de integridad académica y de las directrices antifraude en la docencia y la investigación.
También se le informa e impulsa en relación con las estrategias de transformación digital, internacionalización y transferencia del conocimiento de la universidad, integrando así la perspectiva social en los grandes ejes de modernización institucional.
Composición, nombramiento y mandato de los consejos sociales valencianos
La nueva normativa valenciana también redefine con precisión la composición y el modo de designación de los miembros del Consejo Social, con el objetivo de reforzar la presencia social, garantizar la idoneidad y evitar conflictos de interés.
El Consejo Social de cada universidad pública valenciana está integrado por su presidente o presidenta, cinco vocales en representación del Consejo de Gobierno, un vocal en representación del Consejo de Estudiantes y un conjunto de vocales que representan los intereses sociales de la Comunitat Valenciana. El presidente o presidenta es designado por Les Corts, a propuesta del presidente o presidenta de la Generalitat y oído el rector o rectora, formalizándose el nombramiento mediante decreto del Consell.
Entre los vocales natos en representación del Consejo de Gobierno figuran el rector o rectora, la persona titular de la Secretaría General y la Gerencia. Además, se incluyen dos miembros electos del Consejo de Gobierno, uno del personal docente e investigador y otro del personal técnico, de gestión y de administración y servicios. El representante del Consejo de Estudiantes es elegido por dicho consejo entre sus miembros. Todos estos integrantes poseen voz y voto.
La representación de los intereses sociales de la Comunitat Valenciana recae en personas propuestas por distintos sectores de la vida económica, social y cultural del entorno, conocedoras de la dinámica universitaria, sin conflicto de interés con la universidad y ajenas a la propia comunidad universitaria. Estas propuestas se distribuyen entre Les Corts, la conselleria competente en materia de universidades, el ayuntamiento sede de la universidad, la diputación provincial, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, el Consejo de Cámaras de Comercio, los colegios profesionales a través de la organización intercolegial correspondiente y el propio presidente o presidenta del Consejo Social, que propone algunos miembros vinculados a entidades representativas de intereses profesionales, económicos, culturales, educativos o de antiguos estudiantes.
El procedimiento de nombramiento de los vocales sociales se canaliza a través de Les Corts, que los designan a partir de propuestas motivadas de los distintos sectores, debiendo acreditarse el conocimiento de la actividad universitaria y la ausencia de conflicto de intereses. La conselleria competente coordina este proceso, recabando las propuestas con suficiente antelación al fin del mandato de los vocales en ejercicio, remitiéndolas luego a Les Corts para su aprobación. Si alguna candidatura no obtuviera respaldo parlamentario, se solicita una nueva propuesta.
El nombramiento formal de los vocales sociales se realiza mediante resolución de la conselleria competente en materia de universidades, que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Igualmente se publican los nombramientos de los miembros no natos que representan al Consejo de Gobierno y al Consejo de Estudiantes, asegurando máxima transparencia en la composición del órgano.
El mandato de los vocales que representan los intereses sociales tiene duración de cuatro años desde su publicación en el diario oficial, con posibilidad de una sola reelección consecutiva. Pueden perder su condición por fallecimiento, incapacidad, renuncia, revocación por el órgano u entidad que los designó o por apreciación de causa de incompatibilidad por parte del propio Consejo Social. Los miembros natos cesan de forma automática al dejar el cargo que les da acceso al órgano.
Si se produce una vacante entre los vocales sociales y en el plazo de dos meses no se hubiera efectuado una nueva designación, la persona titular de la conselleria competente puede nombrar provisionalmente a un representante que considere idóneo. La sustitución de los miembros designados por el Consejo de Gobierno y el Consejo de Estudiantes se rige por lo previsto en los estatutos de cada universidad. En cualquier caso, al finalizar el mandato, los vocales permanecen en funciones hasta que se designe y publique a sus sustitutos.
Régimen interno, secretaría y funcionamiento de los consejos sociales valencianos
La reforma legal aborda también el régimen de incompatibilidades y las facultades individuales de los miembros del Consejo Social, así como la estructura orgánica y la organización administrativa al servicio del órgano.
Se establece que la condición de miembro del Consejo Social es incompatible con pertenecer a órganos rectores o desempeñar cargos en empresas que contraten con la universidad la ejecución de obras, servicios, suministros, consultorías o trabajos análogos, y con participaciones superiores al 10 % en el capital de dichas empresas, salvo en ciertos supuestos relacionados con el artículo 60 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Con ello se pretende blindar la independencia del órgano frente a intereses económicos directos.
Cada miembro del Consejo Social puede presentar propuestas al pleno o a las comisiones y tiene derecho a obtener toda la información y documentación necesaria de los servicios y dependencias universitarias para el correcto desempeño de las funciones del órgano. Esta facultad de acceso a la información es clave para que la supervisión sea efectiva y no meramente formal.
En cuanto a la estructura orgánica, el Consejo Social cuenta con un secretario-director o secretaria-directora al frente de una Secretaría dotada de medios materiales y personales suficientes. Esta figura es nombrada y cesada por la persona titular de la conselleria competente, a propuesta del presidente o presidenta del Consejo Social, y no puede ser vocal del órgano. Participa con voz, pero sin voto, y sus funciones incluyen la dirección de las dependencias administrativas, la preparación de estudios e informes, la fe pública de los acuerdos, la custodia de actas y la certificación de decisiones.
El régimen retributivo y la situación administrativa del secretario-director varían según su condición. Si se trata de un funcionario de los cuerpos docentes universitarios o profesor permanente de la universidad, percibe un complemento retributivo y tiene una dedicación docente equivalente a la de la secretaría general de la universidad. Si procede de fuera, debe contar con titulación universitaria superior y percibe retribuciones equivalentes al subgrupo A1 de la administración autonómica, con complemento de destino 30 y el máximo complemento específico por dedicación exclusiva, pudiendo preverse otras retribuciones complementarias. Si es funcionario en activo, pasa a situación de servicios especiales y percibe un complemento que tenga en cuenta su grado de carrera profesional.
Para la válida constitución del pleno del Consejo Social se requiere la presencia de la presidencia y de la secretaría-directora (o quienes legalmente les sustituyan), junto con al menos la mitad de los vocales. Corresponde al rector o rectora la ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo Social, para lo cual la secretaría-directora remite al rectorado, con el visto bueno de la presidencia, certificación de las decisiones tomadas.
El reglamento propio del Consejo Social debe definir la organización administrativa y de servicios necesarios para su funcionamiento, bajo la dirección de la secretaría-directora. Como mínimo, se prevé la existencia de un servicio económico-presupuestario y un servicio de régimen jurídico y administrativo, que proporcionen soporte técnico tanto en materia financiera como legal a las actuaciones del órgano.
La norma contempla además que las personas que sean miembros del Consejo Social en el momento de la entrada en vigor de la ley mantendrán su condición hasta completar su mandato. Quienes estén en su primer mandato podrán ser designados de nuevo por un único periodo adicional, mientras que quienes ya se encuentren en su segundo mandato no podrán optar a nueva designación. Los consejos sociales disponen de un plazo máximo de un año para adaptar su Reglamento de organización y funcionamiento al nuevo marco legal.
Finalmente, a efectos de precedencias protocolarias en la Comunitat Valenciana, se incorpora al presidente o presidenta de cada Consejo Social de las universidades públicas dentro del rango previsto para altas autoridades autonómicas, subrayando el peso institucional de estos órganos en el sistema universitario.
Colaboración entre cámaras de cuentas y consejos sociales en otras comunidades
Más allá de Andalucía y la Comunitat Valenciana, también se han desarrollado experiencias de colaboración entre órganos de control externo y consejos sociales universitarios en otras comunidades autónomas, como Castilla y León, donde el Consejo de Cuentas y el Consejo Social de la Universidad de Valladolid han explorado vías conjuntas para reforzar la transparencia.
El presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, y el presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid, Gerardo Gutiérrez, mantuvieron una reunión en la sede del órgano autonómico de control externo, con la participación del consejero de Cuentas Miguel Ángel Jiménez y otros responsables del consejo social universitario. El objetivo era establecer cauces estables de colaboración y elevar los niveles de transparencia exigidos a la actividad universitaria.
La iniciativa partió del propio Consejo Social de la Universidad de Valladolid tras haber participado en una jornada organizada por la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas y el Tribunal de Cuentas, centrada en el Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas en el ejercicio 2012 y, especialmente, en los aspectos relacionados con las competencias de los consejos sociales.
Durante el encuentro, se analizaron en detalle las recomendaciones del Informe de Fiscalización de la Universidad de Valladolid aprobado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en 2014. A partir de este análisis, se plantearon posibles vías de colaboración para cumplir con los estándares de transparencia y control que se exigen hoy a las universidades públicas.
Entre las recomendaciones más destacadas figuraba la conveniencia de que el Servicio de Control Interno de la Universidad dependiera orgánicamente del Consejo Social, con el fin de garantizar una mayor independencia frente a las unidades gestoras de gastos e ingresos y de asegurar un cumplimiento más efectivo de las funciones de control. Esta propuesta encaja perfectamente con la tendencia general a reforzar el papel de los consejos sociales como garantes de la rendición de cuentas ante la sociedad.
En conjunto, todo este marco de normas, experiencias y colaboraciones refleja una misma idea de fondo: la universidad contemporánea debe estar sometida a un escrutinio económico, académico y social más exigente, en el que las cámaras de cuentas, los tribunales de cuentas y los consejos sociales actúan como piezas complementarias. A través de reformas legales como la valenciana, jornadas técnicas como las andaluzas o acuerdos específicos como los de Castilla y León, se está consolidando un modelo en el que la transparencia, el control del gasto y la participación social dejan de ser meras declaraciones para convertirse en prácticas concretas y sistemáticas.
