- La ciudadanía digital en Castilla-La Mancha combina competencias, valores y derechos para participar con seguridad en la sociedad digital.
- El Plan Regional de Desarrollo en Competencias Digitales y el convenio con la UCLM impulsan la formación y certificación oficial según el marco DigComp.
- Bilib y la red de Puntos de Inclusión Digital ofrecen apoyo práctico para reducir la brecha digital y facilitar el uso de servicios en línea.
- La protección de datos y el consentimiento informado garantizan un tratamiento responsable de la información personal en todos estos servicios.
La ciudadanía digital en Castilla-La Mancha se ha convertido en una pieza clave para que cualquier persona pueda desenvolverse con soltura en un mundo cada vez más conectado, donde hacer un trámite online o comunicarse con la Administración ya forma parte de lo cotidiano. Más allá de saber encender un ordenador o usar el móvil, hablamos de contar con habilidades, herramientas y acompañamiento para participar de verdad en la sociedad digital.
En la región se están impulsando iniciativas muy potentes de capacitación y certificación en competencias digitales, pensadas tanto para quienes empiezan desde cero como para quienes necesitan acreditar oficialmente sus conocimientos. Desde la Agencia de Transformación Digital y el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales (Bilib), hasta la colaboración directa con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), se está tejiendo un ecosistema para que nadie se quede atrás en esta transición.
Qué significa ser ciudadanía digital en Castilla-La Mancha
Cuando se habla de ciudadanía digital en Castilla-La Mancha no solo se hace referencia a utilizar Internet, redes sociales o aplicaciones móviles; se trata de asumir un conjunto de valores, derechos y responsabilidades en el entorno online. La ciudadanía digital implica conocer cómo relacionarse con las administraciones, cómo proteger los datos personales, cómo manejar herramientas TIC básicas y cómo aprovechar los servicios electrónicos disponibles.
Esta idea de ciudadanía digital actúa como un puente hacia un mundo de oportunidades que conecta a las personas con la era digital. En un contexto en el que la tecnología se ha colado en casi todos los ámbitos de la vida diaria, es crucial que toda la población tenga acceso a estas herramientas y a las competencias mínimas para sacarles partido. No se trata solo de comodidad, sino también de igualdad de oportunidades.
En Castilla-La Mancha, la apuesta institucional va dirigida a que nadie se quede fuera por falta de habilidades digitales. Personas que nunca han tramitado nada por Internet, habitantes de pequeños municipios, población en riesgo de exclusión, personas mayores o desempleadas; todos ellos forman parte del foco prioritario de las acciones de formación y apoyo.
Además, la ciudadanía digital tiene una dimensión ética y social: uso responsable y seguro de la tecnología, respeto a los demás en redes sociales, conciencia sobre la huella digital, lucha contra la desinformación y aprovechamiento de la red para participar en la vida pública. Aunque muchos de estos aspectos no siempre se mencionan de forma explícita, forman parte del marco europeo de competencias digitales (DigComp) en el que se inspira la estrategia regional.
Estos valores conectan directamente con iniciativas de sensibilización y difusión, como contenidos en redes sociales y campañas que recuerdan que la ciudadanía digital supone una forma de estar presentes en la sociedad actual de manera activa, crítica y con plenas garantías de derechos en el entorno online.
Plan Regional de Desarrollo en Competencias Digitales
El Gobierno regional, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha puesto en marcha el llamado Plan Regional de Desarrollo en Competencias Digitales. Este plan se ejecuta desde la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha y persigue acompañar y capacitar a la población ante los retos de la transformación digital.
La idea central del plan es que los desafíos que plantea la digitalización necesitan soluciones innovadoras basadas en el desarrollo de capacidades digitales. No basta con desplegar infraestructuras o servicios online; si la ciudadanía no se siente segura o no sabe utilizar estas herramientas, el salto digital queda cojo. Por eso se apuesta por itinerarios formativos, actividades presenciales y online, y apoyo personalizado a distintos perfiles de usuarios.
Dentro de este plan se incluye la dinamización de la formación en áreas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), con un enfoque muy práctico. Se busca que las personas aprendan a manejar servicios como el certificado digital, la firma electrónica, la Carpeta Ciudadana, los sistemas de cita previa online o las gestiones con la Seguridad Social y otras administraciones, de manera que puedan resolver sus trámites cotidianos sin depender siempre de terceros.
El Plan Regional también se alinea con la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, especialmente aquellos relacionados con la reducción de desigualdades, la educación de calidad y la innovación. La adquisición de competencias digitales se entiende como un requisito para que el crecimiento económico sea sostenible, inclusivo y basado en las tecnologías de la información.
Financiado con fondos europeos Next Generation y vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, este conjunto de acciones se integra en el componente 19 relativo a las Competencias Digitales Transversales para la Ciudadanía. Dicho componente remarca la importancia de que la población en general, con independencia de su edad o situación laboral, cuente con habilidades tecnológicas básicas para participar en la sociedad.
Colaboración con la UCLM y certificación en competencias digitales
Uno de los pilares de la estrategia regional es el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo autonómico y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Este convenio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), establece la colaboración para crear y gestionar un sistema de certificación de competencias digitales para la ciudadanía basado en el marco europeo DigComp.
En virtud de este acuerdo, la UCLM se compromete a definir, promover y gestionar un sistema de acreditación en competencias digitales. Esto incluye el diseño de la estructura de niveles, la elaboración de pruebas o exámenes y la gestión de una plataforma tecnológica desde la que se puedan realizar estas certificaciones, siguiendo los estándares europeos.
La universidad también habilitará una plataforma de certificación en competencias digitales y pondrá a disposición el equipamiento necesario para la realización de los exámenes. Para garantizar la cobertura territorial, la UCLM creará Centros Autorizados de Exámenes de Certificación en Competencias Digitales en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha y en Talavera de la Reina, aprovechando sus campus y principales instalaciones.
Este sistema de certificación está alineado con el marco DigComp, que establece varios niveles de competencia digital: desde A1 hasta C2. De esta forma, tanto personas con un nivel básico como usuarios avanzados podrán acreditar oficialmente sus capacidades, lo que resulta muy útil de cara a la empleabilidad, la formación continua y el acceso a distintas oportunidades laborales.
Entre los principales destinatarios de estos exámenes se encuentran las miles de personas que han participado en el Plan de Capacitación Digital a la Ciudadanía impulsado por la Junta. Gracias al convenio con la UCLM, ese aprendizaje se puede traducir en un certificado reconocido, algo especialmente valioso para quienes buscan mejorar su currículum o demostrar su nivel digital ante empresas o administraciones.
Programa de dinamización y red de Puntos de Inclusión Digital
Además de la certificación formal, el Gobierno regional y la UCLM persiguen desarrollar un programa de formación de personas dinamizadoras de la sociedad digital de Castilla-La Mancha. Estas personas dinamizadoras serán profesionales formados específicamente para acompañar a la ciudadanía en el uso de herramientas digitales.
El objetivo es que dichos dinamizadores puedan ejercer su trabajo en la red de Puntos de Inclusión Digital de Castilla-La Mancha, así como en centros de Internet y otros espacios de capacitación digital repartidos por el territorio. Allí ofrecen apoyo directo, resuelven dudas y guían a quienes quieren empezar o mejorar sus competencias.
Los itinerarios formativos que seguirán estas personas dinamizadoras se plantean de manera modular, permitiendo adaptar el contenido a los distintos niveles de competencia de la ciudadanía. Así, se contemplan acciones desde niveles de iniciación (A1, A2) hasta niveles avanzados (C1, C2), siguiendo la estructura marcada por el marco europeo DigComp.
Gracias a esta red, muchas personas de entornos rurales o con dificultades de acceso pueden recibir acompañamiento para aprender a usar servicios digitales básicos, como pedir una cita médica, descargar un certificado, presentar una solicitud o acceder a servicios de empleo. De este modo, se promueve una inclusión digital real, más allá de las grandes ciudades, extendiendo las oportunidades a prácticamente todo el mapa regional.
En paralelo, estos espacios de inclusión digital también funcionan como lugares de referencia donde se difunden contenidos sobre seguridad online, protección de datos, uso responsable de redes sociales o prevención de fraudes, reforzando el lado más preventivo de la ciudadanía digital y fomentando una cultura digital crítica y segura.
Ámbitos en los que se aprovecha la certificación digital
Contar con un certificado oficial de competencias digitales no es solo una cuestión académica; tiene aplicaciones muy concretas tanto en el sector público como en el privado y en el Tercer Sector. Por eso, el Gobierno de Castilla-La Mancha promueve distintos usos de esta acreditación para que tenga un impacto real en la vida de las personas.
En el ámbito público, la certificación puede servir para acceder a empleo público y procesos selectivos, ya sea como requisito específico o como mérito adicional en oposiciones. También es útil para acreditar habilidades necesarias para trabajar con herramientas digitales de la Administración, ya que cada vez más gestiones internas se realizan de forma telemática.
Asimismo, este tipo de certificado puede emplearse para participar en programas sociales o formativos que exijan un nivel mínimo de manejo TIC, o para demostrar que se tiene la capacidad necesaria para realizar determinados trámites o participar en proyectos financiados por la Unión Europea, donde el marco DigComp se utiliza como referencia habitual.
En el sector privado, la certificación digital cobra importancia en la selección y contratación de personal, ya que muchas empresas buscan perfiles con un nivel acreditado de competencias digitales. Disponer de un título reconocido puede convertirse en una ventaja competitiva frente a otros candidatos o incluso en un requisito para ciertos puestos relacionados con la gestión de información, atención online o proyectos tecnológicos.
Para empresas y entidades, la certificación también contribuye a demostrar que cuentan con personal cualificado desde el punto de vista tecnológico, lo que puede resultar clave a la hora de solicitar subvenciones, participar en proyectos o cumplir con normativas que exigen formación específica en materia digital, como parte de sus procesos de calidad o de protección de datos.
En el Tercer Sector (asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro), la acreditación en competencias digitales puede ayudar a justificar ante financiadores la capacitación tecnológica del equipo y de las personas participantes en proyectos. Igualmente, contribuye a impulsar la inclusión digital de colectivos vulnerables, reforzando su participación activa en la vida social y en el acceso a recursos online.
Papel de Bilib y apoyo a la ciudadanía en la era digital
El Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha, más conocido como Bilib, juega un papel clave en este engranaje. Desde este centro se ofrece orientación, recursos formativos y acompañamiento para que cualquier persona, tanto si ya tiene cierta soltura como si parte prácticamente de cero, pueda dar el salto a la digitalización con confianza.
Bilib se centra en la idea de que el desarrollo de competencias digitales básicas es un proceso transformador que permite a la ciudadanía participar de lleno en la sociedad digital. No se limita a impartir cursos, sino que crea materiales, guía a usuarios, colabora con otros agentes y promueve buenas prácticas en el uso de la tecnología.
Un punto importante de su enfoque es que no importa el nivel de experiencia previa: el objetivo es que toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, con independencia de su edad, formación o lugar de residencia, pueda mejorar progresivamente su relación con las herramientas digitales. Desde los primeros pasos con un ordenador hasta el uso eficiente de certificados o la gestión de servicios electrónicos avanzados.
La labor de Bilib también incluye acercar la información sobre cómo obtener y utilizar el certificado digital, uno de los instrumentos más útiles para convertirse en ciudadano digital de pleno derecho. Esta combinación de formación, acompañamiento y recursos en línea contribuye a que muchas personas pierdan el miedo a la tecnología y se animen a usarla en su día a día.
De esta manera, Bilib actúa como un punto de referencia donde la ciudadanía puede encontrar apoyo constante y actualizado para adaptarse a los cambios tecnológicos que se producen a gran velocidad, reforzando la autonomía y la confianza de los usuarios en el entorno digital.
Certificado digital: la llave para gestionar trámites en línea
Dentro de las múltiples herramientas de la ciudadanía digital, el certificado digital ocupa un lugar central. Se trata de un documento electrónico que permite identificar a una persona por Internet con plenas garantías, y que abre la puerta a un gran número de gestiones con las administraciones públicas sin necesidad de desplazarse físicamente.
En Castilla-La Mancha, obtener este certificado desde cualquier punto del territorio es especialmente relevante para quienes viven en municipios pequeños o zonas rurales, donde las oficinas presenciales pueden quedar lejos o requerir largos desplazamientos. Gracias al certificado digital, es posible firmar documentos, presentar escritos, consultar expedientes y realizar trámites de forma segura desde casa.
Aunque el proceso concreto para obtenerlo puede variar según el proveedor (por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o sistemas autonómicos), la idea general es que la ciudadanía cuente con un medio sencillo y accesible para gestionar sus asuntos en línea, ya sea relacionados con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, la Administración regional o los ayuntamientos.
Desde el propio Bilib y otros recursos de la ciudadanía digital de la región se ofrece información paso a paso sobre cómo solicitar, descargar e instalar el certificado digital en distintos dispositivos, así como consejos para su uso seguro y su renovación. Esto evita que las personas se frustren durante el proceso y facilita que el certificado se convierta en una herramienta habitual.
Este tipo de recursos didácticos y de acompañamiento son fundamentales para transformar el certificado digital en algo cotidiano y no en una barrera técnica. Cuando se interioriza su uso, la ciudadanía gana una enorme autonomía para relacionarse con las administraciones y acceder a una larga lista de servicios en línea.
Acceso a servicios digitales y lucha contra la brecha digital
En la actualidad, el acceso a los servicios digitales es prácticamente imprescindible para el día a día: desde pedir una cita médica hasta inscribirse en un curso de formación, solicitar ayudas, presentar documentación o comunicarse con las administraciones. La digitalización de estos procedimientos ha simplificado muchos procesos, pero también puede generar barreras para quienes no manejan bien la tecnología.
Para una parte importante de la población, sobre todo personas mayores o con poca experiencia previa, el mundo digital puede parecer algo complejo e incluso inaccesible. Por este motivo, en Castilla-La Mancha se han desplegado acciones específicas para acompañar a estos colectivos, ofreciéndoles apoyo cercano y formación adaptada a su ritmo de aprendizaje.
La mejora de las capacidades digitales no solo permite usar servicios públicos online, sino también participar en actividades sociales, culturales y laborales que ya se canalizan en gran medida a través de Internet. Desde la búsqueda de empleo hasta la participación en proyectos colaborativos o el acceso a contenidos educativos, las herramientas digitales amplían de forma notable las posibilidades de desarrollo personal y profesional.
En el ámbito de la inclusión, el uso de tecnologías digitales se convierte en un instrumento clave para que colectivos vulnerables puedan romper barreras geográficas, económicas o sociales. El hecho de que se ofrezca formación, certificación y apoyo en toda la región es un paso importante para reducir la llamada brecha digital, que no solo tiene que ver con disponer de conexión, sino también con saber utilizarla.
El compromiso de las instituciones regionales con la ciudadanía digital ayuda a que esta transformación tecnológica no deje a nadie atrás y a que Castilla-La Mancha pueda avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible y basado en el conocimiento, donde las TIC se convierten en aliadas para mejorar la calidad de vida de las personas.
Información, transparencia y protección de datos personales
En todo este ecosistema de formación, certificación y servicios digitales, la protección de datos personales y la transparencia en el tratamiento de la información resultan fundamentales. Cualquier acción que implique la recogida y gestión de datos de la ciudadanía debe cumplir con la normativa vigente y ofrecer garantías claras a los usuarios.
En el caso de iniciativas impulsadas por la Administración regional, como la capacitación digital, la gestión de usuarios de Puntos de Inclusión Digital, centros de Internet y espacios de capacitación, o las actividades de impulso digital, la responsabilidad del tratamiento recae en la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial.
La finalidad principal de este tratamiento es la comunicación, organización y gestión de las actividades vinculadas a la capacitación e impulso digital en Castilla-La Mancha, así como el control de los usuarios que participan en dichos servicios. La legitimación se basa en el artículo 6.1.e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es decir, en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
Además, el tratamiento se ajusta a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Todo ello implica que la gestión de estos datos no se hace con fines comerciales, sino con objetivos relacionados con la mejora de la capacitación digital y el acceso a servicios públicos.
En este marco pueden existir cesiones de datos a determinados destinatarios, siempre dentro de los límites establecidos por la ley y por la finalidad del tratamiento. Las personas interesadas tienen derecho a acceder, rectificar o suprimir sus datos personales, además de otros derechos como la limitación del tratamiento o la oposición, según se detalla en la información adicional disponible en la dirección electrónica oficial de la Junta de Comunidades.
De manera habitual, cuando se recogen datos a través de formularios de contacto o inscripción, se informa de forma clara sobre el responsable, la finalidad, la legitimación, los destinatarios, los derechos y el acceso a esa información adicional, facilitando así un ejercicio efectivo de los derechos de protección de datos por parte de la ciudadanía.
Formularios de contacto, sugerencias y consentimiento expreso
Dentro del ecosistema de ciudadanía digital de Castilla-La Mancha, es frecuente encontrar formularios en línea donde se pueden enviar dudas, sugerencias o solicitudes de información relacionadas con programas de capacitación, actividades o servicios digitales. Estos formularios facilitan la comunicación directa entre la ciudadanía y la Administración.
Normalmente se facilita una sección de “Información general / Sugerencias” donde se invita a las personas a rellenar sus datos y su consulta, indicando que se les contactará posteriormente para dar respuesta. Con este tipo de herramientas se busca una atención más ágil y accesible, evitando desplazamientos y permitiendo que cualquier persona pueda plantear cuestiones desde su propio hogar o desde un punto de acceso público.
Junto a estos formularios se incluye de forma destacada la “Información básica de protección de datos”, donde se detallan todos los aspectos legales relativos al tratamiento de la información personal introducida: quién es el responsable, con qué finalidad se recogen los datos, cuál es la base jurídica que lo permite, si hay cesión a terceros y qué derechos pueden ejercer los interesados.
Además, se incorpora una casilla de verificación que el usuario debe marcar de forma obligatoria para manifestar que da su consentimiento expreso y acepta la política de privacidad y de protección de datos. Esta casilla suele formularse con una frase clara del tipo “Doy mi consentimiento expreso y acepto la política de privacidad y protección de datos”, garantizando así que la persona ha sido informada y acepta las condiciones.
Este procedimiento se enmarca en las obligaciones establecidas por el RGPD y la normativa española, garantizando que la recogida de información a través de la web se realiza de manera transparente, respetuosa con los derechos de la ciudadanía y acorde con las buenas prácticas de la ciudadanía digital responsable que se promueve en toda la región.
La construcción de la ciudadanía digital en Castilla-La Mancha pasa, por tanto, por un conjunto de medidas que combinan formación, certificación, acompañamiento, acceso a servicios en línea y protección de datos, ofreciendo a la población una manera más sencilla, segura y útil de relacionarse con la tecnología y con las administraciones públicas.


