Delitos juveniles: causas, factores de riesgo y prevención

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La conversación social sobre la delincuencia juvenil suele llegar a través de titulares impactantes: agresiones grupales, homicidios cometidos por menores, bandas juveniles… pero, cuando bajamos al detalle, descubrimos un fenómeno mucho más complejo de lo que se ve en las noticias. Entender qué hay detrás de estos comportamientos es clave para poder prevenirlos y actuar con cabeza, y no solo con miedo o venganza.

Lejos de las simplificaciones, la investigación criminológica actual muestra que la delincuencia juvenil es el resultado de la suma de factores personales, familiares, escolares, comunitarios y sociales, que interactúan entre sí a lo largo del desarrollo del menor. No hay una única causa mágica, ni un gen delictivo, ni tampoco un entorno que, por sí solo, condene a nadie a delinquir. El reto es comprender esa red de influencias y ver cómo podemos intervenir a tiempo.

Qué es la delincuencia juvenil y cómo se entiende legalmente

En términos generales, hablamos de delincuencia juvenil cuando un menor de edad comete hechos tipificados como delito o falta en la legislación penal de su país. En muchos sistemas se fija el tramo entre los 12-14 años y los 17-18 años, aunque la edad exacta varía según la normativa concreta. Antes de cierta edad, se considera que el niño o niña carece de madurez suficiente para responder penalmente.

En el ámbito español, la Ley Orgánica 5/2000 regula la responsabilidad penal de los menores. Esta norma se aplica a quienes, en el momento de los hechos, tienen entre 14 y 17 años. Por debajo de los 14 años no se les considera penalmente responsables: se les declara inimputables y solo caben medidas de protección en el sistema de servicios sociales, nunca penas en sentido estricto.

Esta misma Ley diferencia dos tramos de edad: 14-15 años y 16-17 años. Aunque ambos son penalmente responsables, el grado de reproche y la intensidad de las medidas pueden ajustarse teniendo en cuenta el nivel de desarrollo, comprensión y madurez. La idea de fondo es priorizar la función educativa y rehabilitadora del sistema sobre la puramente punitiva.

Cuando el menor es inimputable por edad, la actuación se desplaza al ámbito de protección: el Ministerio Fiscal comunica la situación a la entidad pública de protección de menores para que valore posibles medidas (acogimiento, apoyo familiar, etc.). Al mismo tiempo, en el plano civil, los padres, tutores o guardadores pueden ser responsables de los daños causados, conforme a los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, que establecen la responsabilidad por hechos de quienes están bajo su guarda.

En otros países, como Estados Unidos, el esquema es similar en la base (tribunales específicos de menores con objetivo rehabilitador), pero existe la posibilidad, en delitos especialmente graves o en casos de reincidencia intensa, de “transferir” el caso a la jurisdicción de adultos, con penas mucho más severas y un enfoque menos educativo y más retributivo.

Teorías clásicas y modernas sobre las causas del delito juvenil

Las ciencias sociales y la criminología han formulado múltiples teorías para explicar por qué algunos jóvenes delinquen y otros no, aun viviendo en contextos parecidos. Estas explicaciones, lejos de excluirse, suelen complementarse para ofrecer una visión más completa del fenómeno.

Frente a este enfoque, los planteamientos positivistas y las teorías psicosociales actuales dan mayor peso al entorno sociocultural y a las trayectorias vitales. Se analizan factores como la desestructuración familiar, la pobreza, la cultura del barrio y la sociología urbana, el fracaso escolar, las experiencias de victimización y las dinámicas de grupo, entre otros.

Dentro de estas corrientes, se han propuesto varias teorías específicas que ayudan a entender distintos aspectos de la delincuencia juvenil:

Teoría de la tensión y subculturas delincuentes

La teoría de la tensión, asociada a Robert Merton, sostiene que en las sociedades modernas se promueven metas de éxito (estatus, riqueza, prestigio) para toda la población, pero el acceso legítimo a esos objetivos está desigualmente repartido. Quienes viven en la pobreza o cuentan con escaso capital educativo encuentran mayores obstáculos para lograr esas metas por vías legales.

Según este enfoque, la frustración que generan estas barreras hace que algunos jóvenes recurran a estrategias ilegales como “atajo” hacia el estatus o el dinero. Merton describe varias formas de adaptación a esa tensión: la innovación (aceptar las metas pero usando medios ilegítimos), la retirada (rechazo de metas y medios), el ritualismo (aferrarse a los medios olvidando las metas), la conformidad (aceptar metas y medios socialmente aceptados) y la rebelión (crear nuevas metas y medios alternativos).

Una crítica habitual a esta teoría es que no explica del todo por qué no todos los jóvenes pobres delinquen, ni por qué muchos delitos juveniles carecen de motivación económica aparente, especialmente los de tipo violento. Tampoco aclara por qué algunos chicos con mal desempeño escolar acaban ajustándose a la norma mientras otros derivan hacia el delito.

Relacionadas con la tensión están las teorías de las subculturas delincuentes. Plantean que, ante la dificultad para alcanzar un reconocimiento social “convencional”, ciertos grupos de jóvenes generan subculturas propias con valores alternativos, donde la valentía, la agresividad, la lealtad al grupo o la capacidad para pelear se convierten en rasgos prestigiosos.

En estas subculturas, lejos de ser reprobado, el comportamiento delictivo puede ser un motivo de estatus, por ejemplo en pandillas donde se valora el consumo de drogas, el uso de la violencia o el desafío a la autoridad. Sin embargo, sigue siendo dudoso por qué algunos jóvenes en contextos similares abrazan esos valores subculturales y otros no, o por qué la opción “sustitutiva” que eligen es precisamente la del crimen.

Asociación diferencial, etiquetado y aprendizaje social

Otra línea relevante es la teoría de la asociación diferencial. Aquí el foco está en el grupo de iguales: los jóvenes aprenden técnicas delictivas, actitudes y justificaciones morales del crimen a través del contacto con amigos y compañeros que ya delinquen. Las pandillas actúan como auténticas “escuelas de delito”, donde se enseña qué hacer, cómo hacerlo y por qué “no está tan mal”.

Las teorías del etiquetado añaden un aspecto crucial: una vez que un menor es marcado socialmente como “delincuente” o “problemático”, aumentan las probabilidades de que asuma ese rol como parte de su identidad. La etiqueta puede limitarel acceso a círculos prosociales y reforzar su integración en grupos igualmente estigmatizados, generando una especie de profecía autocumplida.

Los teóricos del etiquetado subrayan que niños varones de clases bajas y ciertos colectivos marginados tienen mayor riesgo de ser etiquetados, en parte porque ya hay más delincuentes detectados en esos grupos y porque sufren más controles formales e informales. Esto no significa que el delito sea una mera invención de las élites, pero sí que el foco policial y mediático suele concentrarse en determinados entornos.

Ronald Akers da un paso más con su teoría del aprendizaje social, que integra la imitación (modelado), el refuerzo diferencial y la valoración social de las conductas. La idea es sencilla: si un comportamiento antisocial recibe más recompensas (estatus, dinero, aprobación del grupo) que castigos, y además se observa en modelos significativos (familia, amigos, referentes del barrio), tiende a repetirse. Los grupos sirven a la vez de ejemplo de conducta y de fuente de normas y valores.

Factores individuales: personalidad, tríada oscura y salud mental

Las teorías psicobiológicas, psicomorales y los modelos de personalidad recuerdan que no todo se explica por el contexto. Existen rasgos personales, disposiciones biológicas y trastornos mentales que influyen en la probabilidad de comportamientos antisociales, especialmente cuando se combinan con entornos de alto riesgo.

Un enfoque actual muy estudiado es el de la tríada oscura de la personalidad, que agrupa tres rasgos: narcisismo, psicopatía y maquiavelismo en niveles subclínicos (es decir, por debajo del umbral de un trastorno clínico). Estas personas, aunque no estén en tratamiento ni en prisión, destacan por relaciones marcadas por la manipulación, la falta de empatía y una sensación de superioridad.

El narcisismo subclínico se evalúa con instrumentos como el Inventario de Personalidad Narcisista (NPI) y se caracteriza por grandiosidad, necesidad de admiración, uso de tácticas manipuladoras y una mezcla de cinismo y vulnerabilidad. No todos los narcisistas delinquen, pero este patrón puede facilitar conductas explotadoras y poco respetuosas con las normas.

La psicopatía subclínica (a veces llamada psicopatía secundaria) suele medirse con herramientas como el Self-Report Psychopathy (SRP-III) o el Inventario de Personalidad Psicopática (PPI). Estos perfiles muestran baja empatía, frialdad afectiva, desprecio por el orden social, tendencia al engaño y mayor probabilidad de conductas antisociales y delictivas, sobre todo cuando se unen a contextos criminógenos.

El maquiavelismo, por su parte, describe a personas con alta inteligencia emocional al servicio de la manipulación. Saben leer muy bien las emociones ajenas pero las usan en su propio beneficio, sin escrúpulos. La investigación evolutiva vincula este rasgo a experiencias tempranas de apego inseguro y carencias afectivas, en las que aprender a manipular se convierte en una estrategia de supervivencia y éxito.

Desde la perspectiva evolucionista, se plantea que ciertos rasgos “difíciles” puedan haberse mantenido porque, en determinados entornos, aumentan la probabilidad de éxito reproductivo o de supervivencia. Esto no justifica moralmente las conductas, pero explica por qué determinados perfiles antisociales siguen presentes en la población.

Junto a estos rasgos, los manuales diagnósticos como el DSM-IV-TR recogen el trastorno de conducta en la infancia y adolescencia, caracterizado por agresividad, violación persistente de normas, crueldad con personas o animales, destrucción de la propiedad y engaño. Muchos menores delincuentes reincidentes reúnen estos criterios y, si no se interviene a tiempo, tienen un riesgo elevado de evolucionar hacia un trastorno antisocial de la personalidad en la edad adulta.

La investigación con cohortes de jóvenes delincuentes muestra que un pequeño porcentaje de infractores crónicos es responsable de una proporción enorme de los delitos graves. En estudios con miles de adolescentes, apenas un 6 % acumulaba más de cinco detenciones pero concentraba más de la mitad de los hechos delictivos y una mayoría de homicidios y agresiones graves. Algo similar se ha observado en muestras adultas: un 1 % de varones puede explicar más de la mitad de la criminalidad registrada.

Modelos del desarrollo delictivo: Moffitt, Farrington y Redondo

La criminología del desarrollo se centra en cómo evoluciona la conducta antisocial a lo largo del ciclo vital. Tres aportaciones muy influyentes son la taxonomía de Terrie Moffitt, la teoría integradora de David Farrington y el Modelo del Triple Riesgo Delictivo de Santiago Redondo.

Moffitt distingue dos grandes grupos de infractores: los infractores persistentes a lo largo de la vida y los infractores limitados a la adolescencia. Los primeros suelen iniciar problemas de conducta muy pronto (antes de la escuela primaria), mostrar gran versatilidad delictiva (robo, violencia, consumo de drogas, vandalismo…) y seguir delinquiendo en la edad adulta. Se asocian a déficit neuropsicológicos, pautas de crianza inadecuadas, pobreza, rechazo escolar y amistades problemáticas.

Los infractores limitados a la adolescencia, en cambio, representan la mayoría de jóvenes que delinquen. Tienen un desarrollo neurológico normal, muestran conductas transgresoras ligadas a la búsqueda de autonomía y de “estatus adulto” (consumo de alcohol, pequeños robos, peleas, conducción temeraria…) y tienden a abandonar estos comportamientos cuando aparecen recompensas prosociales más estables: pareja, trabajo, estudios, proyectos vitales.

Farrington, por su parte, habla de potencial antisocial a largo y corto plazo. El potencial a largo plazo sería la predisposición estable del individuo a implicarse en comportamientos antisociales, influida por el estilo de socialización, los vínculos con padres prosociales, la exposición a modelos delictivos y el nivel de impulsividad. El potencial a corto plazo tiene que ver con factores situacionales que suben o bajan la “energía criminal” en momentos concretos: aburrimiento, enfado, consumo de sustancias, compañía de amigos, oportunidades claras para delinquir.

Según este enfoque, la decisión de cometer un delito surge de la interacción entre esa predisposición y una evaluación económica básica de costes y beneficios: si en una situación concreta el joven percibe que la ganancia (dinero, diversión, estatus) supera al riesgo (ser detenido, sancionado, rechazado) y dispone de las habilidades necesarias, la probabilidad de que actúe se dispara.

El Modelo del Triple Riesgo Delictivo de Redondo organiza los factores de riesgo en tres grandes bloques: riesgos personales, riesgos en el apoyo prosocial y riesgos en las oportunidades delictivas. Cada factor se concibe como una dimensión continua (por ejemplo, impulsividad-autocontrol, o vínculos familiares débiles-vínculos fuertes). Cuanto más se acumulan los polos negativos (alta impulsividad, baja supervisión parental, entorno barrial violento, muchas oportunidades para delinquir), mayor es el riesgo global de conductas antisociales.

Factores de riesgo: del individuo al barrio

Los estudios empíricos coinciden en que no existe un único factor causante de la delincuencia juvenil. Lo determinante es la acumulación de varios riesgos en distintos ámbitos del desarrollo del menor. Estos ámbitos suelen agruparse en cinco grandes bloques: individual, familiar, iguales, escolar y comunitario/socioeconómico.

En el plano individual hay que mencionar el consumo de drogas y alcohol, determinados rasgos de personalidad (baja tolerancia a la frustración, agresividad, ansiedad mal gestionada, escasa inteligencia emocional y social), dificultades cognitivas y problemas de salud mental como el trastorno de conducta. También influyen factores biológicos vinculados al sistema hormonal y endocrino.

En el ámbito familiar son críticos elementos como la ausencia de límites claros y supervisión, pautas educativas contradictorias entre progenitores, estilos de crianza negligentes o excesivamente autoritarios, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, consumo de sustancias o conducta delictiva de los padres, así como separaciones mal resueltas y convivencias inestables (estar a cargo de familia extensa, instituciones, etc.).

En la relación con iguales pesa tanto el tener muy pocos apoyos sociales como el integrarse en grupos que realizan actos delictivos. Muchos delitos juveniles se cometen en compañía de amigos o pandillas, donde la presión del grupo, el deseo de aceptación y la imitación de modelos “duros” o “valientes” juegan un papel central.

En el ámbito escolar aparecen factores como el fracaso académico, las dificultades de aprendizaje, el absentismo reiterado o el abandono prematuro, así como centros educativos sin reglas claras ni proyectos integrales de convivencia. La sensación de desconexión con la escuela, de no entender nada o de que lo que se enseña no tiene que ver con la realidad, suele alimentar la desafección y dejar más espacio a la calle y a las pandillas.

Por último, en el plano social y económico destacan el bajo nivel de ingresos familiares, vivir en barrios deteriorados con altos índices de violencia e inseguridad ciudadana y desempleo, el estigma hacia minorías étnicas o familias monoparentales, la falta de oportunidades de empleo, educación, cultura y deporte, y el fácil acceso a drogas y armas. Todo ello configura un caldo de cultivo que, sumado a factores personales y familiares, puede derivar en trayectorias delictivas.

Bandas juveniles y capital social: entre pertenencia y violencia

La pertenencia a pandillas o bandas juveniles se ha consolidado como uno de los fenómenos más visibles y mediáticos dentro de la delincuencia juvenil. Las investigaciones muestran que la delincuencia suele preceder al ingreso en la banda; es decir, la mayoría de jóvenes que entran ya habían realizado actos delictivos con anterioridad.

Una revisión internacional de estudios en varios países y en el Caribe ha identificado factores asociados a la afiliación a pandillas en cinco esferas: individual (delincuencia previa, consumo de sustancias), pares (amigos que ya pertenecen a bandas), familia (baja supervisión parental), escuela (desvinculación, fracaso) y comunidad (barrios violentos, falta de oportunidades). Sin embargo, el número de investigaciones aún es reducido y las conclusiones son provisionales.

En España, los datos del Ministerio del Interior reflejan que el número de bandas juveniles vigiladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha aumentado en los últimos años, con centenares de grupos identificados. Entre ellos destacan bandas de extrema izquierda, de extrema derecha, bandas latinas y grupos vinculados a violencia en el ámbito deportivo. La franja de edad dominante va de los 12 a los 24 años, con presencia mayoritaria masculina.

Resulta llamativo que, a pesar de la asociación entre pandillas y violencia, estas estructuras pueden ofrecer a algunos jóvenes cierto capital social y sentimiento de pertenencia que no encuentran ni en su familia ni en la escuela. Proporcionan identidad, protección y, en ocasiones, recursos materiales. Precisamente por eso, las intervenciones efectivas no se limitan a desarticular bandas, sino que buscan ofrecer alternativas de pertenencia prosocial.

Delitos más habituales entre menores

Aunque los jóvenes pueden cometer prácticamente cualquier tipo de delito recogido en el Código Penal (como los adultos), existen ciertos patrones de criminalidad juvenil que se repiten con mayor frecuencia en distintas regiones, y la investigación forense mediante criminalística y ciencias forenses resulta clave para esclarecer muchos de ellos.

Dentro de los delitos contra las personas destacan las agresiones, peleas, asaltos, episodios de bullying grave, abusos y agresiones sexuales, y en casos extremos, homicidios. Suelen estar ligados a conflictos entre iguales, disputas de bandas, venganza, demostraciones de fuerza o consumo de sustancias.

En los delitos contra la propiedad encontramos con mucha frecuencia el vandalismo, los allanamientos y los hurtos (por ejemplo, robo de móviles, bicicletas, pequeños objetos en comercios), así como robos con violencia o intimidación y robo de vehículos. En algunos contextos, estos actos se relacionan con la necesidad económica; en otros, con el afán de estatus o diversión.

También se observan delitos contra la salud pública, principalmente por posesión, distribución o, en menor medida, fabricación de drogas. En muchas ocasiones el límite entre consumo, pequeño tráfico para financiarse y participación en redes delictivas más amplias es difuso.

Otro bloque son los delitos que alteran el orden público, como embriagarse en la vía pública, generar ruidos excesivos, participar en disturbios o desobedecer a agentes de la autoridad. Aunque se perciban como “trastadas de adolescentes”, forman parte del catálogo penal.

Finalmente, están los llamados delitos de estatus, que solo se aplican a menores: faltar de forma reiterada a la escuela (absentismo), huir del domicilio, consumo de alcohol o tabaco por debajo de la edad legal, violencia filio-parental y otras conductas que, en un adulto, no serían delito o tendrían otra consideración jurídica.

Panorama internacional: datos y tendencias

Las estadísticas disponibles muestran que, aunque los medios a menudo transmiten la sensación de una ola imparable de delincuencia juvenil, las cifras no siempre respaldan ese alarmismo. En muchos países se han observado descensos o estabilizaciones en los últimos años, con oscilaciones puntuales.

En México, por ejemplo, las causas penales iniciadas contra adolescentes alcanzaron un máximo en torno a 2011 y luego experimentaron un descenso sostenido durante la década siguiente. Entre los jóvenes internados, la edad se concentra mayoritariamente en torno a los 16-18 años, con niveles educativos en su mayoría de secundaria, y con un perfil delictivo donde predominan el robo con violencia, el homicidio, la tenencia de armas, el robo de vehículos, el secuestro, los delitos contra la salud y la delincuencia organizada.

La Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal mexicano refleja una notable sobrerrepresentación masculina y una concentración territorial del fenómeno en unos pocos estados con fuertes dinámicas de violencia. Al mismo tiempo, se evidencia la importancia de adaptar la justicia penal a la infancia y adolescencia, siguiendo las orientaciones de la Corte Suprema, la Corte Interamericana y diversos instrumentos internacionales.

En Perú, el sistema legal no etiqueta a los menores como “delincuentes”, sino como infractores de la ley penal. El fenómeno del pandillaje juvenil está muy ligado a contextos urbanos marginales, desigualdad, precariedad material y falta de oportunidades. Los datos de los centros juveniles muestran una mayoría abrumadora de varones, un porcentaje significativo de jóvenes que ya han cumplido la mayoría de edad pero siguen internos por hechos cometidos siendo menores, y una creciente proporción de infracciones contra el patrimonio y por tráfico de drogas.

En España, los datos del Instituto Nacional de Estadística evidencian variaciones anuales pero, en términos generales, no corroboran una explosión descontrolada de la delincuencia juvenil. Lo que sí se observa claramente es una predominancia masculina en los hechos delictivos y una mayor incidencia en los tramos de edad más cercanos a la mayoría de edad penal.

Prevención: primaria, secundaria y terciaria

La prevención de la delincuencia juvenil abarca todas las iniciativas orientadas a reducir la probabilidad de que los jóvenes se impliquen en actividades criminales o antisociales. Dado que intervienen múltiples factores, las respuestas efectivas también deben ser múltiples, coordinadas y sostenidas en el tiempo.

La prevención primaria se dirige al conjunto de la población infantil y juvenil y busca reducir riesgos y potenciar factores protectores antes de que aparezcan conductas de riesgo. Incluye programas para desarrollar competencias cognitivas y sociales, reforzar la autoestima, fomentar la creatividad y el talento, mejorar la motivación académica y promover relaciones positivas entre iguales y en la familia.

La prevención secundaria o selectiva se centra en menores ya identificados como en situación de riesgo (agresividad temprana, problemas de crianza, primeros episodios de absentismo, grupos de iguales problemáticos). Aquí es crucial intervenir pronto y de forma continuada, especialmente en la familia y el entorno escolar y comunitario.

La prevención terciaria se dirige a jóvenes que ya han desarrollado conductas delictivas. En este nivel se aplican programas intensivos, multidimensionales y de larga duración, que implican a la familia, la escuela, los servicios sociales y la comunidad. Su objetivo central es evitar la reincidencia, facilitar la reinserción social y construir un proyecto de vida alejado del delito.

La evidencia disponible indica que las estrategias con mayor impacto son aquellas que abordan directamente los factores de riesgo criminógeno (cogniciones antisociales, vínculos prodelictivos, historia personal de conducta antisocial, rasgos de personalidad problemáticos) y que trabajan con equipos interdisciplinares: psicología, criminología, trabajo social, educación, derecho, etc.

Programas, errores frecuentes y papel de los medios

Algunos programas muy conocidos, como los de tipo “Scared Straight” (llevar a menores a cárceles de adultos para que vean lo duro que es y se asusten), han sido evaluados rigurosamente. Las revisiones sistemáticas muestran que, en lugar de reducir la delincuencia, pueden aumentarla respecto a no hacer nada, probablemente por efectos de imitación, refuerzo del rol de “duro” o normalización del entorno carcelario.

Algo similar ocurre con medidas como los toques de queda juveniles, que prohíben a los menores estar en la calle a determinadas horas. Los estudios realizados en Estados Unidos no encuentran reducciones claras ni en la delincuencia ni en la victimización, y además plantean conflictos con ciertos derechos fundamentales. La delincuencia juvenil tiende, además, a concentrarse más en las franjas cercanas al horario escolar que en la madrugada.

Frente a estas estrategias de dudosa eficacia, tienen mejor respaldo las intervenciones psicoeducativas estructuradas, como las propuestas por Andrews y Bonta, que combinan entrenamiento en habilidades de comunicación, responsabilidad familiar, motivación de logro, desarrollo moral y resolución de problemas, control de la ira y regulación emocional, y prevención de recaídas mediante la generalización de los logros terapéuticos al contexto real.

En paralelo, el papel de los medios de comunicación es decisivo. La exposición constante a la violencia mediática puede normalizar la agresividad y desensibilizar emocionalmente a niños y adolescentes. No se trata de censurar todo, pero sí de que familias, escuelas y medios asuman responsabilidad en el filtrado de contenidos y en la educación crítica frente a lo que se consume.

La normativa internacional, como las Directrices de la ONU para la prevención de la delincuencia juvenil, insiste en la obligación de los Estados de desarrollar planes y programas integrales que protejan a niños y jóvenes en riesgo social (abandono, abusos, vida en la calle, pobreza extrema), garantizando acceso a salud (incluida salud mental y tratamiento de adicciones), educación en valores y derechos humanos, vivienda digna y participación comunitaria.

En ese sentido, el trabajo coordinado entre administraciones, sistema educativo, servicios sanitarios, entidades sociales y comunidad es lo que permite construir entornos donde sea más fácil que un joven elija caminos prosociales y más costoso, en todos los sentidos, abrazar la carrera delictiva. Cuando la prevención falla y se llega al delito, todavía hay margen de maniobra, pero la intervención se vuelve más compleja y costosa.

Al final, la delincuencia juvenil funciona como un termómetro de la salud de una sociedad: cuanto más cohesionada, equitativa y capaz de ofrecer oportunidades reales sea, menor será el número de menores que crucen la línea del delito de forma grave y persistente; y cuando eso ocurra, más probable será que encuentren una segunda oportunidad y no se conviertan en delincuentes de por vida.