- El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y las convocatorias de Red.es han impulsado decenas de proyectos urbanos con más de 200 millones de euros.
- Fondos europeos como Digital Europe, CEF y el PRTR financian gemelos digitales, movilidad sostenible e infraestructuras inteligentes.
- El programa RedCyTI prioriza la smart economy, cofinanciando entre el 40 % y el 85 % proyectos de 1,5 a 6 millones de euros.
- Las propuestas más competitivas combinan impacto climático, gobernanza de datos robusta y consorcios público‑privados bien estructurados.
La financiación de ciudades inteligentes se ha convertido en uno de los grandes campos de juego donde se cruzan administraciones públicas, empresas tecnológicas, operadores de transporte, sector energético y hasta la ciudadanía a través de nuevas fórmulas como el crowdfunding. Lejos de ser una moda pasajera, hablamos de un eje clave para transformar la manera en que vivimos, nos movemos y consumimos energía en las urbes.
En España y en la Unión Europea se ha configurado un auténtico ecosistema de programas, ayudas y fondos que van desde pequeñas pruebas de concepto en barrios concretos hasta grandes proyectos de gemelos digitales urbanos, movilidad conectada o rehabilitación energética masiva. Entender cómo se articula toda esta financiación, qué tipos de proyectos encajan mejor y qué criterios se valoran es fundamental para no quedarse fuera del reparto de oportunidades que se abre de aquí a los próximos años.
Qué entendemos por financiación de ciudades inteligentes
Cuando hablamos de financiación para smart cities nos referimos al conjunto de recursos económicos —públicos y privados— destinados a desplegar tecnologías digitales, infraestructuras y nuevos modelos de gestión urbana que mejoran la calidad de vida, la sostenibilidad y la eficiencia de los servicios municipales. No se trata solo de comprar sensores o plataformas de datos vinculados al Internet de las cosas, sino de impulsar transformaciones profundas en la forma en que se gestiona la ciudad.
Esta financiación permite poner en marcha proyectos que van desde la movilidad urbana sostenible (vehículos eléctricos, transporte público inteligente, intermodalidad) hasta la gestión eficiente de la energía y del agua, pasando por la digitalización de la administración local, la gobernanza de datos o la creación de espacios de innovación donde empresas y administración co-creen nuevas soluciones.
Un rasgo cada vez más importante es la diversificación de las fuentes de financiación. Además de las subvenciones tradicionales, hoy entran en juego mecanismos como proyectos de colaboración público‑privada, instrumentos financieros de la UE, fondos verdes, inversión privada especializada en impacto y, en determinados casos, esquemas de crowdfunding para proyectos muy concretos de barrio o distrito.
En este contexto, tienen un peso especial las llamadas finanzas verdes aplicadas a ciudades inteligentes, donde se priorizan inversiones que contribuyen a reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética, potenciar las energías renovables y fomentar modelos urbanos más resilientes y proteger el medio ambiente. La etiqueta “verde” ya no es un adorno: influye de lleno en el acceso a determinados fondos y en la valoración de los proyectos.
La disponibilidad de financiación, por tanto, es la condición necesaria para poder desplegar tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras en ámbitos como smart grids, alumbrado inteligente, edificios eficientes o sistemas avanzados de análisis de datos que permiten a los ayuntamientos tomar decisiones basadas en evidencia y no solo en intuiciones.
El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y las primeras convocatorias
Uno de los grandes puntos de partida en España ha sido el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, la apuesta estratégica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para consolidar una industria tecnológica propia y ayudar a los municipios en su transición hacia ciudades y destinos inteligentes. Este plan ha ido acompañándose de convocatorias específicas, gestionadas fundamentalmente por Red.es y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Dentro de este marco se lanzaron tres grandes líneas iniciales: la Primera Convocatoria de Ciudades Inteligentes, la Segunda Convocatoria de Ciudades Inteligentes y la específica de Islas Inteligentes. Cada una tuvo objetivos y ámbitos geográficos ligeramente distintos, pero todas compartían la lógica de impulsar proyectos demostradores a escala ciudad o territorio.
La primera convocatoria se publicó en junio de 2014 con un presupuesto de 15 millones de euros. Se dirigía exclusivamente a los 104 municipios de más de 20.000 habitantes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Los ayuntamientos, de forma individual o agrupada, podían presentar proyectos con un presupuesto máximo de un millón de euros por ciudad, y Red.es cubría entre el 60 % y el 80 % del coste elegible.
A esta llamada respondieron decenas de municipios, y se tuvieron en cuenta 37 propuestas (individuales y conjuntas) que representaban a un total de 49 localidades. Finalmente se aprobaron 11 iniciativas —7 en Andalucía, 2 en Castilla‑La Mancha y 2 en Extremadura— con actuaciones en 24 municipios y una inversión global de 13,8 millones de euros, lo que muestra ya una capacidad de arrastre importante sobre el territorio.
En términos de volumen económico, los proyectos de esta primera oleada se repartieron de la siguiente manera: Andalucía sumó 9.543.984,06 €, Castilla-La Mancha alcanzó 1.799.333,57 € y Extremadura llegó a 2.450.684,27 €. Estas cantidades permitieron financiar actuaciones variadas, desde plataformas de ciudad y sistemas de gestión inteligente hasta soluciones de turismo o servicios públicos digitales avanzados.
Un año después, en julio de 2015, se lanzó la Segunda Convocatoria de Ciudades Inteligentes con un salto cuantitativo notable: partió de 48 millones de euros y acabó ampliándose hasta los 63 millones. En este caso, la convocatoria se abrió a los municipios de más de 20.000 habitantes de todas las comunidades autónomas, eliminando el foco exclusivo en ciertas regiones.
La respuesta fue masiva: se registraron 108 proyectos por un valor de 261 millones de euros, muy por encima de la dotación disponible. Tras el proceso de evaluación se seleccionaron 14 iniciativas que movilizaron los 63 millones previstos, aportados mayoritariamente por el Ministerio a través de Red.es y el FEDER, mientras que las entidades locales asumieron entre el 30 % y el 40 % de la cofinanciación.
La distribución territorial de los proyectos de esta segunda convocatoria refleja bien la capilaridad del programa: Andalucía recibió 4.847.608,63 €, Asturias 7.386.118 €, Canarias 7.974.360,82 €, Cantabria 6.675.000,61 €, Castilla y León 9.245.238,96 €, la Comunidad Valenciana 8.940.844,05 €, Extremadura 3.782.805,29 €, Galicia 4.112.801 €, la Región de Murcia 7.999.018,82 € y un bloque etiquetado como “Otros” concentró 2.090.461,80 €.
Paralelamente se activó la Convocatoria de Islas Inteligentes, diseñada para territorios insulares donde el aislamiento geográfico penaliza el desarrollo económico, la calidad de vida y el nivel de los servicios públicos. Aquí el foco estaba en aprovechar las TIC para mejorar servicios a ciudadanos y visitantes y promover un desarrollo sostenible y eficiente.
En el marco de esta línea, Islas Baleares dispuso de 8.876.245 € y Canarias de 10.409.203 €. Estos recursos se orientaron a actuaciones como plataformas turísticas avanzadas, gestión inteligente de recursos naturales, movilidad sostenible en entornos insulares y servicios digitales de atención ciudadana pensados tanto para residentes como para turistas.
Programas europeos y nacionales clave para 2025-2026
Más allá de estas primeras convocatorias, el panorama actual de financiación para ciudades inteligentes y movilidad sostenible es mucho más amplio. A nivel europeo, varios programas concentran inversiones significativas en digitalización, transporte inteligente y descarbonización, y marcan buena parte de la agenda de proyectos que veremos aterrizar en las ciudades entre 2025 y 2026.
Uno de los más relevantes es el Digital Europe Programme, que destina partidas específicas a desplegar capacidades digitales avanzadas en administraciones públicas y empresas: inteligencia artificial, servicios cloud, soluciones para gemelos digitales urbanos, plataformas de datos y servicios transfronterizos. Para el periodo 2025-2027, este programa dispone de un presupuesto de alrededor de 1.300 millones de euros en líneas vinculadas a estas tecnologías, lo que abre un abanico enorme para proyectos de gestión urbana basada en datos o sistemas ITS (Intelligent Transport Systems).
En el ámbito de las infraestructuras y la conectividad, el Mecanismo Conectar Europa (CEF) financia proyectos transeuropeos de transporte inteligente, corredores logísticos sostenibles y mejoras en la interoperabilidad entre modos. España obtuvo en la convocatoria de 2024 del CEF unos 42,1 millones de euros para avanzar hacia una red de transporte más eficiente y descarbonizada, lo que genera oportunidades para operadores de movilidad, integradores de sistemas y administraciones implicadas en proyectos con dimensión transfronteriza.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), alimentado por los fondos NextGenerationEU, sigue jugando un papel central. A 30 de junio de 2025 se habían ejecutado 245,9 millones de euros en proyectos de transporte sostenible y digitalización, con una presencia notable de empresas privadas que desarrollan soluciones de movilidad, gestión de datos, electrificación de flotas o infraestructura de recarga inteligente.
En el plano nacional, España ha puesto en marcha programas específicos para ciudades y territorios inteligentes, entre ellos el Programa de Impulso a las Ciudades y Territorios Inteligentes para el Fomento del Desarrollo Económico y Productivo, gestionado por Red.es. Este programa moviliza unos 87 millones de euros para infraestructuras tecnológicas urbanas: laboratorios urbanos, sandboxes, centros de experimentación y plataformas de ciudad, con proyectos que suelen oscilar entre 1,5 y 6 millones de euros.
Estas líneas nacionales suelen exigir que los proyectos integren inteligencia artificial y gemelos digitales, se desarrollen en entornos reales (living labs urbanos) y contribuyan de forma clara al desarrollo económico local, el empleo y la mejora de la competitividad de las pymes. El papel de las entidades locales como promotoras y anfitrionas de estos demostradores resulta fundamental para articular bien la propuesta.
RedCyTI y el foco en la smart economy
Entre las iniciativas más recientes destaca el programa RedCyTI, una línea de ayudas dotada con 89 millones de euros y gestionada por Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización. La orden de bases ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, y la convocatoria de proyectos se tramita a través de la sede electrónica de Red.es.
RedCyTI se centra específicamente en reforzar la digitalización del desarrollo económico local, el empleo y el emprendimiento, dentro del marco general de ciudades y territorios inteligentes. La novedad de este programa es que pone el foco casi exclusivamente en la dimensión denominada “smart economy”, una de las seis patas del modelo de ciudad inteligente junto con calidad de vida (Living), participación ciudadana (People), sostenibilidad (Environment), movilidad (Mobility) y gobernanza (Governance).
Según la definición de la Comisión Europea, una ciudad o territorio inteligente busca mejorar el bienestar de habitantes, empresas, visitantes y administraciones ofreciendo servicios digitales que contribuyen a una mejor calidad de vida. RedCyTI baja esa visión al terreno económico, respaldando proyectos municipales y regionales que utilicen la tecnología como palanca para dinamizar el tejido empresarial y el talento emprendedor.
En el marco del programa, Red.es puede financiar entre el 40 % y el 85 % del coste de cada proyecto, combinando fondos propios y FEDER. Las iniciativas deben encajar en un rango de presupuesto global de entre 1,5 y 6 millones de euros, y el porcentaje concreto de cofinanciación dependerá de la comunidad autónoma de origen, siguiendo el mapa de ayudas regionales europeo.
Los potenciales beneficiarios de estas ayudas son las entidades locales —ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, comarcas—, así como las comunidades autónomas uniprovinciales. Su papel consiste en proponer infraestructuras y servicios tecnológicos que faciliten la experimentación y el despliegue de soluciones para sectores económicos estratégicos de su territorio.
Entre las actuaciones financiables destacan la creación o refuerzo de infraestructuras tecnológicas y de los servicios asociados para sectores clave: desde la movilidad hasta la energía, pasando por la agricultura, la ganadería o la pesca. Se promueve, por ejemplo, la puesta en marcha de laboratorios urbanos de innovación, espacios de prueba o sandboxes para vehículos conectados y autónomos, drones o soluciones logísticas avanzadas.
También se consideran elegibles infraestructuras destinadas a probar y desarrollar tecnologías aplicadas a sectores primarios como la agricultura, la pesca o la ganadería, o a ámbitos energéticos, siempre que exista un claro vínculo con el desarrollo de la economía local y el empleo. El fortalecimiento del ecosistema sectorial —empresas, centros tecnológicos, universidades, clústeres— es un criterio especialmente bien valorado.
Las ayudas de RedCyTI se conceden en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que los proyectos compiten entre sí y se ordenan según una puntuación. En la evaluación se tienen en cuenta el grado de madurez digital de la entidad solicitante, el impacto económico y social previsto, la sostenibilidad de las actuaciones a largo plazo y la calidad de la propuesta técnica. Una vez seleccionados, los proyectos son licitados y ejecutados por la propia Red.es.
Con este programa, el Gobierno refuerza la trayectoria iniciada con el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes de 2015. Desde la aprobación de dicho plan se han canalizado más de 200 millones de euros, cofinanciados por FEDER, hacia 59 iniciativas repartidas por todo el país: 25 ciudades, 24 destinos turísticos, 7 edificios y 3 islas. Además, Red.es mantiene una colaboración constante con la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para seguir consolidando el modelo.
Oportunidades para empresas tecnológicas y de movilidad
Todo este entramado de fondos genera un amplio abanico de oportunidades prácticas para empresas que desarrollan soluciones de ciudad inteligente, especialmente en los ámbitos de datos, infraestructura digital y movilidad sostenible. El cruce entre programas europeos (Digital Europe, CEF, PRTR) y líneas nacionales como RedCyTI permite plantear proyectos con una combinación potente de subvenciones y cofinanciación privada.
Para las compañías tecnológicas, una ruta habitual es participar como proveedor en consorcios liderados por administraciones locales, que necesitan socios especializados para desplegar sandboxes, living labs o plataformas urbanas. En otros casos, las empresas pueden liderar proyectos de I+D junto a universidades y centros tecnológicos, utilizando a las ciudades como entornos de demostración a escala real.
Muchas convocatorias también contemplan líneas más cercanas al mercado para el despliegue de soluciones digitales maduras que mejoren la eficiencia operativa de servicios urbanos: gestión de flotas, optimización de rutas de transporte, sistemas de pago integrados, plataformas de datos abiertos, cuadros de mando para la gestión energética o soluciones de seguridad y ciberseguridad urbana.
Las empresas de movilidad, en particular, encuentran una ventana de oportunidad si plantean soluciones que integren baterías, recarga inteligente, electrificación de flotas y sistemas de interoperabilidad multimodal (billete único, información en tiempo real, gestión de la demanda). Los proyectos que demuestran reducciones claras de emisiones, de congestión viaria o mejoras en seguridad vial suelen sumar puntos extra en las convocatorias orientadas a transporte sostenible.
Además, en paralelo a las subvenciones directas, las finanzas verdes y los instrumentos de inversión sostenible están empezando a canalizar capital hacia proyectos de smart grids, energías renovables urbanas, rehabilitación energética de edificios o soluciones de gestión ambiental. Es el caso de iniciativas como OPENGELA, que impulsa un servicio integral de rehabilitación de viviendas privado, económicamente viable, escalable y replicable, con especial foco en mejorar la eficiencia de los edificios residenciales.
No hay que olvidar que la participación en estos proyectos no solo aporta financiación, sino también visibilidad y posicionamiento estratégico en el mercado de las smart cities, lo que facilita el acceso a nuevas licitaciones, acuerdos comerciales y escalado de soluciones a otras ciudades y países.
Cómo diseñar propuestas competitivas de financiación
A la hora de preparar una propuesta, uno de los factores decisivos es la alineación con las prioridades del financiador. Los evaluadores suelen prestar mucha atención al impacto climático del proyecto (reducción de emisiones, eficiencia energética), a su escalabilidad (capacidad para replicarse en otras ciudades), a la interoperabilidad técnica y a la coherencia con los planes urbanos existentes (planes de movilidad sostenible, estrategias climáticas, agendas digitales).
En paralelo, es clave construir consorcios bien equilibrados. Un esquema típico incluye como mínimo a la administración local o regional que actúa como anfitriona del proyecto; uno o varios proveedores tecnológicos; un operador de transporte o energía, si el proyecto lo requiere; y un socio especializado en evaluación, como una universidad o un centro tecnológico. Esta mezcla facilita cubrir todas las fases: diseño, despliegue, operación, análisis de impacto y replicabilidad.
Otro elemento ya ineludible es el plan de datos y gobernanza de la innovación. Las propuestas deben explicar cómo se van a gestionar los datos: interoperabilidad entre sistemas, estándares abiertos, protección de datos personales, ciberseguridad y modelos de compartición de información entre actores públicos y privados. Un enfoque robusto en este ámbito aporta mucha confianza al evaluador, sobre todo en proyectos que manejan datos sensibles de ciudadanía o movilidad.
En términos financieros, la propuesta tiene que detallar con claridad la estructura de cofinanciación: porcentaje que se solicita al programa, aportación propia de cada socio, posibles fondos regionales complementarios e incluso inversión privada adicional. Para convocatorias como las de Red.es o CEF, suele ser muy útil adjuntar cartas de compromiso de la autoridad local, estudios de viabilidad y memorias técnicas de los pilotos.
Por último, conviene definir desde el principio indicadores de impacto concretos: toneladas de CO₂ evitadas, ahorro energético, reducción de tiempos de viaje, costes por viajero‑kilómetro, creación de empleo directo e indirecto o mejoras en la accesibilidad para colectivos vulnerables. Estos indicadores no solo ayudan a ganar puntos en la evaluación, sino que facilitan enormemente la justificación posterior del proyecto.
Apoyo institucional, networking y buenas prácticas
Más allá de la financiación en sí, las entidades interesadas en impulsar proyectos de ciudades inteligentes disponen de varios canales de apoyo y acompañamiento. A nivel europeo, la Comisión y las agencias ejecutivas organizan Info Days, jornadas sobre convocatorias y eventos de brokerage en los que se presentan ideas de proyecto y se buscan socios internacionales.
En cada país, los Puntos Nacionales de Contacto (NCP) actúan como ventanillas de asesoramiento, ayudando a interpretar las bases, aclarar criterios técnicos y revisar propuestas antes de su presentación. En España, además, redes como la RECI y entidades colaboradoras prestan apoyo específico a los municipios que se inician en este tipo de proyectos europeos y nacionales.
Una buena práctica que suele marcar la diferencia es documentar desde las primeras fases la replicabilidad y el modelo de negocio post‑proyecto. Es decir, cómo se va a mantener la solución cuando termine la subvención, qué esquema de ingresos o ahorros la sostendrá, qué costes de operación y mantenimiento se prevén y cómo se planea escalarla a otros barrios o municipios.
En paralelo, es recomendable que las ciudades identifiquen claramente sus sectores estratégicos de aplicación —por ejemplo, movilidad, turismo, energía, agricultura— y orienten sus propuestas de infraestructuras tecnológicas hacia esos ámbitos, de manera que se generen sinergias entre la inversión pública y las necesidades reales de las empresas locales y la ciudadanía.
Organizaciones con experiencia en la preparación de proyectos de smart cities y movilidad sostenible pueden aportar un valor añadido importante, ayudando a traducir las ideas de las ciudades en propuestas sólidas, bien alineadas con las prioridades de cada programa y con una narrativa convincente tanto desde el punto de vista técnico como socioeconómico.
Con todo este entramado de fondos, programas, convocatorias y agentes, la financiación de ciudades inteligentes se configura como un campo complejo pero lleno de oportunidades para quienes sepan moverse con agilidad. Conocer las principales líneas de ayuda, diseñar proyectos sólidos con impacto real y construir alianzas estratégicas entre administraciones, empresas y centros de conocimiento es lo que marca la diferencia entre una buena idea que se queda en un cajón y una transformación urbana que se hace realidad sobre el terreno.
- Impulso institucional sólido a través del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y programas como RedCyTI, con más de 200 millones de euros movilizados.
- Amplio abanico de fondos europeos y nacionales (Digital Europe, CEF, PRTR, Red.es) que financian desde laboratorios urbanos hasta infraestructuras de movilidad y energía.
- Programas específicos para territorios y sectores, como las convocatorias de ciudades, islas inteligentes y proyectos orientados a la smart economy y el desarrollo económico local.
- Oportunidades claras para empresas y administraciones que presenten proyectos escalables, con impacto climático y un modelo de datos y gobernanza bien definido.
