- España financia menos la educación superior que OCDE y UE y las familias asumen un mayor peso del gasto.
- El modelo público depende de transferencias autonómicas, con fuertes diferencias regionales y presión al alza de tasas.
- El auge privado, la falta de plazas y becas insuficientes agravan desigualdades en acceso y continuidad.
- La LOSU fija el 1% del PIB y promueve financiación basal, singular y por objetivos, con debate sobre préstamos contingentes.
La financiación universitaria se ha convertido en uno de los debates más encendidos del sistema educativo español. Tras más de una década de ajustes y vaivenes presupuestarios, la universidad pública vive una coyuntura delicada: sube la demanda de estudios superiores, se disparan las universidades privadas y, al mismo tiempo, los recursos públicos siguen por debajo de los referentes internacionales.
En este contexto, afloran tensiones entre gobiernos autonómicos y campus, crecen las dudas sobre la suficiencia financiera y se consolidan brechas de acceso según renta y territorio. Los datos oficiales y los informes sectoriales dibujan un cuadro claro: el modelo actual es heterogéneo, complejo y con dependencia elevada de transferencias autonómicas, mientras que los hogares asumen una proporción de gasto superior a la media de la OCDE.
Radiografía del sistema: tamaño, demanda y pesos relativa de lo público y lo privado
La demanda universitaria no deja de crecer: en 2022, el 40,2% de jóvenes entre 20 y 24 años cursaba educación superior —por encima de la media de la UE— y el grupo de 25-34 años con estudios terciarios ha escalado del 41% en 2016 al 52% en 2023. En el curso 2024-2025 funcionan 91 universidades: 50 públicas y 41 privadas (45%). El mapa es abrumadoramente presencial, con solo siete instituciones no presenciales (seis privadas y una pública). La oferta abarca una amplia variedad de grados universitarios presenciales y no presenciales.
La última pública creada fue la Universidad Politécnica de Cartagena en 1998. Ese año había 14 privadas; desde entonces se han sumado 27, un aumento del 65,88%. Además, hay cinco privadas ya aprobadas por parlamentos autonómicos para abrir en 2025/2026 y otras diez en trámite, lo que revela el vigor del sector privado en la oferta.
Este auge tiene consecuencias: desde 1999, la matrícula en grados y másteres públicos cae un 18% mientras que en las privadas sube un 368%. Curiosamente, en doctorado esta sustitución no se observa, pues la oferta sigue siendo mayoritariamente pública.
En paralelo, el sistema sufre un problema de capacidad: las plazas públicas no crecen al ritmo de la demanda, lo que estrecha el embudo de acceso y tensiona las notas de corte en las titulaciones presenciales más deseadas.
Oferta limitada, demanda al alza: lo que pasa cuando faltan plazas
La combinación de cupos limitados y presión de la demanda genera varios efectos en cadena que ya se perciben en campus de toda España, especialmente en grados con alta empleabilidad como ciencias de la salud:
- Más notas de corte en las públicas presenciales, dejando fuera a estudiantes que, aun con buen expediente, no acceden ni a su primera ni a su segunda opción.
- Desplazamiento de quien puede permitírselo hacia universidades privadas, con lo que se elevan el coste y el esfuerzo económico familiar.
- Aumento de la desigualdad de acceso: las plazas públicas ofertadas (245.956 en 2023-2024, para 2.665 titulaciones) contrastan con más de 475.000 preinscripciones.
- Situación más complicada en másteres habilitantes (enseñanza, abogacía, arquitectura, psicología, etc.), donde entre el 60% y el 85% de plazas las ofrecen universidades privadas.
La presión se nota también en la transición desde el bachillerato: en 2025, unos 270.000 estudiantes hicieron la PAU y se enfrentaron a un tablero en el que las vacantes públicas son más escasas que la demanda real de clústers como salud, ingeniería o TIC.
Quién estudia dónde: desigualdades de origen y elección de títulos
Los datos de origen social confirman una sobrerrepresentación de estudiantes cuyas familias tienen niveles educativos y ocupacionales altos. Este perfil se matricula con mayor frecuencia en universidades privadas (también con presencia notable en públicas) y tiende a elegir ramas con mejores salarios y perspectivas —salud, informática e ingenierías—, donde, por cierto, las matrículas son más elevadas.
Por el contrario, los estudiantes de rentas medias y bajas tienen más probabilidades de compatibilizar trabajo y estudio, concentran mayores tasas de abandono y, cuando no alcanzan las notas de corte de su preferencia, disponen de menos alternativas reales por precio o por movilidad geográfica.
Fuentes de financiación: cuánto entra y de dónde viene
La foto macro de ingresos y gastos de las universidades públicas presenciales en 2022 arroja números contundentes: 11.358 millones de euros en ingresos no financieros y 10.869 millones en gastos. En términos nominales, ambos crecen sobre 2021 (8% y 7,2%), pero en términos reales el sistema aún está por debajo de 2009 porque los precios aumentaron un 26,3% entre 2009 y 2022, generando una brecha real de aproximadamente el 14%.
En 2022, el 65,7% de los ingresos correspondió a transferencias corrientes, el 17,8% a transferencias de capital y el 16% a tasas, precios públicos y otros. En torno al 80% de las transferencias procede de las comunidades autónomas, y el 75% de la recaudación por el capítulo de tasas proviene directamente de las matrículas de estudiantes y familias. Por el lado del gasto, el 65,1% es personal.
Este reparto reproduce la pauta histórica: de 2012 a 2022, la media anual de financiación autonómica fue del 65%, las matrículas el 17%, la aportación del Gobierno central el 4,8% y el resto otros ingresos (12,4%). Tras los recortes de 2010, las transferencias públicas cayeron y aumentaron matrícula y tasas; a partir de 2015 se observa cierta reversión, aunque lenta.
En la comparación internacional, España registra un esfuerzo menor en educación superior. Con datos de Education at a Glance 2024, el gasto total por estudiante fue de 15.654 dólares en 2021, un 23,6% por debajo de la media OCDE (20.499) y un 21,8% inferior a la UE (20.027). Otro indicador clave: el gasto público en educación superior como porcentaje del gasto público total fue del 2,19%, frente al 2,72% OCDE y 2,44% UE.
Si miramos euros por estudiante, otras fuentes sitúan el gasto español en 14.432€ en 2021, aún lejos de los 18.900€ OCDE y 18.465€ UE. En cuanto al peso de financiación, en 2021 el 67% del gasto total de las instituciones de educación superior provenía del sector público y el 31% del privado, cifras por encima de la OCDE (28% privado) y de la UE (20% privado). Esto enlaza con un dato sensible: los hogares soportan el 30,38% del gasto en educación terciaria, frente al 22,02% de media OCDE.
La consecuencia de esta insuficiencia la resumen universidades y sindicatos: dependencia creciente de tasas para cuadrar presupuestos (en Madrid llegan a representar el 22% de los ingresos universitarios) y una cobertura de becas insuficiente para compensar desigualdades de origen.
Transferencias autonómicas y precios públicos: grandes diferencias territoriales
Las disparidades entre comunidades son notables. En el curso 2022-2023, las mayores transferencias corrientes y de capital por alumno las recibieron La Rioja (9.689€), Navarra (9.210€) y País Vasco (9.065€). En la parte baja quedaron Murcia (6.267€), Cataluña (5.599€) y Madrid (5.362€).
Si se pondera por PIB per cápita regional, Comunidad Valenciana (34,1%), Extremadura (33,4%) y La Rioja (32,8%) fueron las más generosas; Madrid (13,9%) y Cataluña (17,2%), las más bajas. Por recaudación de precios públicos por alumno, lideraron Madrid (1.620€), Cataluña (1.508€) y Aragón (1.302€), y presentaron cifras más reducidas Andalucía (815€), Canarias (776€) y Galicia (738€). En porcentaje del PIB per cápita, las horquillas van de menos del 3% (Galicia, País Vasco) a más del 4,5% (CLM, Murcia, Extremadura y Cataluña).
Marco normativo y modelo de financiación según la LOSU
La Ley Orgánica del Sistema Universitario fija el objetivo de alcanzar un mínimo del 1% del PIB en financiación pública universitaria para 2030, mediante la suma de aportaciones estatales, autonómicas y de las propias universidades. Para llegar ahí, la LOSU exige programaciones plurianuales orientadas a tres ejes: financiación estructural basal (gastos de personal, bienes y servicios e inversiones), financiación por necesidades singulares (insularidad, dispersión territorial, especialización, pluralidad lingüística, infraestructuras singulares o tamaño), y financiación por objetivos (docencia, investigación, ciencia abierta, transferencia, internacionalización, inserción laboral, igualdad, accesibilidad, etc.).
En gestión económica, las universidades públicas disponen de autonomía para estatutos, presupuestos y administración de bienes, pero con rendición de cuentas, límites de gasto, equilibrio presupuestario y auditoría pública externa e interna. El Modelo de Contabilidad Analítica (MCAU), actualizado en 2019, pretende medir costes reales por actividad para mejorar eficiencia y transparencia, alineándose con cambios recientes en la LOSU, la Ley de la Ciencia y el RD 822/2021.
Los presupuestos deben consignar transferencias autonómicas anuales, precios públicos por servicios académicos (con compensaciones por exenciones), ingresos por enseñanzas propias y formación a lo largo de la vida, transferencias públicas y privadas, mecenazgo, patrimonio, remanentes y operaciones de crédito autorizadas por la comunidad autónoma. El gasto de personal queda sometido a autorización autonómica según la normativa de empleo público, salvo contratos de la Ley de la Ciencia.
Tasas y precios: cuánto cuesta estudiar
Los precios públicos por crédito varían por comunidad y experimentalidad. En 2023/24, el crédito de Grado osciló entre 8,6€ y 22,7€ (media 15,5€). En máster habilitante, entre 9,9€ y 132€ (media 15,8€). En máster no habilitante, entre 9,9€ y 59,1€ (media 30€). Para paliar estos costes existen becas y ayudas para estudiar en España. A ello se suman conceptos de primera matrícula como seguro escolar, apertura de expediente y carné universitario.
En doctorado, la tutela académica anual en 2023/24 osciló desde 60,3€ en Andalucía hasta 401,1€ en Cataluña, en función de los servicios al doctorando. Además, se abonan tasas por expedición de títulos y por defensa de tesis, con importes que varían por región.
Becas, exenciones y umbrales de renta
El sistema general de becas, coordinado entre el MEFD y las comunidades autónomas, se diseña para garantizar el acceso por capacidad y vocación, evitando discriminación por renta o residencia. Las exenciones de matrícula se reconocen, total o parcialmente, por condiciones como familia numerosa, discapacidad, víctimas de terrorismo, violencia de género, orfandad en acto de servicio o matrícula de honor.
Además, existen deducciones fiscales autonómicas en IRPF por gastos educativos y deducciones para el cálculo de la renta familiar (ingresos de otros miembros, familia numerosa, discapacidad, residencia fuera por estudios, orfandad y monoparentalidad) que afectan al derecho a ayudas.
Las becas combinan componentes fijos (matrícula, cuantía ligada a renta, a residencia durante el curso, a excelencia, y beca básica) y una parte variable determinada por fórmula según renta y rendimiento. Hay ayudas complementarias para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, para NEAE (discapacidad, trastornos de conducta o TEA, altas capacidades) y medidas específicas para víctimas de violencia de género y sus hijos.
El sistema utiliza tres umbrales de renta para ayudas generales y uno para NEAE. A modo ilustrativo: familias de 1 miembro (Umbral 1 entre 8.843€–9.315€; Umbral 2: 13.898€; Umbral 3 entre 14.818€–15.567€; NEAE: 12.534€); familias de 4 miembros (Umbral 1: 22.107€–23.286€; Umbral 2: 38.242€; Umbral 3: 40.773€–42.836€; NEAE: 31.801€); familias de 8 miembros (Umbral 1: 36.255€–38.190€; Umbral 2: 52.850€; Umbral 3: 56.348€–59.199€; NEAE: 48.031€). A partir del octavo miembro se añaden cuantías por persona adicional en cada umbral.
Las requisitos académicos mínimos y requisitos académicos mínimos condicionan ciertas becas. En grado y máster, hay exigencias específicas por créditos matriculados y superados, y por notas medias, con reglas diferenciadas para primer y segundo curso, y particularidades en ingeniería y arquitectura. En FP de grado superior y másteres concurren también requisitos de progreso y rendimiento.
En 2022-2023, 553.619 estudiantes de grado y máster en públicas recibieron alguna beca o ayuda (521.029 en grado y 32.590 en máster). En las públicas presenciales, el 27,3% del alumnado de grado y el 17,7% del de máster fue becario. En las privadas presenciales, 39.713 estudiantes obtuvieron becas (30.129 grado, 9.584 máster), lo que supone un 8,0% y un 6,0% respectivamente.
El personal docente e investigador (PDI): evolución, precariedad y relevo
En 2022-2023, el PDI del sistema alcanzó 137.090 personas, de las cuales el 18,5% trabajaba en universidades privadas. Desde 2018-2019, el PDI ha crecido un 26,4% en privadas y un 6% en públicas. En las privadas hay mayor proporción de mujeres (47% vs 43,5%) y más empleo a tiempo parcial (60% vs 40%). La estabilidad también difiere: 82,4% del PDI privado tiene contrato indefinido, frente al 37,2% de funcionarios y 15,4% de indefinidos en las públicas.
Entre 2013-2014 y 2022-2023, el PDI funcionario en públicas cayó un 11,7% en términos absolutos, mientras que el PDI contratado subió un 36,7%, reduciendo el peso de los cuerpos funcionariales en más de 10 puntos. Las políticas de austeridad y la limitación de tasas de reposición en la década de 2010 alimentaron más precariedad y envejecimiento de plantillas.
En la próxima década se jubilarán 24.823 docentes (18,1% del total). La edad media del PDI del SUE es 49,5 años, con 50,3 en públicas y 45,6 en privadas. En la pública, los funcionarios superan los 55 años de media (59 en catedráticos) y se esperan 14.132 jubilaciones de funcionarios (34% del total), con 6.237 catedráticos afectados casi a la mitad de la plantilla actual.
Para revertir esta tendencia, los informes recomiendan atraer talento y retenerlo, también del extranjero, ofreciendo mejores condiciones laborales. Se subraya, no obstante, que la autonomía de las universidades públicas para gestionar contratación y salarios es limitada y la creación de plazas depende de la financiación pública.
La brecha de género persiste: ellas son el 44,2% del PDI total, pero solo el 27,4% de catedráticas. La infrarrepresentación es evidente en informática (19,9%) e ingenierías (25,3%).
Cohesión territorial y social: movilidad y papel vertebrador de lo público
El acceso en condiciones de equidad sigue siendo el talón de Aquiles. La universidad pública presencial continúa como vía preferente tras la secundaria, pero los costes de matrícula, residencia y manutención —cuando hay que estudiar fuera— pesan mucho en el bolsillo de las familias.
La movilidad interautonómica ya es significativa: en 2022-2023, el 18,8% de los matriculados en grado estudiaba en una comunidad distinta a la de residencia; en máster, el 34,5%. En zonas con menor oferta pública, esa movilidad es casi obligada, con sobrecostes que merman la igualdad de oportunidades.
Las universidades públicas desempeñan un papel vertebrador en territorios demográficamente complejos: fijan población, activan economías locales y contribuyen a la retención del talento. En cambio, las privadas —orientadas al rendimiento económico— no siempre cumplen esa función de equilibrio territorial.
La insuficiencia de financiación pública impacta en plazas ofertadas, precios, condiciones laborales del personal y en la flexibilidad del sistema para innovar sin perder calidad. La consecuencia es un crecimiento relativo de la privada y una profundización de brechas socioeducativas.
Debate de políticas públicas: del 1% del PIB a modelos alternativos
El 24 de octubre de 2025, el Secretario General de Universidades convocó la tercera reunión de la comisión de trabajo para el objetivo del 1% del PIB a financiar universidades públicas. La “Radiografía de la financiación” (2009-2024, con datos de Eurostat, OCDE e INE) dejó conclusiones generales: modelo complejo y heterogéneo; financiación por debajo de la media europea en torno a un 20%; menor gasto por estudiante (aprox. 76% del referente europeo); 82% de recursos dependientes de financiación pública; necesidad de incremento de subvenciones del 21% para paliar déficit estructural; dependencia elevada de tasas familiares; caída real de transferencias corrientes y advertencia de que el 1% del PIB podría ser insuficiente sin otros mecanismos complementarios.
UGT reclamó avanzar hacia un modelo solidario y estable, con calendario de reuniones, definición de suficiencia financiera, horizonte compatible con el mandato de la LOSU y precisión de las piezas “financiación basal, singular y por objetivos”.
El debate incluye opciones sobre gestión pública o privada de servicios públicos y la conveniencia de explorar fórmulas que combinen conciertos u otras herramientas, sin confundir servicio público con estructura estatal. A ello se suman diagnósticos de sobredimensionamiento de estructuras en los 80-90, baja transferencia tecnología-empresa y carencias internas de gobernanza y rendición de cuentas.
El Informe CYD 2024 enfatiza que, más que solo “cantidad”, el reto es usar mejor los recursos con objetivos claros y resultados medibles. En paralelo, se han agudizado tensiones autonómicas: en Madrid, el gobierno regional anunció un 4,2% más para 2025 (47,3 millones) y un modelo plurianual con financiación basal, singular y por objetivos (10 millones adicionales al año para incentivos), además de reformas en la gobernanza (elección de gerente por rector y Consejo Social, reconversión de la intervención a Oficina Económico-Presupuestaria con dos responsables) y la creación de un Distrito Único de Prácticas para garantizar plazas imprescindibles para titular.
En ese mismo contexto, la Comunidad trabaja en el “rescate” de la UCM con un préstamo de 34,5 millones y negocia con la URJC la salida de su déficit. El borrador autonómico fija sanciones altas (hasta 300.000€) para infracciones muy graves vinculadas al funcionamiento, con exclusión de conductas no relacionadas con requisitos operativos como pancartas no autorizadas.
Ingresos por origen y deuda: cifras a tener en cuenta
Según el SIIU, en 2022 las universidades públicas españolas recibieron 7.607 millones de las comunidades autónomas, su principal fuente (65%). Las matrículas aportaron un 13%, el Estado un 6% y el resto (patrimonio, inversiones, productos financieros, etc.) un 16%. En regiones como Cataluña, Madrid o Comunidad Valenciana el peso de tasas y otros ingresos es mayor, lo que reduce la dependencia relativa de las transferencias autonómicas.
De 2012 a 2022, el reparto medio anual fue estable: 65% transferencias autonómicas, 17% matrículas, 4,8% Estado y 12,4% otros. Tras los recortes post-2010, las transferencias bajaron y los precios subieron, con una leve corrección a partir de 2015. A la vez, las universidades públicas acumularon 4.900 millones de deuda en 2022, reflejo de la tensión financiera del periodo.
¿Mecanismos alternativos? Préstamos contingentes a la renta
En el plano comparado, Reino Unido reformó en 2011-12 el esquema de docencia, trasladando el foco desde financiación directa a universidades hacia los estudiantes vía préstamos contingentes a la renta, con gestión por la Student Loan Company. Estos préstamos fijan umbrales exentos, porcentajes de devolución sobre ingresos que superen el umbral (9% grado, 6% posgrado), intereses diferenciados, suspensión si se cae del umbral y cancelación temporal (p.ej., 25 a 40 años según plan), con extinción por fallecimiento o incapacidad.
Un ejercicio de aplicación al caso español (escenario base con deuda por estudiante de 21.000€, interés 0%, devolución del 10% de la renta anual por encima de 15.000€ y cancelación a 25 años) concluye dos ideas clave: gran progresividad (el 25% con rentas más altas cubre casi toda la tasa, el 10% más bajo apenas paga) y menor coste público que el sistema actual (reducción entre 16 y 56 puntos porcentuales). Con todo, su adopción requeriría reforzar becas-salario y ayudas de manutención para que el acceso no dependa del bolsillo familiar.
El decálogo de ventajas potenciales incluye equidad, responsabilidad individual, acceso, solidaridad intergeneracional, proporcionalidad a ingresos, resiliencia ante ciclos, eficiencia (evitar financiar formación que se vierte en otras economías), ahorro público, competencia entre universidades y más libertad de elección. La discusión, no obstante, debe ponderar el diseño fino, las tasas de repago y la adaptación al mercado laboral español.
El desafío no es solo llegar numéricamente al 1% del PIB, sino desplegar un modelo estable, transparente y evaluable que combine financiación basal suficiente, atención a singularidades, incentivos por objetivos y un ecosistema de becas y ayudas que de verdad compense el origen socioeconómico, reduzca barreras territoriales y permita planificar el relevo generacional del PDI con condiciones laborales competitivas sin aumentar la carga sobre los hogares.
