- La economía española mantiene un crecimiento robusto apoyado en la demanda interna, la inversión en construcción y los fondos europeos, pese a un contexto internacional incierto.
- El mercado laboral vive una fase de fuerte creación de empleo con descenso gradual del paro, en gran medida gracias al aumento de la población activa extranjera.
- Existen importantes diferencias regionales en PIB per cápita, productividad, paro y deuda, que generan dos grupos de comunidades: unas cercanas al pleno empleo y otras con mayor capacidad ociosa.
- El principal reto es transformar el impulso coyuntural del ciclo y de la inmigración en mejoras estructurales de productividad, cohesión territorial y sostenibilidad de las cuentas públicas.
Los indicadores económicos y socio-demográficos de España en 2025 dibujan un panorama complejo pero claramente expansivo. La combinación de un crecimiento del PIB por encima de la media de la zona euro, una inmigración muy intensa y un mercado laboral dinámico está reconfigurando el mapa productivo, territorial y poblacional del país. Entender bien estas cifras es clave para empresas, hogares y administraciones que necesitan anticipar decisiones de inversión, empleo y políticas públicas.
En este contexto, la demanda interna, la vivienda, el turismo y los fondos europeos funcionan como motores del ciclo, mientras que el sector exterior y la inversión privada en bienes de equipo muestran más debilidades. Al mismo tiempo, el envejecimiento, la llegada masiva de población extranjera y las fuertes diferencias regionales en empleo, productividad y deuda pública generan un mosaico territorial muy diverso, con comunidades cercanas al pleno empleo y otras con todavía altas bolsas de paro.
Panorama macroeconómico: crecimiento sólido y cambio de patrón
La economía española mantiene en 2025 una trayectoria de expansión robusta, tras un crecimiento del 3,5% del PIB el año anterior y una previsión del 2,9% para el conjunto del ejercicio. Esta senda se apoya sobre todo en la demanda interna, mientras el entorno global continúa lastrado por tensiones comerciales, arancelarias y geopolíticas, y por un desempeño bastante más flojo de la mayoría de economías de la zona euro.
Las últimas revisiones del INE han elevado el crecimiento acumulado del PIB entre 2021 y 2024 hasta el 12,8%, con una aportación de la demanda nacional de 9,2 puntos porcentuales y del sector exterior de 3,6 puntos. Dentro de la demanda interna, se ha revisado al alza la inversión -especialmente en construcción no residencial y en activos de propiedad intelectual como software, bases de datos o I+D-, mientras que el consumo público se ha ajustado ligeramente a la baja.
En el arranque de 2025, el PIB avanzó un 0,6% en el primer trimestre y un 0,8% en el segundo, confirmando un tono vigoroso aunque con un patrón diferente al de años recientes. El consumo de las administraciones sigue creciendo, pero a un ritmo algo menor; la inversión muestra un comportamiento dual, con más empuje en vivienda y otras construcciones e intensidad moderada en bienes de equipo; y el sector exterior ha pasado de sumar a restar crecimiento por la debilidad de las exportaciones de bienes y el tirón de las importaciones.
Los indicadores mensuales de actividad apuntan a que el último trimestre de 2025 podría ser especialmente positivo, con buenos registros en industria y servicios, según los PMI, y una creación de empleo notable. Sin embargo, ciertos signos -como la moderación del turismo internacional o el estancamiento de las transacciones de vivienda en niveles altos- sugieren que el ritmo podría ir normalizándose en los próximos años.
Por el lado nominal, el PIB a precios corrientes ascendió en 2024 a 1,59 billones de euros y superará previsiblemente los 1,74 billones en 2026, con un crecimiento valorado en torno al 5,3% en 2025 y al 3,8% en 2026. Estos datos reflejan tanto el avance real de la actividad como el impacto aún visible de los precios.
Ciclo expansivo, previsiones 2025‑2027 y rol de la demanda interna
Las previsiones apuntan a que España seguirá liderando el crecimiento en la UE durante el trienio 2025‑2027, aunque en una senda de desaceleración gradual. Tras el 2,9% previsto para 2025, el PIB se incrementaría un 1,9% en 2026 y un 1,7% en 2027, ya cerca del crecimiento potencial de la economía española.
En 2025, el avance del PIB se explicará íntegramente por la demanda interna, con una aportación de 3,1 puntos, mientras que el saldo exterior restará unas dos décimas, menos de lo inicialmente temido gracias a que los aranceles de EE. UU. sobre productos europeos están resultando algo más moderados de lo previsto. El consumo privado crecerá en torno al 3,1%, ligeramente por debajo de la renta disponible de los hogares, que sigue aumentando a tasas elevadas, favoreciendo una tasa de ahorro inusualmente alta, cercana al 12% de la renta bruta.
La inversión será el componente más dinámico de la demanda interna, con un crecimiento esperado del 5,2% en 2025. Gana peso la construcción -tanto residencial como de infraestructuras y otras obras vinculadas a proyectos públicos y fondos europeos- y se anticipa un repunte de la inversión en bienes de equipo ligado al desembolso acelerado de los programas Next Generation EU.
En el horizonte 2026‑2027 se proyecta una cierta pérdida de fuelle de varios motores: el turismo internacional moderará su avance, la inversión pública irá desinflándose según se agoten los fondos europeos y el consumo privado se verá frenado por un shock demográfico que se va atenuando, en buena parte por las dificultades de acceso a la vivienda en los territorios más dinámicos.
De cara a 2027, el crecimiento del 1,7% se apoyará todavía en un sector privado relativamente saneado -con niveles de deuda más bajos, competitividad mejorada y superávit por cuenta corriente cercano al 2,7% del PIB-, así como en la continuidad del ciclo de construcción residencial, que apenas comenzará a corregir el déficit de vivienda existente en muchas zonas.
Inflación, tipos de interés y desequilibrios externos
La inflación general se ha movido en una banda algo incómoda durante 2024‑2025. Tras tocar el 2% a mediados de año, volvió a escalar hasta el entorno del 3% por el repunte de los precios energéticos, mientras que la subyacente se ha mantenido relativamente estable, entre el 2,2% y el 2,4%. Los alimentos y los servicios siguen siendo los componentes con más tensiones, dificultando el retorno rápido a niveles muy próximos al 2%.
Las proyecciones contemplan que el IPC se sitúe en torno al 2,5% en el conjunto de 2025, acercándose después de forma gradual al objetivo del BCE en 2026, apoyado por un euro algo más fuerte y por unos precios energéticos relativamente moderados. El deflactor del consumo de los hogares encajaría un crecimiento cercano al 2,5% en 2025 y al 2% en 2026.
En política monetaria, el Banco Central Europeo ha pausado la secuencia de recortes de tipos tras dos reuniones sin cambios. El euríbor a 12 meses se ha estabilizado e incluso ha mostrado ligeros repuntes en algunos meses, situándose todavía en torno al 2%‑2,1% de media anual en las previsiones para 2025. La rentabilidad de la deuda española a 10 años se movería en niveles cercanos al 3,2%‑3,4%, con una prima de riesgo en el entorno de los 60 puntos básicos.
Por el lado externo, el saldo por cuenta corriente ofrecerá de nuevo superávit holgado, alrededor del 2,9% del PIB en 2025 y algo por debajo en los años posteriores, gracias al fuerte superávit de la balanza de servicios -en particular turismo y otros servicios no turísticos de alto valor añadido- y a la reducción del déficit de rentas primarias y secundarias. Con todo, el vigor de las importaciones y el estancamiento relativo de las exportaciones de bienes han recortado el superávit respecto a los mejores años recientes.
Mercado laboral: empleo, paro y protagonismo de la inmigración
El mercado de trabajo atraviesa una fase de creación de empleo intensa y sostenida. Entre el primer trimestre de 2022 y el tercero de 2025, la afiliación a la Seguridad Social y la EPA muestran subidas significativas, con una parte muy relevante de los nuevos puestos cubiertos por personas de nacionalidad extranjera. Según la EPA, casi el 45% del empleo creado en este periodo ha recaído en inmigrantes, que ya representan en torno al 16% del total de ocupados.
En el plano macro, las horas trabajadas -medidas por la Contabilidad Nacional- aumentaron un 0,6% en el primer trimestre de 2025 y un 0,7% en el segundo, mientras que la productividad por hora trabajada se ha ido recuperando desde niveles postpandemia, situándose casi un 3% por encima del registro previo a la crisis sanitaria.
Las cifras de la EPA para el conjunto de España apuntan a un crecimiento del empleo del 2,6% en 2025, del 1,5% en 2026 y del 1,1% en 2027. La tasa de paro, que se encontraba en el 11,3% en 2024, podría bajar al 10,3% en 2025, al 9,6% en 2026 y al 9,2% en 2027, niveles no vistos desde 2007. Esto supone la creación neta de alrededor de 550.000 puestos de trabajo hasta finales de 2027.
En cuanto a la estructura ocupacional por profesiones, se observan grandes grupos con elevado volumen de empleo, como el profesorado de enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria (casi un millón de ocupados), los dependientes de comercio, el personal de restauración asalariado, los profesionales sanitarios, conductores de transporte urbano y por carretera, y trabajadores de limpieza y cuidados personales. Dentro de estas ocupaciones, la distribución por sexo, nacionalidad y peso relativo sobre el total del empleo varía notablemente, mostrando, por ejemplo, mayor presencia femenina en cuidados y limpieza, y mayor proporción masculina en construcción, transporte y seguridad.
La tasa de actividad (relación entre población activa y población de 16 años o más) se mantiene elevada en muchas regiones, con valores en torno al 58%‑59% para el conjunto del país, y superiores en Madrid, Cataluña o Baleares. El envejecimiento demográfico y la entrada de nueva mano de obra extranjera están reconfigurando esta tasa y su distribución por territorios.
Inmigración, población y diferencias socio‑demográficas
Desde la óptica socio‑demográfica, el rasgo más destacado de los últimos años es el fuerte aumento de la población activa extranjera. Todas las comunidades autónomas, salvo alguna excepción puntual, han visto crecer con fuerza el número de residentes nacidos fuera de España, lo que ha compensado o incluso superado la caída o estancamiento de la población de nacionalidad española.
Comunidades como la Valenciana, Castilla y León, Castilla‑La Mancha y, sobre todo, Asturias han registrado incrementos de población extranjera por encima del 40% en pocos años. En el extremo opuesto, regiones insulares como Canarias y Baleares, o la Región de Murcia, han tenido incrementos más moderados en términos relativos, aunque partiendo de una proporción de extranjeros ya elevada.
En términos agregados, la población total de España se sitúa por encima de los 49 millones de habitantes en 2025, apoyada en flujos migratorios netos muy positivos. La Estadística Continua de Población y la Contabilidad Regional muestran subidas significativas en comunidades muy dinámicas como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares, mientras que territorios con estancamiento histórico -como Asturias o Castilla y León- han logrado estabilizar o incluso revertir parcialmente su declive gracias a la inmigración.
La población de 16 y más años, que es la de referencia en la EPA, supera en 2024 los 41,5 millones de personas, y seguirá aumentando, aunque a ritmos algo menores, hacia 42‑43 millones en 2025‑2026. La población activa también crece con fuerza, desde algo más de 23 millones en 2019 a más de 24,4 millones en 2024 y cerca de 24,9 millones previstos para 2026.
Las diferencias regionales son muy marcadas: once comunidades ya tienen tasas de paro de un solo dígito, mientras que otras, especialmente en el sur peninsular y Canarias, mantienen todavía niveles de desempleo de dos dígitos altos, aunque en clara mejora respecto a 2019. Esta dualidad perfila dos grupos: territorios donde el principal freno al crecimiento futuro será la falta de mano de obra y la necesidad de subir la productividad, y otros donde aún hay margen para crecer reinsertando a desempleados en un contexto de capacidad ociosa.
Crecimiento regional del PIB: mapa de ganadores y rezagados
El ciclo expansivo no es homogéneo en todo el territorio. Las previsiones de PIB regional para 2025‑2026 muestran diferentes motores y ritmos de crecimiento, en función del peso del turismo, la industria, los servicios de mercado, la construcción y la evolución demográfica.
En 2025, varias comunidades se sitúan por encima de la media nacional del 2,9%: Andalucía, Madrid, La Rioja, Baleares y Canarias destacan con tasas entre el 3,2% y el 3,5%. Andalucía combina un extraordinario incremento de la producción industrial (un 8% acumulado de IPI hasta septiembre) con un turismo todavía muy vigoroso y una construcción algo más dinámica que la media. Madrid se beneficia de un sector servicios de mercado muy competitivo -servicios profesionales, financieros, tecnológicos y logísticos- y un fuerte tirón del empleo.
Otras comunidades, como Castilla y León, Castilla‑La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia o Murcia, crecerán en torno a la media o ligeramente por debajo, con matices sectoriales relevantes: Castilla y León y Aragón apoyadas en industria y exportaciones; Comunitat Valenciana con un boom de construcción y obra pública; Galicia con un fuerte repunte de visados de obra; y Murcia con un papel todavía importante del sector primario, cuya moderación explica parte de su desaceleración.
En el grupo de crecimiento más modesto se sitúan Navarra, País Vasco, Cantabria y Extremadura, con previsiones de PIB en torno al 2%‑2,1% para 2025. Navarra y País Vasco arrastran una debilidad industrial notable, vinculada a la fragilidad de los mercados de exportación europeos y al peso de ramas menos favorecidas en el ciclo actual, mientras que Extremadura y Cantabria presentan estructuras sectoriales menos orientadas hacia servicios dinámicos y alta tecnología.
Mirando a 2026, casi todas las regiones ralentizan su crecimiento hacia entornos del 1,3%‑2,3%. Baleares y Canarias siguen por encima de la media gracias a la inercia del turismo, aunque con menor ímpetu; Madrid y Cataluña mantienen un diferencial positivo apoyado en servicios avanzados; Andalucía y la Comunitat Valenciana se benefician del arrastre industrial y de la construcción; y comunidades como Castilla y León, Galicia o La Rioja combinan una industria con luces y sombras con un repunte del ladrillo.
Productividad, PIB per cápita y brechas territoriales
Más allá del crecimiento total, los datos de PIB per cápita y productividad por ocupado ofrecen una imagen muy clara de las diferencias estructurales entre comunidades. En niveles de renta por habitante (PIB per cápita a precios corrientes, España=100), destacan en la parte alta Madrid (alrededor del 137), País Vasco (en torno al 125), Navarra (en torno al 118) y Cataluña (cerca del 115), mientras que se sitúan en la parte baja Andalucía (un 75% de la media nacional), Comunidad Valenciana (alrededor del 84) y Murcia (en torno al 81).
Estas diferencias reflejan tanto distintos niveles de productividad como composiciones sectoriales y demográficas. En productividad por ocupado, medidas como PIB por empleado EPA, Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y La Rioja se sitúan por encima de la media, con índices superiores al 107‑125, gracias a un mayor peso relativo de industria de alto valor añadido y servicios avanzados. Andalucía, Castilla‑La Mancha, Comunitat Valenciana, Extremadura y Murcia se encuentran por debajo del promedio, en algunos casos por debajo del 85.
A nivel nacional, la productividad ha tenido un comportamiento modesto en los últimos años: el PIB a precios constantes por ocupado ha crecido alrededor de un 0,3% anual medio en 2025 y un 0,5% previsto para 2026. En varias comunidades, como Asturias, Comunitat Valenciana o La Rioja, se han producido fuertes oscilaciones recientes, con años de caída seguidos de repuntes asociados a cambios en la composición del empleo y en la utilización de horas trabajadas.
El PIB real per cápita, que descuenta el efecto de precios y población, avanzará a ritmos más contenidos que el PIB total: en torno al 1,8% en 2025 y al 1,1% en 2026 para el conjunto de España. Esto supone una mejora progresiva del nivel de vida medio, pero todavía condicionada por el ajuste demográfico y los cambios en la estructura por edades.
Cuentas públicas, déficit y deuda de las comunidades autónomas
El plano fiscal muestra una mejora gradual de los desequilibrios. Para el conjunto de las administraciones públicas, se espera un déficit del 2,8% del PIB en 2025, después de situarse en el entorno del 3,2% en 2024. El ajuste en los próximos años será, sin embargo, limitado si no se adoptan medidas activas, ya que el ciclo de desaceleración restringirá el crecimiento de los ingresos.
En el ámbito autonómico, los datos de saldos presupuestarios acumulados hasta septiembre muestran una situación muy heterogénea entre regiones. Algunas comunidades, como Navarra, Galicia, Asturias, Canarias o Extremadura, registran superávit o posiciones próximas al equilibrio, mientras que otras -entre ellas Comunitat Valenciana, Murcia o Cataluña- acumulan déficits recurrentes, en ciertos casos superiores al 1,5% del PIB regional.
El saldo conjunto de las comunidades autónomas ha mejorado de forma notable: partiendo de un déficit de más del 1,6% del PIB en 2013, se ha ido reduciendo hasta acercarse al equilibrio o incluso a un ligero superávit en algunos trimestres recientes. No obstante, la experiencia muestra que en ausencia de reformas estructurales del gasto y de la financiación autonómica, las cuentas tienden a evolucionar de forma inercial.
En cuanto a la deuda, el volumen conjunto de las comunidades supera los 335.000 millones de euros en 2024, equivalente a algo más del 21% del PIB. Destacan por su elevado peso relativo Comunitat Valenciana (deuda superior al 40% de su PIB regional), Castilla‑La Mancha (cerca del 30%), Cataluña (cerca del 30%), Baleares y Murcia, mientras que Navarra, País Vasco, Madrid o Galicia se mueven en ratios más contenidos, en torno al 10%‑18%.
Las proyecciones apuntan a que la deuda autonómica se estabilizará ligeramente por encima del 21% del PIB en los próximos años, con un descenso muy gradual como porcentaje de la riqueza producida, condicionado por el crecimiento nominal del PIB y por la reducción paulatina del déficit. A nivel de Estado, la deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo podría bajar del 101,6% en 2024 al entorno del 97,5% en 2027, una caída apreciable pero todavía insuficiente para situar a España en la zona de confort europea.
Riesgos principales y escenarios alternativos
Las previsiones para 2025‑2027 están sujetas a riesgos al alza y a la baja. Entre los factores que podrían mejorar el escenario figura una inmigración todavía más intensa de lo previsto, que reforzaría el crecimiento de la población activa y del consumo, especialmente en sectores con alta demanda de mano de obra como hostelería, servicios personales, construcción y algunos nichos industriales.
También podría sorprender positivamente una normalización de la tasa de ahorro de los hogares menos pronunciada de lo asumido. Si parte del elevado ahorro actual -en torno al 11,5% de la renta disponible- responde a cambios estructurales, como la necesidad de acumular más recursos para acceder a la vivienda o la mayor prudencia financiera, el consumo podría evolucionar de manera más sostenida sin agotar rápidamente el colchón de ahorro.
En el lado negativo, pesa el riesgo asociado a la política económica de Estados Unidos y a las tensiones comerciales. Un empeoramiento de los aranceles, una posible estanflación en la economía norteamericana o dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas podrían impactar en el comercio global, la confianza financiera y el tipo de cambio, con efectos adversos sobre el sector exportador español y las expectativas de tipos de interés.
Otro foco de incertidumbre reside en la ejecución efectiva de los fondos europeos y su impacto duradero. Si una parte relevante de la inversión ligada a Next Generation tiene un carácter temporal y no se traduce en incrementos persistentes de productividad -especialmente en pymes y sectores rezagados tecnológicamente-, el impulso actual podría diluirse más rápido de lo previsto.
Finalmente, el mercado de la vivienda y los cuellos de botella en la oferta de suelo y construcción pueden limitar la capacidad de seguir atrayendo mano de obra a las áreas más dinámicas, encareciendo aún más el acceso a la vivienda y condicionando la movilidad laboral. Este problema es especialmente acuciante en grandes áreas metropolitanas y regiones turísticas con fuerte demanda residencial.
El cuadro que dibujan todos estos indicadores es el de una economía española en clara fase expansiva, pero que avanza sobre un terreno con marcadas desigualdades territoriales, desafíos demográficos relevantes y una productividad que todavía no despega con la intensidad deseable; el reto para los próximos años será aprovechar el tirón de la inmigración, consolidar la mejora del empleo y encauzar la inversión -pública y privada- hacia proyectos que eleven de forma sostenible el bienestar y la resiliencia del país frente a las perturbaciones externas.
