- La movilidad sostenible prioriza modos activos y transporte público para reducir emisiones, ruido y siniestralidad, garantizando tiempos y costes razonables.
- El marco legal español reconoce la movilidad sostenible como un derecho social y promueve leyes, estrategias y financiación estable para transformar el sistema.
- Ciudades como Vitoria, Madrid, Barcelona, Copenhague o Ámsterdam muestran que rediseñar el espacio público y calmar el tráfico cambia de raíz los hábitos de desplazamiento.
- Políticas fiscales, nuevas tarifas, electrificación del transporte público y uso compartido del coche son piezas clave para disminuir la dependencia del vehículo privado.
Detrás de esta idea hay leyes, estrategias públicas, planes urbanos, ejemplos de ciudades pioneras y también muchas decisiones del día a día, como coger el transporte público, caminar más, usar la bici o compartir coche. Todo suma cuando el objetivo es reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y recuperar las calles para la gente, no para los vehículos. En las siguientes líneas vas a ver, con bastante detalle, qué significa movilidad sostenible, cómo la definen las normas en España, qué objetivos persigue, qué tipos de transporte prioriza y qué políticas se están aplicando para que deje de ser un discurso y se convierta en realidad.
Qué es exactamente la movilidad sostenible
Cuando se habla de movilidad sostenible, se está aludiendo a un modelo de desplazamientos que cubre las necesidades de personas y mercancías en tiempos y costes razonables, pero reduciendo al mínimo los efectos negativos sobre el entorno y sobre la calidad de vida. Es una manera de organizar el transporte que se fija no solo en el tráfico, sino también en las emisiones, el ruido, el consumo energético, la seguridad vial y la igualdad de acceso.
En el ámbito legal español, varias comunidades autónomas han ido afinando esta noción. Cataluña, ya en 2003, definía la movilidad sostenible como aquella que se satisface en un tiempo y con un coste razonable, minimizando los impactos negativos sobre el medio ambiente y el bienestar de las personas. Baleares replicó prácticamente la misma formulación años después, reflejando que la prioridad era seguir moviéndose, pero reduciendo daños y desequilibrios.
Andalucía, mediante su Plan Andaluz de Movilidad Sostenible (Decreto 119/2014), amplió el enfoque hablando del conjunto de procesos y acciones que permiten que los desplazamientos de personas y mercancías se realicen con el menor impacto ambiental posible. Esta visión liga la movilidad con la lucha contra el cambio climático, el ahorro y la eficiencia energética, y la reducción de la contaminación tanto acústica como atmosférica.
Castilla y León añadió otra capa en 2018 al describir la movilidad sostenible como un instrumento de ordenación que reduce contaminación atmosférica, ruido, emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energía. Además, remarca que debe satisfacer las necesidades de desplazamiento fomentando los medios de transporte de menor coste social, económico y energético y apoyando la intermodalidad, es decir, la combinación fluida de diferentes modos de transporte.
Asturias, también en 2018, hizo un pequeño pero significativo giro al plantear que la movilidad sostenible no solo minimiza el impacto negativo, sino que mejora la calidad de vida de las personas. Se pasa de poner el foco en “reducir daños” a subrayar que una buena movilidad puede y debe generar beneficios positivos para la salud, el tiempo disponible y el espacio público.
En paralelo, el proyecto de Ley de movilidad sostenible de Euskadi amplía la idea relacionando los desplazamientos con sus consecuencias sociales y ecológicas, insistiendo en que la movilidad sostenible es aquella que se satisface en un tiempo y coste razonables, mejora la calidad de vida y reduce los efectos negativos sobre las personas y el medio ambiente.
Si miramos al marco estatal, la Ley de Economía Sostenible ya apuntaba que uno de sus objetivos era impulsar una movilidad sostenible y segura en términos económicos y medioambientales, favoreciendo proyectos que reduzcan emisiones y otros daños ambientales. También reconocía el derecho de la ciudadanía a acceder a bienes y servicios en condiciones de movilidad adecuadas, accesibles, seguras y con el mínimo impacto ambiental y social.
Sobre ese terreno normativo ha ido creciendo el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible impulsado por el Gobierno central, que reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo. Esta ley se apoya en cuatro pilares: el derecho social a la movilidad, la promoción de una movilidad saludable y respetuosa con el entorno, la digitalización e innovación, y el rigor en la toma de decisiones públicas en materia de transporte.
Objetivos clave de la movilidad sostenible
El núcleo de la movilidad sostenible se resume en unos cuantos objetivos muy claros: reducir la dependencia del vehículo privado, priorizar los modos activos y el transporte público, y garantizar que nadie se quede fuera por cuestiones económicas, físicas o territoriales. Todo ello con la vista puesta en la salud de las personas y en la lucha contra el cambio climático.
Uno de los grandes retos es recortar la presencia del coche y la moto particulares. Pese a que una parte importante de la población no dispone de coche ni de carné de conducir, y aunque los vehículos privados suelen concentrar en torno al 30-40 % de la cuota modal, más del 70 % del espacio público en muchas ciudades está entregado a ellos. Aparcamientos, calzadas sobredimensionadas y carriles de circulación restan sitio a peatones, ciclistas y espacios de convivencia.
La movilidad sostenible busca darle la vuelta a esa lógica recuperando las ciudades para las personas. Esto implica mejorar la calidad del aire, reducir la siniestralidad vial, rebajar el ruido y el estrés, y crear entornos urbanos más amables, con aceras anchas, zonas de estancia, arbolado y redes ciclistas seguras. No se trata solo de cómo nos movemos, sino también de cómo usamos el espacio público y qué modelo de ciudad queremos.
Otro objetivo central es la inclusión social. Un sistema de movilidad sostenible debe garantizar que cualquier persona pueda acceder a medios de transporte eficientes, accesibles y asequibles, viva donde viva y tenga la situación económica que tenga. Por eso se impulsan abonos integrados, descuentos para jóvenes o colectivos vulnerables, y mejoras de accesibilidad en estaciones, paradas y vehículos.
La reducción del impacto ambiental está, lógicamente, en primera línea. Minimizar emisiones de CO₂ y de contaminantes atmosféricos pasa por apostar por tecnologías más limpias, por una mejor gestión de la demanda de movilidad (evitando desplazamientos innecesarios), por reorganizar la logística urbana y por promocionar los desplazamientos no motorizados y el transporte colectivo de bajas emisiones.
Por último, la eficiencia energética es un pilar básico. La movilidad sostenible promueve fórmulas que optimicen el uso de recursos, como la movilidad compartida (carsharing, motosharing, carpooling), el uso de abonos con tarifa plana para el transporte público o la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos, tanto en el ámbito privado como, especialmente, en las flotas públicas.
Tipos y jerarquía de modos de movilidad sostenible
La movilidad sostenible no se vive igual en un entorno rural que en una gran metrópoli, pero en general se maneja una jerarquía bastante clara de medios de transporte. Esta escala sitúa en la parte alta a los modos más universales y limpios, y en la parte baja a los más contaminantes o que más espacio consumen. De forma esquemática, se distinguen cuatro grandes grupos, ordenados de mayor a menor prioridad.
En primer lugar aparece la llamada movilidad activa. Aquí entran todos los desplazamientos a pie y en bicicleta, incluidos los que realizan personas con discapacidad o movilidad reducida mediante ayudas técnicas o dispositivos específicos. Se considera el modo más universal porque prácticamente todo el mundo camina alguna parte de sus trayectos diarios, y el de menor impacto ambiental porque no requiere combustible y reduce el ruido. En la «pirámide de la movilidad» urbana, este grupo se sitúa en la cúspide.
En segundo lugar está el transporte público colectivo: autobuses, trenes, metro, tranvía y otros sistemas de alta capacidad. Su papel es fundamental para ofrecer una alternativa realista al uso del vehículo privado y para evitar atascos, saturación de calles y emisiones innecesarias. Cuando las flotas son de bajas emisiones o eléctricas, su contribución a la reducción de CO₂ y contaminantes es todavía mayor, además de mejorar la eficiencia energética global.
El tercer estrato lo ocupa la movilidad de alta ocupación, que abarca servicios de carsharing, motosharing y otros vehículos de movilidad personal compartida, generalmente alquilados por periodos cortos de tiempo, así como el carpooling o uso compartido de un mismo coche entre varias personas para un trayecto concreto. El objetivo de este tipo de soluciones es aprovechar mejor cada vehículo, reducir el número de coches necesarios y, con ello, liberar espacio y disminuir emisiones por persona transportada.
En último lugar aparece el vehículo privado motorizado, que en una estrategia de movilidad sostenible no desaparece, pero sí se relega a un papel menos protagonista. La prioridad aquí es que se utilicen, en la medida de lo posible, vehículos con menos emisiones y que se racionalice su uso: menos viajes innecesarios, mejor ocupación (más personas por coche) y una gestión más eficiente del aparcamiento y de la circulación.
La movilidad urbana sostenible, dentro de este marco, se plantea como la forma de garantizar el acceso a bienes y servicios urbanos usando los recursos de manera responsable y enfrentando los problemas ambientales y sociales derivados del modelo del coche privado que dominó buena parte del siglo XX. De ahí la apuesta por las redes ciclistas, los itinerarios peatonales de calidad, sistemas BRT (Bus Rapid Transit), tranvías, tren ligero o tren-tram, y por tecnologías que amplíen las opciones sin disparar el consumo energético.
Ventajas de sumarse a un modelo de movilidad sostenible
Adoptar hábitos de movilidad sostenible tiene efectos muy tangibles en el día a día. Usar el transporte público, por ejemplo, suele traducirse en un ahorro considerable de tiempo y dinero, especialmente en ciudades donde los atascos son habituales. Las campañas públicas insisten en que desplazarse en Cercanías, metro, tranvía o autobús permite evitar retenciones, reducir el estrés de conducir y aprovechar el trayecto para leer, trabajar, informarse o simplemente desconectar.
La seguridad es otro argumento contundente. Los sistemas de transporte colectivo presentan niveles de accidentalidad muy inferiores al del vehículo privado, tanto por diseño de la infraestructura como por formación de los conductores profesionales y controles de mantenimiento. Esto se traduce en menos víctimas en carretera, menos colisiones urbanas y, por tanto, menos costes sociales y sanitarios asociados.
Si hablamos de caminar o pedalear, las ventajas se multiplican. Los desplazamientos a pie o en bicicleta no emiten gases contaminantes y, además, suponen una actividad física regular que ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con el sedentarismo: problemas cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2 o determinadas patologías musculoesqueléticas. También se han estudiado sus beneficios sobre la salud mental, al reducir la ansiedad y favorecer el contacto con el entorno.
A nivel económico, en un contexto de subida de combustibles, apostar por la movilidad sostenible es casi una tabla de salvación. Caminar, pedalear, usar transporte público o compartir coche ayuda a reducir de forma drástica el gasto mensual en desplazamientos. Opciones como compartir vehículo, incluso a través de aplicaciones, permiten repartir costes de combustible y peajes, mientras que un uso responsable del aire acondicionado y una conducción eficiente disminuyen el consumo.
La movilidad sostenible también tiene una dimensión social. Iniciativas como la colaboración entre Cruz Roja y Norauto, que pone a disposición de personas en situación económica delicada una red de talleres con precios ventajosos y donaciones de bicicletas para usos comunitarios, muestran cómo el acceso a medios de transporte seguros y asequibles puede ser clave para encontrar trabajo, acudir a citas médicas o mantener redes de apoyo. Programas de ayudas económicas al transporte contribuyen a que nadie quede aislado por falta de recursos.
Medidas y políticas de movilidad sostenible en España
En los últimos años se han multiplicado las estrategias para avanzar hacia una movilidad más limpia y equitativa. El Ministerio de Transportes y el de Transición Ecológica impulsan diversas iniciativas para modernizar infraestructuras, renovar flotas y cambiar hábitos. Muchas de estas medidas se han apoyado en fondos europeos como los NextGenerationEU, canalizados a través del Plan de Recuperación.
Entre las actuaciones más visibles está el fomento del transporte público ferroviario y por autobús. Se han promovido inversiones para mejorar cercanías, media distancia y servicios de autobuses interurbanos, tanto en fiabilidad como en eficiencia energética. Una de las novedades más destacadas es la propuesta de un Abono Único que permite moverse por toda la red estatal (Cercanías, Rodalies, Media Distancia y autobuses interregionales de titularidad estatal) durante 30 días a precio cerrado, con tarifas reducidas para jóvenes.
En materia de ayudas, se han aplicado medidas de alta visibilidad: gratuidad en ciertos servicios de cercanías y media distancia, bonificaciones de al menos el 50 % en títulos multiviaje de transporte urbano, gratuidad de buena parte del transporte público en Canarias y Baleares y campañas específicas como Verano Joven, que ofrece importantes descuentos para viajar en tren o autobús por España y Europa a personas entre 18 y 30 años. Todo ello se completa con el mantenimiento de las subvenciones tradicionales a grandes consorcios de transporte urbano y metropolitano.
La futura Ley de Movilidad Sostenible incorpora soluciones innovadoras como el transporte a la demanda (especialmente útil en zonas rurales con baja densidad de población), la regulación del vehículo autónomo o el impulso al carsharing. Este marco legal pretende dar estabilidad a la financiación del transporte público, definir competencias y establecer principios comunes para todo el país, siempre bajo la premisa del derecho a una movilidad saludable y asequible.
En paralelo se han aprobado estrategias específicas para los modos activos. La Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada anima a desplegar entornos peatonales confortables, continuos y seguros, con especial atención a personas mayores, niños y personas con discapacidad. En cuanto a la bicicleta, la Estrategia Estatal por la Bicicleta, aprobada en 2021, contempla ayudas a comunidades y ayuntamientos para construir y mejorar infraestructuras ciclistas, redes de bici pública y campañas de promoción. En 2023 se publicó además un manual de diseño de vías ciclistas con recomendaciones técnicas para su planificación.
Otro bloque de medidas gira en torno al vehículo eléctrico y los híbridos enchufables. A través de incentivos fiscales y subvenciones a la compra, se busca acelerar la renovación del parque móvil hacia opciones con menos emisiones. Paralelamente se está ampliando la red de puntos de recarga rápida y semirrápida en carreteras, núcleos urbanos y aparcamientos, de forma que usar un coche eléctrico resulte cada vez más práctico en todo el territorio.
Ejemplos de buenas prácticas en ciudades y regiones
Más allá de los grandes principios, hay ciudades que ya han dado pasos muy concretos y sirven de referencia. En España, una de las más citadas es Vitoria-Gasteiz, cuyo plan de movilidad urbana ha apostado claramente por la movilidad peatonal y ciclista. La creación de supermanzanas, donde se reduce drásticamente el tráfico de paso y se calma la circulación, ha permitido ganar espacio para las personas, reducir ruido y contaminación y fomentar los desplazamientos a pie y en bici.
Madrid ha desarrollado una Ordenanza de Movilidad Sostenible que introduce restricciones de acceso a vehículos más contaminantes al centro, zonas de bajas emisiones, programas de calmado de tráfico y medidas de prioridad para el transporte público. Iniciativas como Madrid Central y sus evoluciones han colocado sobre la mesa el debate sobre cómo compatibilizar la vida diaria de la ciudad con la reducción drástica de emisiones y de congestión.
Barcelona, por su parte, lleva años transformando su tejido urbano mediante una combinación de supermanzanas, ejes verdes y nuevas plazas. Esta reconfiguración de las calles reduce la presencia del coche en muchas áreas, favorece el transporte público, crea redes ciclistas más continuas y amplía el espacio para peatones y zonas de juego. Es una estrategia de largo recorrido que sigue en marcha y que busca, en la práctica, un cambio de modelo de ciudad.
A nivel internacional, ciudades como Copenhague han demostrado que es posible que la bicicleta se convierta en el modo dominante para moverse. Su extensa red de carriles segregados, aparcamientos específicos y prioridad en cruces y semáforos para ciclistas ha reducido enormemente la dependencia del coche. Ámsterdam combina una potente infraestructura ciclista con un sistema de transporte público denso y eficiente, logrando que la mayoría de los desplazamientos cotidianos se hagan sin coche privado.
París, por otro lado, ha popularizado el concepto de la «ciudad de los 15 minutos», donde se aspira a que la población tenga a su alcance, en un cuarto de hora a pie o en bici, los principales servicios cotidianos: trabajo, compra, salud, educación y ocio. Este planteamiento, unido a la expansión de carriles bici y a medidas de restricción al tráfico motorizado en ciertas áreas, es otra forma de avanzar hacia un modelo de movilidad más cercano, sostenible y humano.
Políticas públicas y cambios necesarios para una movilidad urbana sostenible
Para que la movilidad sostenible no sea solo un eslogan hacen falta políticas públicas coherentes y de amplio alcance. Una de las claves es la planificación urbanística orientada a la movilidad sostenible: diseñar ciudades compactas, con mezcla de usos y servicios cercanos, reduce la necesidad de largos desplazamientos y favorece ir a pie, en bici o en transporte público. El caso de Vitoria es ilustrativo de cómo un plan bien pensado puede reordenar el tráfico y los usos del suelo.
La fiscalidad también juega un papel decisivo. Se propone desarrollar incentivos económicos a la eco-movilidad mediante deducciones fiscales para quienes utilizan transporte público, bicicleta o formas de coche compartido (car-pool, car-sharing), así como subvenciones a la compra de vehículos de muy bajo consumo y emisiones, incluidas las bicicletas eléctricas, que son especialmente eficientes. Al mismo tiempo, se plantea la necesidad de revisar la tributación de combustibles, especialmente en el transporte aéreo, para que pague impuestos especiales similares a los del transporte por carretera.
Otro frente es la revisión de los modelos tarifarios del transporte público. Se considera prioritario generalizar los abonos con tarifa plana mensual, trimestral o anual hasta alcanzar cuotas de uso muy elevadas, en el entorno del 70-80 % de los viajes. También cobra fuerza la idea de abonos integrados que permitan moverse por toda una comunidad autónoma, facilitando el salto del coche al transporte colectivo incluso en viajes interurbanos.
En el plano de las inversiones, hay consenso en que debe cambiar el foco. En lugar de seguir construyendo nuevas grandes autopistas, en un país que ya cuenta con una dotación muy alta por habitante, se propone priorizar la mejora de las redes de ferrocarril de cercanías y regional, los ferrocarriles de vía estrecha, los carriles bus y los servicios de autobuses de tránsito rápido que conecten áreas metropolitanas. Esto permitiría ofrecer alternativas sólidas al coche en los desplazamientos cotidianos de media distancia.
Dentro de las ciudades, la gestión y pacificación del tráfico se sitúan por encima de las obras dedicadas a aumentar la capacidad viaria para coches. La pacificación pasa por reducir los límites de velocidad (por ejemplo, de 50 a 30 km/h), rediseñar calles para que se respeten estas velocidades, desviar el tráfico de paso hacia vías principales y convertir las calles locales en espacios donde peatones y ciclistas sean protagonistas. Esta estrategia, lejos de colapsar la ciudad, suele derivar en un mejor reparto de modos y en menos siniestros.
La electrificación del transporte público urbano es otra prioridad. Esto incluye tanto la construcción o ampliación de redes de tranvía y sistemas ferroviarios ligeros, como la sustitución progresiva de los autobuses diésel por flotas híbridas o completamente eléctricas. La reducción de ruido y emisiones locales es notable, especialmente en corredores con alta intensidad de tráfico y población residente.
En el ámbito institucional, se sugiere un cambio de enfoque para gestionar la movilidad de forma más integrada. Propuestas como transformar ministerios centrados tradicionalmente en obras (carreteras, infraestructuras) en ministerios de Movilidad, Transportes y Energía apuntan a la necesidad de coordinar políticas de transporte, energía y planificación urbana. Asimismo, se considera crucial aprobar una ley estatal de movilidad que fije un marco básico común y aborde la financiación estable del transporte público.
Por último, la promoción del uso compartido del automóvil requiere una regulación clara que garantice la transparencia, el respeto a la competencia con el transporte público y la protección de los usuarios. Iniciativas de redes sociales que conectan personas para compartir viaje y gastos, sin remunerar al conductor, muestran que es posible aprovechar mejor los coches existentes sin crear competencia desleal con taxis u otros servicios regulados, siempre que se diferencien bien de plataformas comerciales.
Todo este conjunto de medidas se completa con estrategias de conocimiento, modelos de financiación innovadores, marcos normativos específicos y planes de ordenación del territorio que integren la movilidad en el diseño global de la sostenibilidad. La idea de fondo es construir un sistema en el que acceder a bienes y servicios urbanos sea seguro para la salud, justo desde el punto de vista ambiental y económicamente asumible para la mayoría, generando alternativas reales al coche, priorizando los viajes no motorizados y consolidando redes de transporte colectivo eficientes.
Mirando todo este panorama, queda claro que la movilidad sostenible no es un único proyecto ni una obra concreta, sino un cambio profundo en la forma de entender cómo nos movemos y cómo organizamos el espacio que compartimos: desde las definiciones legales hasta el calmado del tráfico en tu barrio, desde los abonos de tren hasta el simple gesto de dejar el coche en casa para ir andando, cada decisión contribuye a un modelo donde las personas, la salud y el planeta pesan más que los kilómetros recorridos en vehículo privado.
