- Las Escuelas de Práctica Jurídica y los postgrados especializados ofrecen una formación práctica esencial para el ejercicio profesional de la abogacía, combinando materias procesales, deontología y habilidades transversales.
- La protección de datos, la confidencialidad y el uso responsable de cookies son pilares básicos en la gestión de la información del alumnado y en el funcionamiento de las webs de estas instituciones.
- La práctica jurídica europea y la labor del TJUE se acercan a los juristas españoles a través de iniciativas como la Academia de Práctica Jurídica Europea y su boletín de novedades jurisprudenciales.
- Los premios a trabajos fin de máster y la regulación de las prácticas con cotización a la Seguridad Social completan un ecosistema que impulsa la investigación y protege al estudiantado en su transición al mundo profesional.
La práctica jurídica se ha convertido en una pieza clave para cualquier persona que quiera dedicarse profesionalmente al Derecho. Más allá de los contenidos teóricos de la carrera, los futuros abogados y abogadas necesitan vivir de cerca cómo funciona la realidad de los juzgados, los despachos, las instituciones y, en general, el día a día de la profesión. Por eso han ido surgiendo en España diferentes escuelas, programas de postgrado y academias especializadas que ofrecen una formación práctica muy pegada a las necesidades reales del mercado jurídico.
En este contexto destacan las tradicionales Escuelas de Práctica Jurídica vinculadas a Colegios de Abogados y universidades, así como nuevas iniciativas centradas en ámbitos concretos como la práctica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la especialización fiscal. A ello se suma toda la normativa que regula las prácticas externas del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura, los requisitos de cotización a la Seguridad Social y la importancia de la protección de datos y la confidencialidad en el tratamiento de la información del alumnado.
La protección de datos y la confidencialidad en las Escuelas de Práctica Jurídica
Uno de los pilares de cualquier Escuela de Práctica Jurídica moderna es el respeto absoluto por la privacidad, la seguridad y el secreto profesional. Estas instituciones asumen el compromiso de tratar los datos personales de su alumnado, profesorado y usuarios de sus páginas web cumpliendo de forma estricta con la normativa de protección de datos vigente, evitando recabar información innecesaria y limitándose a lo que resulta imprescindible para prestar el servicio formativo y gestionar la relación con las personas interesadas.
En un ejemplo típico, el responsable del tratamiento suele ser la propia Escuela de Práctica Jurídica adscrita a una universidad o a un colegio profesional, identificada con su CIF, domicilio social y datos de contacto, incluyendo un teléfono y una dirección de correo electrónico corporativa a la que los usuarios puedan dirigirse para cualquier cuestión relacionada con sus datos. Esta claridad en la identificación del titular del sitio web es una exigencia legal y, al mismo tiempo, una muestra de transparencia hacia el usuario.
Los datos personales que se recopilan se usan, por regla general, para gestionar la relación contractual y académica que une a la Escuela con el alumno o alumna, responder a las consultas que se presenten, remitir la información que haya sido solicitada o tramitar candidaturas a plazas, becas, prácticas o colaboraciones profesionales. También pueden emplearse para la gestión de posibles relaciones comerciales o profesionales con entidades colaboradoras, siempre respetando en todo momento el marco legal aplicable.
En cuanto a la base jurídica que legitima el tratamiento, suele combinar varias opciones: la ejecución de un contrato o de medidas precontractuales (por ejemplo, tramitar una preinscripción o una matrícula), el interés legítimo de la institución en organizar y mejorar su oferta formativa, determinadas habilitaciones legales que imponen el tratamiento de ciertos datos, y, cuando se requiere, el consentimiento expreso del propio interesado. Aunque el usuario no está obligado a facilitar su información, la negativa a hacerlo puede imposibilitar la prestación de algunos servicios o el acceso a determinados programas académicos.
En la mayoría de Escuelas de Práctica Jurídica se garantiza que los datos personales no se comunicarán a terceros salvo que exista una obligación legal o una autorización expresa de la persona afectada. Esto encaja con el compromiso de confidencialidad y con la idea de que los datos solo se comparten cuando resulta estrictamente necesario, por ejemplo, con autoridades u organismos públicos, o en el marco de convenios de prácticas con instituciones externas.
Las personas interesadas conservan en todo momento sus derechos de protección de datos: derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad. Suelen poder ejercerlos remitiendo un escrito a la dirección postal de la Escuela o un correo electrónico a la dirección específica habilitada para temas de privacidad, acompañando en ambos casos una copia de su DNI o documento equivalente para acreditar su identidad y facilitar así la tramitación segura de la solicitud.
Además, las Escuelas informan de que cualquier usuario puede retirar el consentimiento otorgado para una finalidad concreta sin que ello afecte a la licitud del tratamiento realizado con anterioridad. Y, si considera que sus datos no se están tratando de forma adecuada, siempre tiene la opción de presentar una reclamación ante la propia entidad o ante la autoridad nacional de control, como la Agencia Española de Protección de Datos, que pone a disposición del público modelos, formularios e información detallada sobre el ejercicio de estos derechos.
En el plano de la seguridad, estas instituciones explican que han adoptado medidas técnicas y organizativas para evitar accesos no autorizados, pérdidas, alteraciones o tratamientos indebidos de la información personal, aunque recuerdan que no existe una seguridad absoluta. También suelen insistir en la importancia de que el alumnado mantenga actualizados sus datos de contacto, notificando cualquier modificación que se produzca para asegurar la correcta prestación de los servicios académicos y de comunicación.
Por último, se subraya que todo el personal que interviene en el tratamiento de los datos actúa bajo un deber de confidencialidad estricto, lo que significa que está obligado a manejar la información con discreción y a no divulgarla a terceros fuera de los casos previstos por la ley o autorizados de forma expresa por el interesado. Esta cultura de reserva enlaza directamente con el secreto profesional que se exige en el ejercicio de la abogacía.
Uso de cookies en los sitios web de práctica jurídica
Las páginas web de muchas Escuelas de Práctica Jurídica utilizan cookies y tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario mientras navega. Entre ellas se encuentran las cookies consideradas necesarias, que se almacenan en el navegador al ser imprescindibles para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio, como la gestión de sesiones, la seguridad o la accesibilidad de determinados contenidos.
Este tipo de cookies necesarias no requieren en general el consentimiento previo del usuario, ya que sin ellas la web no podría prestar correctamente los servicios ofrecidos. Sin embargo, junto a estas suelen coexistir cookies de terceros, en particular cookies analíticas y publicitarias, cuya instalación sí exige una aceptación informada y voluntaria por parte de la persona que navega por el sitio.
Las cookies analíticas ayudan a la institución a entender cómo se utiliza la página web, cuáles son las secciones más visitadas, la duración media de las sesiones o los dispositivos desde los que se accede, siempre de forma agregada y, normalmente, anonimizada. Estos datos permiten mejorar la estructura y los contenidos, detectar errores de navegación y optimizar el rendimiento de la web para el alumnado y para quienes se interesan por la formación.
Por su parte, las cookies publicitarias se utilizan para generar audiencias y ofrecer publicidad más ajustada a los intereses del usuario, normalmente a partir de sus hábitos de navegación. Aunque en el ámbito de la formación jurídica la vertiente publicitaria no suele ser tan agresiva como en otros sectores, sí es habitual que se usen estas herramientas para promocionar cursos, seminarios o nuevas ediciones de programas de postgrado a personas que ya han mostrado interés por la materia.
En la configuración de estas webs se habilitan opciones para que el usuario pueda aceptar, rechazar o personalizar el uso de las cookies no necesarias, incluidas las de terceros. La persona que navega puede revocar su consentimiento en cualquier momento y la desactivación de algunas de estas cookies puede afectar, en mayor o menor medida, a la calidad de la experiencia de navegación o a la personalización de los contenidos mostrados.
La información sobre cookies se acompaña de la fecha de la última actualización de la política aplicable, de modo que el usuario puede saber si se han producido cambios recientes en el tratamiento de datos vinculado a estas tecnologías y revisar periódicamente su configuración para mantener el control sobre su privacidad online.
Escuelas de Práctica Jurídica: objetivos, antecedentes y plan de estudios
Dentro del panorama español, las Escuelas de Práctica Jurídica vinculadas a los Colegios de Abogados y a universidades públicas o centros asociados desempeñan un papel esencial en la formación de los futuros profesionales. Un ejemplo representativo es el de la Escuela de Práctica Jurídica constituida en Cartagena, creada por el Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad y el Centro Asociado de la UNED, con el propósito de dar respuesta a las necesidades formativas de quienes quieren acceder a la profesión de abogado.
Este tipo de Escuelas organizan no solo cursos generales dirigidos a graduados y licenciados en Derecho, sino también seminarios, conferencias, mesas redondas y otras actividades abiertas a profesionales en ejercicio y a estudiosos de distintas ramas jurídicas. Se busca así mantener un contacto constante entre la academia y la práctica, fomentando el intercambio de experiencias y la actualización de conocimientos en un entorno en el que la legislación y la jurisprudencia cambian con rapidez.
En cuanto a sus antecedentes, muchas de estas instituciones surgen a partir de convenios de colaboración entre Colegios de Abogados y universidades que, inicialmente, se centraban en facilitar la participación de estudiantes de Derecho en el Turno de Oficio o en seminarios permanentes de práctica jurídica. Con el tiempo, y a medida que crecía la demanda de una formación más estructurada, estos seminarios se transformaron en Escuelas formalmente constituidas, en algunos casos incluso bajo la forma de fundaciones específicas dedicadas a la práctica jurídica.
El objetivo fundamental de estas Escuelas es ofrecer una iniciación real al ejercicio de la abogacía mediante una enseñanza eminentemente práctica, basada en el estudio de casos, simulaciones de juicios, redacción de escritos, visitas a tribunales y trabajo directo con tutores que habitualmente son abogados en ejercicio. Todo ello se hace respetando de forma estricta el marco deontológico de la abogacía y poniendo el acento en la ética profesional como elemento inseparable del buen hacer jurídico.
Su finalidad principal es que el licenciado o graduado en Derecho adquiera las herramientas y recursos prácticos indispensables para ejercer con solvencia: habilidades de oratoria y argumentación, redacción técnica, manejo de bases de datos jurídicas, organización de un despacho profesional, trato con clientes, negociación o gestión del tiempo, entre otras. Además, se busca que esta formación sirva de base para la futura incorporación a servicios como el Turno de Oficio, la Asistencia al Detenido o los servicios de orientación jurídica, una vez cumplidos los requisitos que establece el Consejo General de la Abogacía.
Otro de los focos de estas Escuelas es preparar al alumnado para la prueba de certificación de aptitud profesional necesaria para el acceso al ejercicio de la abogacía. De este modo, el curso funciona como un puente entre la universidad y la vida profesional, permitiendo que los participantes se presenten a los exámenes con una base práctica sólida y una visión realista del trabajo que les espera en los tribunales y en los despachos.
El plan de estudios de un curso general de práctica jurídica suele tener una duración amplia, por ejemplo, en torno a quince meses de formación continuada, y abarca un abanico muy completo de áreas del Derecho. Entre las materias habituales se encuentran el Procesal Civil, el Procesal Penal, el Derecho Administrativo y el Económico-Administrativo, el Derecho Laboral, la Asesoría Jurídica de Empresas, el Derecho Registral e Hipotecario, el Derecho Notarial y, en algunos casos, el Procesal Militar.
Junto a estas áreas troncales, los programas incluyen asignaturas de Deontología profesional, escritura y oratoria forense, organización del despacho, informática aplicada al Derecho, contabilidad básica, Derecho Tributario, Derecho Constitucional, Extranjería, Derecho Penitenciario, Arrendamientos y Propiedad Horizontal, Derecho Bancario, Procuraduría de los Tribunales, Medicina Legal y Forense, Urbanismo, Derecho Marítimo, Seguridad Social, Medio Ambiente y otras materias especiales según la realidad socioeconómica local.
Una parte significativa del valor de estos planes de estudios radica en que muchas de las áreas se ofrecen también como módulos de especialización abiertos a abogados en ejercicio, otros profesionales jurídicos o estudiantes avanzados de Derecho que deseen profundizar en un campo concreto. Esto permite que la Escuela funcione no solo como espacio de iniciación, sino también como centro de formación continua para quienes ya están incorporados al mercado laboral.
Prácticas externas, organización y medios materiales
Más allá de las clases teóricas y los talleres en el aula, las Escuelas de Práctica Jurídica apuestan fuerte por las prácticas externas y las visitas a instituciones. Entre las actividades más frecuentes se encuentran las salidas organizadas a tribunales para presenciar actos judiciales en directo, las visitas a organismos públicos y a entidades relacionadas con la administración de justicia o con la actividad profesional del abogado.
Estas visitas suelen ser obligatorias para el alumnado, se planifican con antelación suficiente y se llevan a cabo de la mano de tutores especialistas en cada área de conocimiento. El objetivo es que la persona que se está formando pueda ver “sobre el terreno” cómo se desarrollan las vistas, cómo actúan jueces, fiscales, procuradores y abogados, y cómo se materializan en la práctica las normas procesales que hasta entonces solo había estudiado en los libros.
Desde el punto de vista organizativo, las Escuelas de Práctica Jurídica creadas por Colegios de Abogados y centros universitarios cuentan con órganos de gobierno y gestión bien definidos. Es frecuente que exista una Junta de Patronato o similar, a menudo presidida de manera rotatoria por el representante de la universidad y el decano o decana del Colegio de Abogados, así como una Dirección de la Escuela, una secretaría técnica y diferentes secretarías de gestión encargadas de la coordinación académica y administrativa.
El claustro de profesorado está integrado en su mayoría por abogados en ejercicio con experiencia, aunque también se suman magistrados, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, notarios, registradores, médicos forenses y otros profesionales altamente especializados en sus respectivos campos. Esta combinación de perfiles permite que cada materia se explique desde una óptica muy práctica y con ejemplos extraídos de casos reales.
En cuanto a los medios materiales, las clases suelen impartirse en instalaciones universitarias o colegiales dotadas de aulas adaptadas, equipos informáticos, conexión a bases de datos jurídicas en línea y bibliotecas completas. En muchos casos, la propia Escuela facilita al alumnado el acceso temporal a una base de datos jurídica de primer nivel durante todo el periodo de formación, lo que resulta fundamental para aprender a buscar jurisprudencia, doctrina y normativa de forma profesional.
Postgrados en Práctica Jurídica y modalidades de estudio
Junto al modelo clásico de Escuela de Práctica Jurídica, han ido ganando peso los postgrados específicos en práctica jurídica, que se presentan como la formación idónea para quienes se acaban de graduar en Derecho y desean empezar a ejercer. Estos programas suelen anunciar nuevas ediciones periódicamente, con fechas concretas de inicio, como puede ser el lanzamiento de una edición en marzo de un determinado año académico.
Es habitual que, antes del inicio del curso, se organice una sesión informativa online o presencial (por ejemplo, mediante plataformas como Zoom) en la que se explica el contenido del programa, la metodología, las salidas profesionales y el sistema de prácticas. Para asistir a estas sesiones suele requerirse inscripción previa, lo que permite a la organización planificar adecuadamente el aforo y el turno de preguntas.
Una de las grandes ventajas de estos postgrados es que el alumnado puede elegir entre diferentes ramas de especialidad dentro de la práctica jurídica: Civil, Penal, Laboral, Administrativo, Mercantil o Familia, entre otras. En muchos casos se ofrece la posibilidad de cursar dos de estas áreas en paralelo, de modo que el estudiante salga con una doble orientación práctica que amplíe su empleabilidad.
Además, estos programas suelen ofrecer un doble formato de impartición: presencial y en línea. La opción online permite que titulados y tituladas en Derecho de toda España (e incluso del extranjero) accedan a una formación de calidad sin necesidad de desplazarse, siguiendo las clases mediante videoconferencias, campus virtuales y materiales digitales. La modalidad presencial, por su parte, facilita un contacto directo con el profesorado y con los compañeros, fomentando el networking y la dinámica de trabajo en grupo.
El proceso de matrícula se tramita normalmente a través de formularios específicos de la propia Escuela o de la universidad, que pueden integrar contenidos audiovisuales explicativos incrustados en la página (vídeos, presentaciones u otros recursos embebidos). Estos materiales ayudan a resolver dudas frecuentes sobre requisitos de acceso, plazos, documentación a presentar, precios y posibles becas o facilidades de pago.
Una de las grandes ventajas de estos postgrados es que el alumnado puede elegir entre diferentes ramas de especialidad dentro de la práctica jurídica: Civil, Penal, Laboral, Administrativo, Mercantil o Familia, entre otras. En muchos casos se ofrece la posibilidad de cursar dos de estas áreas en paralelo, de modo que el estudiante salga con una doble orientación práctica que amplíe su empleabilidad.
Además, estos programas suelen ofrecer un doble formato de impartición: presencial y en línea. La opción online permite que titulados y tituladas en Derecho de toda España (e incluso del extranjero) accedan a una formación de calidad sin necesidad de desplazarse, siguiendo las clases mediante videoconferencias, campus virtuales y materiales digitales. La modalidad presencial, por su parte, facilita un contacto directo con el profesorado y con los compañeros, fomentando el networking y la dinámica de trabajo en grupo.
Práctica jurídica europea: la Academia de Práctica Jurídica Europea
Un ámbito particularmente relevante dentro de la práctica jurídica actual es el relacionado con el Derecho de la Unión Europea y la actividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Desde su sede en Luxemburgo, el TJUE tiene la misión de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados, a través del Tribunal de Justicia y el Tribunal General, que han dictado decenas de miles de resoluciones en forma de sentencias, autos y dictámenes desde mediados del siglo XX.
Aunque en origen pudiera parecer una jurisdicción reservada a especialistas, hoy día el TJUE forma parte del trabajo ordinario de muchos profesionales del Derecho, también en España. En los últimos años se ha registrado un número muy elevado de asuntos presentados en lengua española ante el Tribunal, situándose en posiciones destacadas frente a otros idiomas oficiales de la Unión. Muchas de estas cuestiones se han resuelto en materias tan variadas como ciudadanía europea, fiscalidad, propiedad intelectual, Derecho social, contratación pública, libre competencia, protección de consumidores, salud, medioambiente, acción exterior de la UE o supervisión bancaria y financiera.
La participación de los juristas españoles ante el TJUE se produce principalmente a través de las cuestiones prejudiciales que plantean los órganos jurisdiccionales nacionales, cuando necesitan aclarar la interpretación de una norma europea o cuestionar la validez de un acto de la Unión que resulta aplicable en un litigio interno. Junto a estas, también se tramitan acciones directas de anulación de actos de la UE, recursos por omisión y reclamaciones de responsabilidad extracontractual, entre otras vías procesales.
Con el objetivo de acercar todo este mundo a la profesión jurídica española, surge la Academia de Práctica Jurídica Europea (APJE), concebida como un puente entre el jurista nacional y el funcionamiento cotidiano del Tribunal de Justicia y del Tribunal General. Esta Academia pretende difundir el conocimiento del Derecho de la Unión y de sus tribunales en un momento en que la jurisprudencia europea goza de una notoriedad creciente en España.
La creación de la APJE responde a la voluntad de impulsar la formación procesal específica necesaria para litigar ante las instituciones europeas y de fomentar una mayor participación de profesionales españoles ante la jurisdicción de la Unión. Para ello, se centra en las materias más habituales en Luxemburgo, explica las normas procesales aplicables, las instrucciones prácticas del Tribunal y las recomendaciones dirigidas a los representantes procesales, con la idea de que las intervenciones españolas tengan cada vez mayor calidad técnica.
Como complemento a su labor docente, la Academia elabora y publica periódicamente el Boletín APJE, un instrumento pensado para presentar las novedades jurisprudenciales europeas más relevantes y las noticias más significativas relativas a la actividad de los tribunales del TJUE. Este boletín sirve también para difundir información sobre conferencias, seminarios y otras iniciativas promovidas por la propia Academia, manteniendo así a sus suscriptores al día de los temas claves del Derecho de la Unión.
La APJE aspira a reducir la sensación de lejanía que todavía existe en parte del sector jurídico español respecto a los tribunales de Luxemburgo, ofreciendo una vía de acceso directa, clara y práctica a la realidad del proceso europeo. Con ello se persigue que más abogados, fiscalistas, asesores y otros operadores del Derecho se animen a plantear cuestiones, recurrir decisiones o intervenir como representantes ante el TJUE cuando el caso lo requiera.
Este proyecto cuenta con el apoyo de instituciones jurídicas de prestigio, como el Colegio Notarial de Madrid y departamentos universitarios especializados en Derecho Mercantil de universidades de referencia. Esta colaboración institucional refuerza la capacidad de la Academia para organizar actividades de alto nivel y atraer a docentes, ponentes y profesionales con experiencia directa ante las instancias europeas.
Premios, investigación fiscal y prácticas del Máster de Acceso
Dentro del contexto más amplio de la práctica jurídica en España también tienen un peso especial las iniciativas de apoyo a la investigación y a la excelencia académica. Un ejemplo lo constituyen los premios convocados por instituciones como el Instituto de Estudios Fiscales, que reconoce anualmente los mejores Trabajos Fin de Máster defendidos en programas oficiales y que hayan obtenido calificaciones de sobresaliente.
Entre estos galardones se incluyen distinciones como el premio dedicado a los trabajos sobre Derecho Financiero y Tributario y el premio orientado a estudios de Economía Pública. La finalidad de estos reconocimientos es doble: por un lado, estimular a quienes se adentran en la investigación fiscal y económica, y, por otro, fomentar la producción de estudios rigurosos sobre las líneas de investigación prioritarias del organismo convocante.
También es relevante la regulación de las prácticas formativas en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y la Procura, tanto curriculares como extracurriculares. Una disposición adicional incluida en la normativa estatal ha establecido la obligación general de cotizar a la Seguridad Social por todas las prácticas que realicen los estudiantes universitarios o de formación profesional, con efectos desde el 1 de enero de 2024.
Esto significa que, a partir de esa fecha, las universidades y las entidades que acogen estudiantes en prácticas deben adaptar los convenios y modelos de acuerdo para reflejar la nueva obligación de alta y cotización, incluso cuando las prácticas no son remuneradas. Los centros como la UNED han ajustado sus modelos de convenio para garantizar el cumplimiento de esta normativa, informando al alumnado y a las instituciones colaboradoras de los cambios y de la documentación necesaria en cada caso.
La implantación de esta obligación de cotización persigue reconocer el valor formativo y cuasi laboral de las prácticas, ofreciendo una mayor protección social a quienes participan en ellas. Para el estudiantado de práctica jurídica supone un elemento más a tener en cuenta a la hora de organizar sus periodos de formación en despachos, asesorías, instituciones públicas o entidades del tercer sector.
Este entramado de Escuelas, postgrados, academias europeas, premios a la investigación y regulación de prácticas configura un ecosistema de práctica jurídica muy completo en España. Quien hoy decide dar el salto de la universidad al ejercicio profesional cuenta con múltiples herramientas para adquirir experiencia, profundizar en áreas específicas, conectarse con el Derecho de la Unión y desarrollar una carrera sólida, siempre enmarcada en el respeto a la confidencialidad, a la protección de datos y a la deontología profesional.
